A mazazo limpio, munidos de cascos y guantes, con el descomunal apoyo de una pala mecánica y protegido por medio centenar o más de policías de la Metropolitana, un equipo de Emergencias del gobierno porteño demolió una veintena de locales ubicados en los últimos 150 metros de Rivadavia hasta el cruce con la avenida General Paz. La demolición de los locales dejó literalmente en la calle a 21 puesteros y a sus familias. La reacción de los puesteros no se hizo esperar: cortaron Rivadavia, quemaron neumáticos y arrojaron piedras, maderas encendidas, huevos, tomates, agridulces, trozos de vidrio, sifones, basura, todo de lo que encontraron a mano capaz de ser levantado y arrojado con ímpetu contra los de la Metropolitana, que vivían así su bautismo de fuego, estreno represivo que arrojó un saldo de cuatro heridos, dos por bando, y siete detenidos.

Detrás del operativo, que podría convertirse en un mojón de la línea histórica del macrismo (Cacciatore-Domínguez-Macri), y más allá de la práctica de tierra arrasada sobre un grupo de puesteros que vivían de la venta, se oculta una misteriosa compulsa de fuerzas, una trama de irregularidades y arreglate-como-puedas con curiosas particularidades. Una de ellas, que el gerenciador de los puesteros, Omar Buchacra, es un pesado de la 12 xeneize, con negocios y cierto vuelo propio dentro de la Bombonera. Todos los ojos miran así a Macri, a quien le será difícil explicar que no trasladó las feroces internas de Boca al territorio porteño. Otro pequeño mosaico exhibido en este fresco es que una de las puesteras detenidas se llama Florencia Buchacra, hija del gestor y barra xeneize y hermana de la nuera del indomable Angel Casafús, el ex comisario de la Bonaerense, afamado por recibir el “sacame la policía de encima” del caso Belsunce.

Situación: los kioscos se desplegaban en línea paralela a las vías del TBA ex Sarmiento, desde la calle José León Suárez y Rivadavia al 11.600 hasta el cruce con la avenida General Paz. Algo más de 200 metros, paralelos a las vías del tren y junto a la estación Liniers. Eran 21 locales de material, con techos de chapa de alrededor de 3 metros de fondo por 10 de largo, que avanzaban con sus marquesinas sobre la vereda unos 2 metros. La galería que formaban sobre la vereda en general estaba apoyada en pequeñas columnas metálicas y, en algún caso según denunció Diego Santilli, ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, “colgada de los postes de alumbrado público”. ¿Era cierto que arrasaron y lo hicieron sin orden judicial? “No necesitamos orden judicial, son construcciones ilegales y había un decreto, el 343, que habilitaba al desalojo”, dijo Santilli a este diario. El decreto fue firmado el 30 de abril pasado. El ministro no explicó la razón de la demora ni mucho menos por qué se decidió actuar cinco años después de instalados los puestos.

“Atendimos el reclamo de los vecinos que nos pedían poder circular y transitar libremente por las veredas de Liniers, recuperamos 150 metros de espacio ilegalmente ocupado”, dijo Santilli a este diario. Dijo que los vecinos “tenían que esperar el colectivo en la calle porque ocupaban toda la vereda, con el peligro que representa. La situación era insostenible. Es como si te construyeran un quiosco en la vereda de tu casa”. Después cargó las tintas sin nombres: “Los locales fueron construidos ilegalmente hace cinco años por algún estafador con el objeto de obtener ganancias alquilándolos”.

El nombre que no menciona en público aparece en su página de Twitter donde dice que “@mauriciomacri me hizo acordar quien es buchacra. Un violento de Boca a quien el tuvo que suspender varias veces e intento pegarle a bianchi”(sic). Cuando este diario consultó a Santilli sobre la mención en Twitter, el ministro respondió que “no lo conocía, entré en Internet y lo encontré en una nota que hizo Página/12 en 2004”. En la nota (“Algo huele mal en el buffet de Boca”) se describe parte de la personalidad de Omar Buchacra, concesionario del buffet de Boca, y los manotazos que dio cuando se amenazaban sus negocios de venta de gorros, comida y golosinas dentro del estadio.

Pero Buchacra sigue con sus negocios en Boca, integrando o disputando espacios en la 12 xeneize, y, según fuentes del club de la Ribera, “no parece que vaya a representar un problema para Macri como para desatar semejante vendetta. Para ubicarlo –explicó la fuente–, Buchacra es a Macri lo que podría ser un Batata a Duhalde”. “Lo del arrasamiento hay que verlo fuera de Boca, alguna decisión de Macri de limpiar de vendedores arreglados con inspectores y tomar el control del negocio”, sostuvo otra fuente cercana al gobierno que conoce la interna de Boca.

A todo esto, volviendo a Liniers, los puesteros se amontonaron alrededor de las 4 y media de la mañana y atacaron a pedradas, huevazos, y todo lo que encontraron a mano a los operarios de Emergencias y a los cincuenta hombres de la Metropolitana que vivieron así su inolvidable bautismo represivo. Se registraron dos heridos de cada bando, y siete detenidos entre los puesteros. Uno de ellos, una, llamó la atención por su apellido. Se trata de Florencia Buchacra, de 26 años, hija menor del gerenciador de los puesteros. En algún momento fue confundida con su hermana mayor, de unos 30 años, que vive en pareja con el hijo del ex comisario de la Bonaerense Angel Casafús, lo que explica que los presentes frente a la comisaría 44ª, donde fueron alojados los detenidos, esperaran la llegada del famoso ex comisario.

“La policía cayó en la madrugada; yo lo vi por televisión y me vine y ya no había nada”, dijo a la agencia Télam Roberto, el marido de Mercedes López, quien sostuvo que “no pueden privarnos de nuestro derecho a trabajar. La lencería estaba habilitada y ahora no tenemos nada, nos llevaron toda nuestra documentación y nuestra mercadería”, dijo el hombre. Yamila Amado, trabajadora de la galletitería El Ofertón, que lloraba ante el panorama que encontró al llegar al lugar, dijo que “está todo destruido, con gente golpeada y detenida, sin la mercadería y ahora sin trabajo”.

“Es todo mentira –aseguró a Página/12 Mercedes López–. Tenemos todos los papeles y la habilitación. Le pagábamos a Buchacra el alquiler con lo que se pagaba la concesión a TBA. Vinieron a intimarnos por Ingresos Brutos y nos pusimos al día. Vinieron a intimarnos por el techo y le sacamos seguro. No tenían orden del juez y arrasaron con todo como en la dictadura.” Los puesteros pagaban a Buchacra un promedio de tres mil pesos mensuales por el alquiler. Sin contar a su hija, 20 locales hacen la suma de 60 mil pesos, de los cuales debía descontar el presunto pago a TBA. Pero la empresa desmintió cualquier contrato. “No existe ninguna vinculación con ese señor –señaló un vocero–. Es más, desde mayo del año pasado le iniciamos un juicio por usurpación ante el juzgado federal.”

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