Distintas organizaciones sociales realizarán hoy una conferencia de prensa en la Legislatura porteña para denunciar la restricción que pesa sobre las partidas presupuestarias destinadas a las áreas de derechos humanos. El recorte viene trabando desde hace dos años la ejecución de obras en sitios de Memoria que funcionaron como centros clandestinos de detención y la utilización de unidades retributivas –Urses– destinadas a pagar horas extras para recomponer salarios caídos. Además, exigirán condiciones dignas de empleo para los trabajadores precarizados.

Ana María Careaga, titular del Instituto Espacio para la Memoria (IEM), explicó a Página/12 que la Legislatura había aprobado en el presupuesto 2010 una partida de 6,3 millones de pesos para obras destinadas a la recuperación y preservación de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE), pero que unos 5 millón de pesos fueron restringidos, quedando tan sólo 1,3 millón de pesos para realizar tareas en los espacios de preservación de la memoria que funcionan en la ciudad de Buenos Aires: ESMA, Automotores Orletti, Club Atlético, Olimpo y Virrey Cevallos.

“Resulta imposible llevar adelante obra alguna con ese monto”, explica Careaga. La matemática no falla: finalmente, fueron asignados unos 260 mil pesos para cada centro, dinero que sólo alcanzó para realizar tareas mínimas de refacción y conservación. “La política presupuestaria del macrismo vulnera la autonomía y autarquía del instituto y la Ley de Presupuesto aprobada por la Legislatura”, sostiene Careaga. Además de presentar el reclamo correspondiente ante la Comisión de Presupuesto de la Legislatura, la titular del organismo encargado de implementar políticas públicas de memoria en la ciudad destaca que se denunció el recorte “ante los juzgados donde se llevan adelante los juicios por delitos cometidos durante el terrorismo de Estado”, porque esa situación “vulnera también las medidas de no innovar que los juzgados dictaron para estos sitios”.

“De hecho, el juez (Daniel) Rafecas envió un pedido de informes en 2009 al Ministerio de Hacienda del Ejecutivo porteño para interiorizarse sobre cómo se estaban llevando adelante las obras”, agrega. El IEM fue creado en 2002 por la ley 961 de la Legislatura que establece, entre otras atribuciones, que el Poder Ejecutivo porteño es el responsable de facilitar los fondos para su funcionamiento y que el Instituto debe ser concebido, precisamente, como un ente autárquico en lo económico y con autonomía en los temas de su incumbencia.

Sin antecedentes de instituciones similares en el ámbito de la ciudad, este organismo trabaja en el resguardo y la transmisión de la memoria e historia de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado en Argentina; en la preservación y mantenimiento de aquellos espacios donde se ubicaron los CCDTyE. La situación de precariedad económica se traslada también a los contratos del personal que cumple funciones en esos espacios, porque, para ellos, también se encuentra restringido el presupuesto por el Ejecutivo porteño.

Las autoridades del IEM explican que el pedido para que se le otorgue presupuesto y así poder contar con una planta de personal que contemple el respeto a los derechos de los trabajadores viene de larga data. “Hoy las partidas de contrato no nos alcanzan para pagar los sueldos de todas las personas que trabajan en la institución”, evalúa Careaga.

Entretanto, desde el Gobierno de la Ciudad admiten que efectivamente fueron presupuestados 5 millones de pesos y que el IEM ya tiene a disposición 1,3 millón de pesos, del cual ha utilizado hasta la fecha 300 mil pesos. El dinero restante –aseguran– se irá depositando durante el resto del año.