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“Se quedan por la cuota de poder de ser juez”
La frepasista Nilda Garré es la segunda de la comisión de diputados que trabaja en el dictamen para hacer juicio político a la Corte. Detrás del fallo, ver la sombra de Menem y del proyecto de dolarizar la economía.
Por R. C.
La diputada frepasista Nilda Garré es la vicepresidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que tendrá que determinar, junto a otros legisladores, si corresponde emitir un dictamen para que el Congreso decida si los supremos deben ser destituidos. Ella opina que sí. A continuación, su explicación y su opinión sobre el fallo sobre el corralito del tribunal.
–¿Qué le pareció el fallo de la Corte contra el corralito?
–Si bien los fundamentos son compartibles en muchos de sus términos en lo que hace al derecho de los depositantes o de los ahorristas por tratarse de una indemnización, en esta situación la Corte desconoce la numerosa jurisprudencia que ella misma dictó sobre el tema de las limitaciones a la propiedad privada en tiempos de emergencia económica.
–¿Usted cree que el ex Presidente Carlos Menem está detrás del fallo?
–La llamada mayoría automática de Menem, que le fue muy funcional a sus necesidades como Presidente, que no cuidó los derechos de los jubilados ni de los trabajadores, que entendió que no correspondía que ellos discutieran la constitucionalidad de los decretos de la privatización en los Aeropuertos... esa Corte vuelve a ser funcional al Menem en la medida en que él integra como ex Presidente el bloque que hoy apoya la dolarización de la economía.
–El ex Presidente dijo que él no tiene suficiente poder como para manipular a la Corte y que no habla desde hace mucho tiempo con los ministros del tribunal.
–Carlos Menem no necesita hablar en forma directa con los ministros. Gracias a Dios, ya no tiene el poder que tenía antes. Pero es el articulador de un proyecto dolarizador.
–¿Van a seguir promoviendo el juicio político a los miembros de la Corte?
–No hemos tenido aún una reunión formal, pero sé que muchos de los miembros de la comisión están convencidos de la procedencia del juicio político. Yo, personalmente, presenté un pedido en 1997 a los integrantes de la “mayoría automática”. Estoy segura de que este fallo, con sus antecedentes de extorsiones o chantajes sobre el poder ejecutivo, no hace más que agregar un motivo a las causas para pedir la destitución del los jueces.
–Supongamos que los nueve integrantes de la Corte quedan destituidos. ¿No habría que pensar en cambiar el mecanismo de selección de los jueces supremos, para que dejen de responder al poder político?
–El pliego de designación de un juez de la Corte Suprema de Justicia es tratado por el Senado, que recibe los nombres que propone el poder ejecutivo. En lo personal, creo que este proceso debería estar rodeado de las máximas garantías de transparencia, a los efectos de que la sociedad pueda intervenir ampliamente para que pueda hacer llegar sus objeciones a esos pliegos para que el Senado tenga elementos vinculados no solo a las condiciones profesionales o académicas, sino, por ejemplo, a su vocación democrática y sentido de la ética.
–¿Por qué cree que aunque ya podrían jubilarse con sumas considerables, los ministros de la Corte no renuncian?
–Me imagino que muchos de ellos deben tener ya tienen tramitadas sus jubilaciones para poder empezar a gozar de ellas tan pronto tengan que cesar en sus funciones. Quiero decir que con esto que el motivo de que permanezcan en sus cargos no es económico. Se quedan por la cuota de poder que significa ser juez de la Corte. Gozan de beneficios extra. Y se quedan pese al repudio de la sociedad.
–¿Creyó en 1997, cuando presentó el pedido de juicio político a la mayoría automática, que el repudio social a la Corte iba a ser tan grande?
–No. Los cuestionamientos provenían de otros sectores, algunos académicos, gente del episcopado... Pero la masificación del repudio en los últimos días habla de la patología institucional que estamos viviendo.
–La gente debe estar preguntándose ¿cuándo se van?
–Hay una sola forma, si ellos no deciden renunciar, que es promover el juicio político que establece la Constitución. Es un procedimiento complejo y requiere un mecanismo que sea serio y transparente, que garantice el juicio de defensa de los acusados. Hay que hacer eso con la rapidez necesaria en las distintas instancias, pero siendo respetuosos de las formas. Ellos deben tener posibilidad de defenderse.
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