La decisión de la Justicia de Bariloche de apartar al juez Martín Lozada de la causa por el homicidio de Diego Bonnefoi cayó como un balde de agua fría sobre los familiares, amigos y allegados no sólo de la familia del chico asesinado por el cabo policial, sino también del círculo que rodea a los parientes de las otras dos víctimas de la represión policial, el adolescente Nicolás Carrasco, de 16 años, y Sergio Cárdenas, de 29, padre de dos niños de 1 y 5 años. “El apartamiento de Lozada era totalmente previsible. Todo hace presumir que el propio juez lo esperaba, motivo por el cual aceleró el análisis de la causa, dictó la prisión preventiva, le dio la calificación más grave al hecho, a fin de dejar sentada su opinión porque seguramente intuyó que lo querían sacar del medio porque saben que es un juez garantista que se juega por la verdad”, le comentó ayer a este diario un dirigente político y hombre de leyes que conoce muy bien la interna judicial de la ciudad.

El apartamiento del juez Lozada llegó cuando la familia Bonnefoi ni siquiera había completado su presentación como querellante en la causa por el homicidio. “Hoy (por ayer) nos entrevistamos con el juez Lozada. Fue al mediodía, cuando todavía seguía a cargo del expediente, pero ya se sospechaba que era posible el cambio de juez. Ahora nos tenemos que presentar ante el juez Gaimaro Posse, el nuevo juez, de manera que todavía no estamos acreditados como querellantes y ni siquiera hemos tenido acceso a la causa”, explicó a este diario el abogado Jorge Alejandro Tshunder, quien asumirá como representante legal de la familia Bonnefoi. El letrado había concurrido el viernes pasado al juzgado de Lozada, pero el trámite todavía no se había completado, de manera que por ahora “no podemos hacer nada, salvo esperar a ser reconocidos como querellantes”.

“Esto no nos sorprende para nada, era de esperar”, le dijo a este diario Lucrecia Radon-

zzini, abogada de ATE, quien representa a la familia del chico Carrasco, mientras que Rubén Marigo, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bariloche, hace lo propio con la familia de Sergio Cárdenas. “El hecho de que hubiera avanzado el caso Bonnefoi nos alentaba a que también se dieran pasos positivos en la investigación de las otras dos muertes, en las cuales, por ahora, no hay ninguna novedad de importancia”, explicó Radonzzini.

“La justicia para la gente que vive en la zona del Alto parece que no existiera –reflexionó anoche, con Página/12, Juan Carlos Curaqueo, secretario gremial de ATE y tío del pibe Nicolás Carrasco–. Mi sobrino ni siquiera estaba participando en la protesta del jueves (17), cuando las fuerzas del BORA lo rodearon y lo mataron. El pibe murió esa misma noche y no el viernes a la madrugada como dijeron algunos medios. Esto significa que las heridas que recibió fueron muy graves.”

Todo lo que pasó con Nicolás fue presenciado por su padre, Ricardo Abel Carrasco, y por otros muchos vecinos que se habían movilizado hasta la esquina de Onelli y Sobral, donde se produjeron las dos muertes que siguieron a las protestas por el asesinato de Bonnefoi. “Todavía estamos buscando a los testigos, pero es difícil que se presenten, porque hay mucho miedo. A los testigos los persiguen, los intimidan y no se les da la protección necesaria.” Curaqueo recordó que ya es “una costumbre la persecución policial a los pibes que viven en los barrios del Alto. Los sábados por la noche, la gente no los deja acercar a la ciudad, los echa de mala manera”.

Nadina Moreda, representante del Inadi en Río Negro, fue profesora de una escuela nocturna en el Alto y recuerda que los chicos siempre le comentaban que “para ellos era imposible llegar a la calle Mitre, al Centro Cívico, sobre todo durante la temporada de turismo invernal. La policía hacía un cordón y los paraba, como si se tratara de un puesto fronterizo”. Moreda dijo que, después de las dos marchas que se hicieron a favor de la policía, en la red social Facebook aparecieron “mensajes y dichos discriminatorios por parte de personas conocidas de Bariloche”. Había frases muy duras. La más habitual era: “Hay que matarlos de chiquitos”, dirigida a los jóvenes que se habían movilizado para repudiar el asesinato de Bonnefoi. Como en Bariloche todo el mundo se conoce, se sabe quiénes escribieron esas frases y a quiénes fueron dirigidas, incluso con nombre y apellido. El Inadi estaba analizando ese material con vistas a una eventual denuncia por discriminación.