”Chantaje”, “engaño”, “agravio”. Así calificó ayer el presidente Eduardo Duhalde el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró el viernes la inconstitucionalidad del corralito financiero en el caso del ciudadano Carlos Smith. Y no estuvo solo: en el mismo sentido y con términos muy similares se pronunciaron la líder del ARI, Elisa Carrió, el diputado frepasista Darío Alessandro, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich, y legisladores de diferentes partidos, como la diputada frepasista Nilda Garré (ver aparte). La nota la dio el reaparecido ex presidente Carlos Menem, quien desde Anillaco aseguró que él no alentó a los supremos a que tomaran esa medida. “No tenemos la fuerza para influir en un fallo tan importante. Con la gente de la Corte no hablamos hace un montón de tiempo”, dijo, cándido, el ex presidente.
La decisión de la Corte generó ayer nuevas reacciones de un amplio arco de sectores que rechazaron la resolución que declaró inconstitucional el decreto 1570/1, firmado por el ex presidente Fernando de la Rúa y su ministro Domingo Cavallo, que impuso el “corralito” bancario. La inesperada decisión de la Corte invalidó en su totalidad las sucesivas disposiciones económicas dictadas a partir de la norma.
En su ya habitual programa de Radio Nacional, Duhalde consideró el fallo de la Corte Suprema como un “agravio” y un “engaño” y sostuvo que los miembros del máximo tribunal ejercieron un “chantaje” para evitar el juicio político que comenzó a analizar la Cámara de Diputados. Admitió, además, que la resolución “no nos tomó de sorpresa”.
Consultada por el mismo tema, Carrió afirmó que fue “una extorsión al gobierno”, con “clara intencionalidad política”. La líder del ARI opinó que aunque el decreto que impuso el corralito sea inconstitucional, “el problema es cuándo se da este fallo”, porque “una cosa es que se haya resuelto en diciembre y otra a dos meses de la norma, cuando evidentemente hay una casi imposibilidad de hecho de que este fallo sea efectivo, si es para todos”.
Carrió añadió que la resolución de la Corte fue “en respuesta o venganza a un mecanismo institucional que la gente venía reclamando que se ponga en marcha, que es el juicio político”. Y dijo que, pese a ser opositora, comprende “la situación en que se encuentra el gobierno”.
Una de las tantas versiones que comenzó a circular el viernes fue que Menem había influido sobre los integrantes de la Corte Suprema para que se pronunciaran contra el corralito para así desestabilizar a Duhalde y terminar imponiendo su viejo proyecto dolarizador. Menem negó ayer su vinculación con el fallo: “Hasta dónde llega la mentira y la difamación, que se ha dado a correr la versión de que la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto el corralito por culpa nuestra”, sostuvo. “Con la gente de la Corte no hablamos hace un montón de tiempo”, agregó. Sobre el contenido del texto, opinó que “un fallo de esta magnitud puede traer una serie de inconvenientes”. Y aprovechó la ocasión para despacharse contra el ex presidente Fernando de la Rúa y el ex ministro Domingo Cavallo. “Ellos destruyeron a la Argentina”, dijo. Demostrando que en su diccionario no figura la palabra autocrítica, agregó que “no podemos tragarnos este enorme sapo producto de esta enfermedad que tienen algunos en contra de nuestro gobierno”.
Por su parte, el titular de la Comisión de Juicio Político, el diputado justicialista Sergio Acevedo, dijo que el fallo “desde el punto de vista jurídico es inobjetable en cuanto a resguardar el derecho de propiedad, pero creo que es inoportuno, y además, un acto muy perverso. La Corte persigue, sin duda, en una lucha de poderes, generar un conflicto institucional muy fuerte y profundizar la situación de crisis de la Argentina”, agregó el legislador. Quien remató diciendo que “la Corte de ninguna manera pretende con esto resolverle el problema a los ahorristas, sino generarle un problema al Gobierno. La comisión trabajará mañana, tarde y noche para tener antes de fin de mes el dictamen de acusación porlos 28 pedidos de juicio político que pesan sobre los integrantes de la Corte.
El diputado del Frepaso Darío Alessandro acusó ayer a la Corte de “extorsionar al poder político” a través del fallo y dijo que el tribunal “es muy irresponsable porque en lugar de buscar una salida ordenada de la crisis quiere desatar una estampida de muy difícil control”.
Desde España se pronunció el canciller Carlos Ruckauf a través de un comunicado. “Ante el fallo de la Suprema Corte de Justicia, el gobierno argentino dictará normas de su incumbencia jurídica y propondrá leyes al Parlamento que protejan a los ahorristas argentinos en forma integral. El trámite de juicio político a la Corte Suprema —agrega el texto— es previo a la sentencia del día viernes y seguirá por los caminos constitucionales del Congreso argentino.”
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, consideró un “avasallamiento” contra el Poder Ejecutivo la declaración de inconstitucionalidad del “corralito” y anticipó que la intención del Ejecutivo es que “efectivamente funcione el sistema bancario el día lunes”.
El funcionario criticó con dureza el fallo. “Tiene cierta naturaleza política que no se ajusta a la emergencia que vive el país y que “afecta claramente la gobernabilidad”.
El diputado por el socialismo democrático, Héctor Polino, dijo que “el fallo justifica aún más la promoción del juicio político” en contra de los miembros del alto tribunal porque “tiene una clara motivación política”. A través de un comunicado, Polino señaló que “el cuestionamiento que la opinión pública realiza al alto tribunal de Justicia pone en sospecha cualquier decisión que él tome, aún cuando la misma sea ajustada a derecho”. “Por ello —agregó—, el avance del proceso del juicio político deberá ser inexorable.” Polino responsabilizó a la Corte Suprema de Justicia por “el acompañamiento de los actos de corrupción que fueron avalados “por el máximo tribunal en sus diversos pronunciamientos en la última década”.