El año empezó sin ministro/a de Educación y termina con una ministra prácticamente inexistente. El fugaz interregno de Adolfo Rodríguez Saá no le alcanzó para definir si quería o no mantener la cartera sin escuelas. Su sucesor, Eduardo Duhalde, cabildeó varios días hasta definir si ocupar o no ese casillero, finalmente designó a una mujer de su confianza, Graciela Giannettasio. Desde entonces, el Palacio Sarmiento tuvo como objetivo excluyente pagar, más o menos en término, los 60 pesos del incentivo salarial docente y conjurar así un estallido educativo. Si al deterioro socioeconómico se le hubiese sumado un sistema sin clases, el Gobierno se las hubiera visto en figurillas.
Los titulares de los diarios hicieron caso omiso de la realidad escolar. La fragmentación del país jugó a favor de esa tácita estrategia oficial: se perdieron más de dos meses de clases en San Juan, Río Negro, Entre Ríos y Chubut, pero todo quedó relegado a la precariedad de cada provincia. La cartera nacional brilló por su ausencia a la hora de definir alguna manera de recuperar en lo posible el tiempo perdido.
Los dimes y diretes de las negociaciones con los organismos de crédito internacional repercutieron en una de las pocas políticas compensatorias manejadas desde la Nación: las becas de ayuda económica para los alumnos pobres. Las partidas llegaron recién a mitad de año.
Quizá lo más grave es que en la educación parece haberse naturalizado la subsistencia. La escuela sigue siendo reivindicable como el último lugar de lo público en que se “contiene” a los excluidos. Los chicos permanecen, son alimentados física y afectivamente, y tratan de ser formados. El saber es el valor más golpeado en medio de las urgencias de la emergencia y es ahí donde aumenta el verdadero riesgo país.
La universidad también sintió los rigores de un recorte de hecho a través de la subejecución presupuestaria. En buen romance llegó a las casas de estudio menos dinero que los 1800 millones votados por el Congreso. La principal casa de estudios del país, la UBA, dejó de estar bajo el mando de Oscar Shuberoff después de dieciséis años y lo primero que hizo fue declararse en emergencia económica. Los primeros meses del rector Guillermo Jaim Etcheverry estuvieron signados por la desmesurada toma del rectorado en reclamo de un nuevo edificio para la Facultad de Ciencias Sociales. Todavía es muy pronto para evaluar grandes cambios pero están lejos de sentirse próximos.
En la educación superior caló la crisis a un punto tal que la Universidad del Comahue empezó a otorgar becas de ayuda alimentaria. La investigación también quedó agotada en la sobrevivencia. La pesificación transformó en mínimos los subsidios ante la dolarización de los precios de insumos y reactivos.
En síntesis, para la educación fue un año olvidable –salvo honrosas excepciones como la Ciudad de Buenos Aires y La Pampa–. Más de diez millones de alumnos y casi un millón de docentes merecen algo más que el conformismo de cumplir sólo con el ritual.