El ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, cobra 16 mil pesos mensuales como asesor de una obra social, una actividad privada paralela al cargo que desempeña. Esto representaría “al menos una falta ética”, según sostuvo el legislador de Proyecto Sur Jorge Selser. Un grupo de abogados vinculados con ese espacio político está estudiando también si el funcionario macrista infringe la Ley Nacional de Etica Pública y la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además, el funcionario tiene otros cargos rentados en tres facultades de Medicina de distintas universidades, denunció Selser. “Todo esto habla de que ha habido una gestión insuficiente, porque no se puede estar en cinco lugares a la vez”, le dijo a Página/12 el legislador, que esta tarde hará una presentación en la Legislatura sobre las deficiencias de la salud pública, 48 horas después de que se conociera que la mortalidad infantil en la Ciudad creció por primera vez en cinco años.

“Además de ser ministro de Salud y cobrar 25 mil pesos por mes, que es lo que establece el decreto firmado por el gobierno de Mauricio Macri, Lemus es jefe de Asesores Médicos de la Asociación Mutual de Empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Amebpba), y a su vez es profesor titular de la cátedra de Epidemiología de la Universidad del Salvador, profesor titular en la Maestría de Servicios de Salud y consejero de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, y titular de la cátedra de Salud Pública en la Universidad de Buenos Aires. Nosotros consideramos que toda la suma de estos trabajos es una razón que justifica la mala gestión, con las consecuencias graves que estamos viendo”, agregó Selser, que dice desconocer “si desde el punto de vista legal existen incompatibilidades”, pero, aseguró, “sí existe una falta ética”.

Uno de los abogados del espacio de Selser le confió a este diario que están investigando si la conducta de Lemus “viola la Ley de Etica Pública y la Ley de Ministerios de la Ciudad de Buenos Aires”, ya que “claramente hay un conflicto de intereses”. El artículo 13 de la primera norma enumera las cosas que son “incompatibles con el ejercicio de la función pública”, e incluye “dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestiona o tenga una concesión, o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste”. La Ley de Ministerios porteña, a su vez, en su cuarto capítulo, dedicado al Ministerio de Salud, establece entre sus competencias “regular y controlar el ejercicio de todas las actividades desarrolladas por los efectores de salud en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. En el recibo de sueldo que le extendieron al ministro figura el domicilio legal de Amebpba: Bolívar 368, Capital Federal.

Lemus ya se ha visto envuelto en otros escándalos este año y tiene pendientes dos pedidos de juicio político con una particularidad: quienes impulsaron los procesos son jueces. El primero fue Roberto Gallardo, que además dispuso el bloqueo de todas sus cuentas bancarias y envió la causa al fuero penal para que se le inicie un proceso por desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Todo surgió porque el ministro incumplió reiteradas veces un fallo que le ordenaba disponer de una ambulancia para prestar asistencia médica en la villa 21-24. La Cámara de Apelaciones levantó el bloqueo de sus cuentas, pero le impuso una multa de 500 pesos diarios hasta que se resuelva la situación: por ahora –según la Justicia– se registraron al menos tres muertes en la 21-24 que podrían haberse evitado.

El otro juicio político lo pidió la jueza Elena Liberatori, porque el ministro no cumplió con una intimación para terminar las obras en el Hospital Infanto Juvenil Tobar García ni contrató a unos ochenta empleados necesarios para garantizar el servicio de salud. En este caso, la Cámara confirmó la sentencia y responsabilizó a Mauricio Macri, que fue citado a una audiencia a la que no concurrió. Las obras aún no comenzaron.

Por último, se le inició una investigación penal por la licitación del tratamiento de la ropa de cama de hospitales y que, según los denunciantes, estuvo dirigida y tiene sobreprecios. Uno de los beneficiados fue el lavadero El Lucero, que fue clausurado después por la Dirección de Protección al Trabajo, tras encontrar “graves incumplimientos a las normas de higiene y seguridad”. La clausura duró apenas una semana. Tal como informó en su momento Página/12, fuentes del gobierno porteño indicaron que, en realidad, “el lavadero nunca dejó de funcionar.”

El recibo de lo que Lemus cobra como asesor de la mutual de empleados del Provincia.