No habrá definiciones sobre la Junta Electoral de cada partido, tampoco señales de las colectoras que se disparan al calor de las internas. Pero habrá un gesto de reconocimiento a los reclamos de los partidos del centroizquierda. El Gobierno apronta por estas horas cuatro decretos reglamentarios de la primera parte de la reforma política: afiliaciones, desafiliaciones, constitución de partidos y padrones. Para el segundo semestre del año recién quedará la letra chica sobre las primarias obligatorias abiertas y simultáneas de 2011.

La reglamentación de la reforma política no saldrá toda junta sino en etapas, según confirmó el director electoral, Alejandro Tulio. Desde el Ministerio del Interior sostienen, además, que ninguno de estos decretos, o los que puedan salir más adelante, va a modificar el corazón de la reforma. En ese sentido, aseguran, no habría que esperar cambios de fondo, como podría ser el adelantamiento de las primarias que –se rumorea– reclaman desde un sector del PJ disidente.

“En rigor, la ley tal como fue aprobada ya es muy reglamentarista”, asegura Jorge Landau, diputado del FpV y apoderado del PJ. “Esto de poner tanta expectativa está injustificado porque la ley prevé una cantidad de cuestiones que deberían haber salido por reglamentación, pero están inscriptas en el cuerpo de la ley porque fuimos tomando distintas solicitudes que fueron apareciendo mientras se discutía la ley. Creo que enfatizar la reglamentación esconde otro propósitos.”

Los apoderados de algunos partidos aliados al oficialismo y desde la izquierda creen más bien que la reglamentación no sólo es necesaria sino que ayuda a ordenar cuestiones que de otro modo harían la aplicación de la ley más difícil. El ejemplo que usualmente mencionan son las desafiliaciones: un mecanismo que requiere un trámite engorroso y termina por desalentar la afiliación a los nuevos partidos.

La nueva reglamentación precisa:

Extensión de los plazos: La ley de la reforma política otorgaba 90 días a los partidos para corregir las presentaciones judiciales antes de perder la personería jurídica. No se decía si eran días hábiles o corridos. La reglamentación ahora señalará que son “90 días hábiles”, una aclaración que en los hechos extiende los plazos.

Afiliaciones: La reforma había cambiado el modo de afiliación. Hasta ahora, la última afiliación anulaba las afiliaciones anteriores sin necesidad de otro trámite. La reforma lo cambió. Ahora, aquel que tenga afiliación previa y quiera enrolarse a un nuevo partido deberá desafiliarse explícitamente. Para eso se creará un telegrama que podrá ser enviado gratuitamente desde el Correo Argentino o entregado en persona a la secretaría electoral que corresponda. Los apoderados de los partidos de izquierda y centroizquierda se quejaron porque ese paso complicaba las afiliaciones que debieron salir a buscar a toda prisa para cumplir con otros requisitos de la misma ley. El nuevo decreto lo abreviará. En una de las nuevas normas se creará la figura de un “certificador”, nombrado por cada partido político y autorizado por el juzgado electoral, para presentar tanto la lista de afiliaciones como de desafiliaciones.

Migraciones: La reforma decía que el afiliado debía renunciar a su partido para afiliarse a uno nuevo. Pero debía especificar a qué partido renunciaba. La reglamentación lo modifica. Con el solo hecho de renunciar, los ciudadanos renuncian a cualquiera de sus afiliaciones. Eso se hizo porque muchos de los que aparecen afiliados a un partido no lo saben, por la proliferación de afiliaciones truchas.

Comisión: Otro de los decretos le otorga el control de la ley a una llamada Comisión de los Partidos Políticos de la Dirección Nacional Electoral, producto de las objeciones de aquellos que aseguraban que el Ministerio del Interior iba a cumplir un rol discrecional en el control.

Desaparecidos: Una última cuestión atañe a la desaparición forzada de personas. El decreto evalúa cuál es la forma en la que deberían integrar los padrones, e indica que sus nombres deberán estar en morado, por orden alfabético y de acuerdo al último domicilio registrado.

Buena parte del centroizquierda y la izquierda rechaza la reforma política porque consideran que refuerza el bipartidismo y complica a las nuevas fuerzas. La izquierda criticó el veto a la cláusula que posponía la entrada en vigencia de buena parte de la ley para fin de 2011. La ley exige a los partidos haber sacado 2 por ciento de votos del padrón en las dos últimas elecciones para poder seguir siendo reconocidos como partido. Muchas de estas fuerzas no cumplen con esa exigencia.

¿La reglamentación cambia las cosas? En principio sí, pero para estas fuerzas no es suficiente. “La ley es aberrante, pero con estas reglamentaciones lo es un poco menos”, indican alrededor de Martín Sabbatella. “Nosotros seguimos rechazando la reforma por proscriptiva, antidemocrática y macartista”, dice Guillo Pistoresi, apoderado del PTS. La discusión continuará.