El juez federal subrogante de Concepción del Uruguay, Gustavo Román Pimentel, le dijo al gobierno nacional que debe garantizar la circulación de vehículos por el puente internacional San Martín, cortado por los asambleístas que reclaman la relocalización de Botnia-UPM. El fallo fue una respuesta a las declaraciones que hicieron cinco días atrás el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro del Interior, Florencio Randazzo, quienes dijeron que “si la Justicia actuaba” se podría levantar el bloqueo. También la presidenta Cristina Fernández, al reunirse con su par uruguayo José “Pepe” Mujica, había subrayado que no estaba de acuerdo con la protesta, pero le correspondía “sólo a la Justicia” dar una orden de desalojo. Así, sólo era cuestión de tiempo para que un juez diera el aval para desalojar el bloqueo. Ayer, tras conocer el fallo, el ministro del Interior dijo que se va a “cumplir la orden” pero “sin represión”.

En el fallo, Pimentel no sólo dictó una orden de desalojo, sino que le “recordó” al Poder Ejecutivo que ya existen órdenes judiciales (de los años 2006 y 2007) que dispusieron “arbitrar los medios necesarios para garantizar la libre circulación” por el puente, oficios que siguen vigentes. En su momento, fueron librados a la Gendarmería para que se ocupara de liberar la ruta, pero las órdenes no se concretaron por decisión del entonces ministro del Interior Aníbal Fernández, quien consideró que una salida policial no era la solución al conflicto.

El juez consideró ahora que el hecho de que las órdenes de desalojo de los oficios anteriores no se hayan concretado “no les quitó vigencia a las mismas, pues expresamente y dada la especial conflictividad existente, se dejó librado a un criterio de oportunidad su instrumentalización”. También sostuvo que el juzgado “expresamente supeditó el cumplimiento de dichas mandas y su modalidad operativa a las instrucciones que recibiera la fuerza preventora del Ministerio del Interior”. Es decir, que a criterio del juez, el Ministerio del Interior estuvo habilitado desde el 2006 para ordenar las medidas que considere, en el momento que quiera, para levantar el corte de ruta.

El bloqueo lleva tres años y los vecinos de Gualeguaychú han pasado por fuertes discusiones internas sobre la conveniencia de mantenerlo. Este verano llegó a haber una corriente favorable a levantar la medida, que muchos consideran desgastada. Sin embargo, cuando la Corte Internacional de La Haya avaló la continuidad de Botnia-UPM, la asamblea, ganada por la bronca y la impotencia, ratificó la medida.

“El Gobierno va a actuar como actuó siempre, es decir, si hablamos desde el punto de vista de la represión, no va a reprimir”, aseguró ante el nuevo panorama Aníbal Fernández. El jefe de Gabinete puso el ejemplo de lo sucedido en los puentes de Concordia y Colón, cuando “el juez (de Concepción del Uruguay, Guillermo) Quadrini presentó decisiones que tenían que ver con liberar los puentes” y esto se hizo “sin represión”.

En Concordia, los manifestantes no pudieron cortar el puente a Salto porque encontraron en el lugar un gran despliegue de la Gendarmería. En Colón la situación fue bastante distinta: hubo un corte, que se fue debilitando hasta quedar sostenido por unos pocos. Un comerciante de la zona, dueño de una estación de servicio perjudicada con el bloqueo, se apareció entonces en el lugar con una camioneta y un grupo de forzudos, que procedieron a hacer un desalojo por mano propia, incluido el incendio del campamento ambientalista.

En Gualeguaychú, la masividad inicial del corte la protegió de sufrir hechos de este tipo. Pero además, el bloqueo tuvo siempre tuvo una custodia de Gendarmería, que frena a los vehículos que intentan pasar por la 136. La asamblea, que con el paso del tiempo organizó un sistema de guardias para mantener el corte, más que probablemente se hubiera tenido que enfrentar situaciones como las de Colón sin esta custodia.

Pimentel hizo notar en el fallo que el corte de ruta “es llevado adelante por cuatro personas en turnos rotativos”. También sostuvo que “dado que la medida no recae sobre Botnia-UPM sino sobre terceros –usuarios del carril vial– debe descartarse la búsqueda de justificación en la legítima defensa”. Finalmente, consideró que la papelera está instalada en otro país, “lo que reduce significativamente las posibilidades del Estado argentino de dar una respuesta inmediata a cuanto se peticiona”, por lo cual “supeditar” el levantamiento del corte “al desmantelamiento de la planta deviene desproporcionado e irrazonable”.

Facsímil del fallo firmado ayer por el juez Gustavo Pimentel.