Una decisión de la polémica Cámara Segunda del Crimen de Bariloche apartó al juez Martín Lozada de la investigación por el caso de gatillo fácil de Diego Bo-nnefoi. La defensa del cabo Sergio Colombil había pedido la recusación de Lozada por una serie de ítem típicos de manual de abogado, como el de “favoritismo”, “coerción” y “preopinión”. La Cámara, de abierta rivalidad con el juez Lozada, aceptó los ítem y ordenó el traslado de la causa al juzgado 6, a cargo del juez que lo subroga, Miguel Angel Gaimaro Pozzi, afín con los dictados de la inclinada balanza judicial barilochense. El traspaso a Gaimaro Pozzi implica no sólo el cambio de brújula en la investigación del caso, sino que lisa y llanamente significa la anulación de todo lo actuado tras el pedido de recusación, esto es, la indagatoria al policía (a la que el cabo se negó) y, especialmente, la nulidad del procesamiento por asesinato agravado dictado por Lozada. El juez Gaimaro Pozzi llamará a indagatoria al policía (quien presuntamente esta vez sí declarará) y deberá calificar nuevamente el delito. En Bariloche corría la versión de que Pozzi lo acusará de homicidio culposo, un delito que podría asemejarse al de un choque automovilístico. Después de todo, Diego chocó contra una bala.

El pedido de recusación fue presentado por Marcelo Ganuza, defensor privado del cabo Colombil, al propio juez Lozada el 19 de junio. La presentación consta de varios ítem. Coacción, porque sostuvo que el juez le recomendó declarar, lo que Colombil consideró una presión; riesgo a la seguridad personal, porque lo había citado a declarar el viernes, en medio del reclamo y la represión; violación del derecho de defensa porque el juez intervino sin que se hubiera designado defensor; parcialidad, porque fue al barrio a calmar los ánimos y “llevó consuelo a los padres del chico y no a la esposa e hijos del imputado”; preopinión, por declaraciones a los medios.

Lozada negó cada una de los reclamos: negó la coacción; dijo que la citación fue suspendida para no poner en riesgo al imputado; sostuvo que cuando intervino a las 5 de la madrugada del jueves, se constituyó en el lugar, tomó contacto con la policía, impartió directivas y tomó declaración a los policías que se encontraban con Colombil. Sostuvo que el 17 de junio, con una funcionaria presente, notificó al cabo de que estaba imputado y lo invitó a designar defensor. Y, por último, que ante la “inusitada demanda de información”, informó sobre lo que ya figuraba en las primeras actas de la investigación, realizadas por la propia policía.

La Cámara no tomó en cuenta ninguno de los ítem, a excepción de una nota de este diario, publicada el 19, horas antes de que se presentara la recusación y que tomó como prueba de preopinión. En ella, el juez respondía a Página/12 sobre el “dudoso origen” de un arma hallada en la escena del crimen y sostuvo que no había “nada que indique que perteneciera” a la víctima.

El arma, un revólver calibre 22, fue hallada durante un rastrillaje a unos cuatro metros de donde se encontraba el cuerpo. Lo que no especificó la resolución de los camaristas es en qué consistió el prejuzgamiento, habida cuenta de que los dos rastrillajes los habían realizado policías, es decir, pares del imputado, y que sospechosamente no habían encontrado el arma durante el primer rastrillaje, cuando se presentó el juez en el lugar de los hechos, sino unas cuantas horas más tarde.

La decisión de los camaristas comenzó a correr por Bariloche en las últimas horas de ayer y provocó desazón e incertidumbre tanto en la cara oculta de la Suiza argentina, los barrios del Alto, como entre sectores progresistas y organizaciones sociales. “Estamos espantados”, dijo a este diario Mara Bou, integrante de la Asamblea por los Derechos Humanos (Apdh) local. La noticia recién empezaba a recorrer las pantallas. “¿Lo liberaron al policía? –preguntaban otros–, es un escándalo y puede pasar cualquier cosa”, se atemorizaban. Incluso, se hablaba de persecución al juez.

“Nulidad de la indagatoria y procesamiento con prisión preventiva –sostiene la decisión judicial–, lo que no quiere decir que ahora quede en libertad”, aclaró una fuente de los tribunales. La decisión corresponde al juez Gaimaro Pozzi, al que la versión antes citada adjudica la hipótesis de la colisión. No sería sorprendente. Gaimaro Pozzi es el mismo juez que liberó por falta de mérito al padre y al tío de T.N., una adolescente que había abortado con autorización de Lozada, luego de que la chica en abril pasado los denunciara por violarla durante años. El fallo de Lozada autorizando el aborto a T.N. fue anulado por la Cámara del Crimen de Bariloche. La medida fue decidida con posterioridad a la intervención médica, lo que indica que buscaba un efecto aleccionador sobre otros jueces, aislar la posición de Lozada.

En aquella ocasión la Cámara del Crimen fue la Primera, constituida por los jueces Alfonso Pavone, Alejandro Ramos Mejía y Marcelo Barrutia, representantes de los sectores más conservadores y en el caso de Pavone con militancia en el ala más recalcitrante de la Iglesia Católica. No son los mismos camaristas que tratan el caso Bonnefoi, en el que actúa la Cámara Segunda. Para el caso, valga la diferencia: uno de sus integrantes fue denunciado ante el Inadi, acusado de tratar a una empleada de “judía de mierda”.

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