El desalojo de veinte locales comerciales en Liniers sumó el repudio de legisladores porteños, diputados nacionales y de las Madres de Plaza de Mayo, que alzaron la voz contra la utilización de la fuerza de seguridad macrista como “patota oficial” y compararon la medida ordenada por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, con las realizadas por el intendente de facto Osvaldo Cacciatore. En cambio, para el legislador del PRO Patricio Di Stéfano, la Policía Metropolitana “actuó de manera ejemplar”.

“Macri pretende transformar la ciudad de Buenos Aires en una ciudad fascista, persiguiendo a puesteros, motoqueros, pobres, vendedores ambulantes y limpiadores de vidrios”, pusieron en contexto a través de un comunicado las Madres de Plaza de Mayo. El “operativo” fue realizado en horas de la madrugada, por lo que el legislador del Encuentro Popular para la Victoria Tito Nenna aseguró que “el macrismo violó la Observación General 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que prohíbe los desalojos en horas de la noche”.

Nenna coincidió con el legislador socialista Raúl Puy al indicar que “la Policía Metropolitana es el brazo armado del Osvaldo Cacciatore de la democracia”, al comparar a Macri con el brigadier que gobernó la ciudad durante la última dictadura. El kirchnerista Juan Cabandié se encargó de otra comparación: “Macri ya es la nueva topadora (Jorge) Domínguez”, en alusión al ex intendente que hizo demoler casillas de la Villa 31 en 1996.

La diputada nacional Liliana Parada (Proyecto Sur) presentó un proyecto de declaración para que el Congreso de la Nación “repudie un avance de las peores prácticas policiales, al servicio de un Estado represivo y excluyente”. En ese sentido, el legislador de Diálogo por Buenos Aires Aníbal Ibarra advirtió que tras el desalojo en Liniers “Macri convierte a la Policía Metropolitana en un suerte de patota oficial o en una fuerza de choque amparada por un gobierno”.

Además, Ibarra agregó que “Macri hace negocios entregando espacio público a empresarios y amigos mientras actúa con violencia y en forma ilegal contra sectores pobres o humildes” y evaluó la posible presentación de una denuncia por los delitos de abuso de autoridad y lesiones.

Di Stefano fue la voz legislativa que defendió el “operativo” al decir que los puestos eran “una verdadera feria de reventa” que “significaba una privatización del espacio público”. El legislador aseguró que se dieron los pasos correspondientes antes del desalojo y que “la Policía Metropolitana actuó de manera ejemplar”.