Desde Gualeguaychú

Enojo es la palabra que describe el estado de ánimo de los integrantes de la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú tras recibir la resolución firmada ayer, pasadas las 17.30, por el juez federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel. Pese a que el fallo no establece plazos para su aplicación, desde la noche del lunes los ambientalistas están en estado de alerta y movilización ante un eventual desalojo del corte establecido en Arroyo Verde. “Lo que hizo el juez fue devolverle la pelota al Poder Ejecutivo”, fue la interpretación de algunos integrantes del espacio, que también aseguraron que aguardarán “minuto a minuto el desarrollo de los acontecimientos” para analizar medidas futuras. Desde la agrupación Ciudadanos Movilizados –el grupo de vecinos que denunciaron el corte de la ruta 136– se mostraron satisfechos con la resolución y estimaron que ahora sólo queda esperar que se libere la ruta.

“Estamos preparados para resistir, no con miedo, sino con rabia”, aseguró a Página/12 el asambleísta Jorge Fritzler minutos después de que el fallo se hiciera público. El enojo expresado por varios ambientalistas tiene que ver con lo que ellos perciben como un problema secundario: el corte no modifica el reclamo por la relocalización de la pastera UPM (ex Botnia). Los vecinos denunciantes y el Gobierno son los blancos hacia los que apuntan sus dardos. Sobre los primeros dicen sentir “indignación” por “lo inédito” de una denuncia contra sus propios conciudadanos. Al Gobierno le achacan falta de resolución del conflicto en el plano de la negociación bilateral con Uruguay, sobre los monitoreos de contaminación y las “presiones” a la Justicia, a raíz de las declaraciones de la Presidenta y de sus principales ministros sobre el levantamiento del corte. “No sé cómo van a implementarlo sin represión”, sostuvo Fritzler. Contó que el lunes por la noche, frente a la proximidad del fallo, definieron estrategias para mantener el bloqueo en Arroyo Verde y acciones alternativas.

Gustavo Rivollier, otro integrante de la asamblea, consideró que lo que hizo la Justicia fue “devolverle la pelota al Poder Ejecutivo” e interpretó que lo mismo había hecho antes el Gobierno con sus declaraciones públicas tras el encuentro entre la Presidenta y su par uruguayo, José Mujica. “Vamos a ver con qué se descuelga Gendarmería”, apuntó el ambientalista. Estimó que las próximas 48 horas serán claves para verificar si el conflicto entra en una meseta o si, por el contrario, recrudece.

Varios ambientalistas aseguraron tener indicios de que el Gobierno pondrá “paños fríos” al conflicto ante la creciente escalada al interior de la comunidad entrerriana y a los “costos políticos” que tendrían que afrontar en caso de una eventual represión. “Por más que haya desgaste, unas dos mil personas se van a juntar en el corte”, dijo Luis Leissa, abogado de la Asamblea, al anticipar que el espíritu que reina entre los ambientalistas es que, en el caso de que sean removidos de la ruta, buscarán otros lugares donde volver a montar los cortes.

Por su parte, la agrupación Ciudadanos Movilizados, junto al Movimiento Pro Liberación de la ruta 136, se reunieron anoche para analizar las implicancias de la resolución. “La Justicia se expidió, ahora hay que ver cuáles son los pasos que van a seguir. Esperemos que sea todo pacífico, no queremos violencia”, sostuvo Cristina Garciarena, una de las denunciantes. En el mismo sentido, se mostraron “muy conformes” con el dictamen judicial porque “ha corroborado” la existencia de un delito. “Sólo nos queda esperar qué actitud va a tomar el Gobierno”, señaló Garciarena. Desde su espacio consideran que los tiempos políticos cambiaron tras la resolución que dictó el antecesor de Pimentel –Guillermo Quadrini– en 2006, y que no fue aplicada por orden del Poder Ejecutivo. También intentaron despegarse de las acusaciones que les hacen sus vecinos por una supuesta “persecución judicial”. “Noso-tros apuntamos contra un corte de ruta, no contra la asamblea”, sintetizó Garciarena.

Desde la noche del lunes, la ciudad entrerriana comenzó a atravesar las horas más tensas desde que se conoció el fallo de la Corte Internacional de La Haya. Una incesante ola de versiones alteró la fisonomía habitual de la ciudad. Ante la resolución inminente del juez Pimentel, la Asamblea Ambiental Ciudadana estuvo en vilo toda la noche. Un rumor sobre un posible operativo de la Gendarmería para levantar el bloqueo –a última hora del lunes– puso en alerta a los ambientalistas y, en 20 minutos, alrededor de sesenta vehículos arribaron al kilómetro 28 de la ruta 136, con el objetivo de reforzar la guardia en el piquete para resistir un posible desalojo.

Una imagen similar se repitió ayer, con un desfile incesante de autos que iban y venían desde la barrera del bloqueo a la ciudad. Los ambientalistas alternaban sus tareas cotidianas con el apoyo al corte. Anoche una gran cantidad de personas permanecieron una o dos horas en Arroyo Verde haciendo guardia. Hoy a la noche, en el mismo corte, harán una asamblea. Con los abogados, analizarán el fallo y decidirán sus próximos pasos.

Informe: Gabriel Morini.