El viceministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires Marcelo Sain anunció su alejamiento al ministro Juan Pablo Cafiero, en desacuerdo con lo que considera la subordinación del área a las conveniencias de un año electoral y el regreso a la delegación de las decisiones en la policía. Eso es lo que sucedió en 1999, cuando el entonces gobernador Eduardo Duhalde a pedido del candidato a gobernador Carlos Rückauf truncó la reforma iniciada por su ministro Carlos Arslanian, entre cuyos colaboradores estuvo Sain. Con algunas diferencias no despreciables: Sain, Cafiero y el actual gobernador Felipe Solá son personas decentes que pueden disentir de buena fe. Para Sain las inconsistencias políticas impiden el surgimiento de una fuerza de seguridad profesional, eficiente y adecuada a la legalidad democrática. Cafiero considera que está ejerciendo en plenitud la conducción política de la seguridad. Sin embargo aún cree posible disuadir a su principal colaborador, el primer experto en Seguridad en llegar a un cargo público de la especialidad.
Plan de modernización
En los primeros días de diciembre Sain entregó a Cafiero un completo plan de modernización policial. Entre las reformas estratégicas propuestas figuraba la reducción de la enorme burocracia centralizada en la Superintendencia de Coordinación General y el fortalecimiento de las estructuras concretas que en la primera línea de fuego se encargan de la prevención y la investigación del delito, funciones separadas que deben dar lugar a cuerpos diferentes. También planteaba reformar el decreto de organización del personal, firmado por el ex general Ramón Camps en 1980, y reemplazarlo por una ley que desmilitarizara la formación y el régimen de pases y ascensos de la policía, a cargo de una junta de calificaciones verticalista. Inclusive propuso suprimir la división escalafonaria entre oficiales y suboficiales. Cafiero entiende que la legislatura controlada por el duhaldismo no apoyaría esos cambios. Sain replica que el plan puede adecuarse a lo posible en cada momento, pero siempre que el rumbo se haya fijado primero con claridad. Su texto dice que “se trata de lineamientos de corto, mediano y largo plazo cuya implementación debe ser gradual pero duradera en el tiempo”. No cree que eso esté ocurriendo. Cafiero comparte en términos generales la idea de crear una policía ciudadana en lugar de la tradicional policía de Estado, “esto es, un organismo al servicio del gobierno estatal de turno más que de la comunidad, en el marco de una concepción de la seguridad asentada en el deber de protección del Estado y no de los derechos y libertades ciudadanas” .Tampoco objeta que el sistema policial deba organizarse en torno de “la problemática del delito”, cosa que hoy no ocurre. “La lucha contra la delincuencia desarrollada por la policía ocupa una porción asombrosamente baja del tiempo y del esfuerzo de la propia institución”, ocupada en “situaciones ajenas o conexas a la cuestión criminal, tales como el cuidado y traslado de detenidos y el desarrollo de diversas labores administrativas no policiales”, dice el plan. Las prácticas policiales han estado orientadas “hacia la reproducción y preservación de la institución policial, y no por la prevención y conjuración del delito”. Estas prácticas se han dirigido al “disciplinamiento de todo tipo de conductas no delictivas consideradas por las propias agencias policiales como vulneratorias de una cierta noción de ‘orden público’ autoimpuesto”. También a la regulación del delito “con participación policial directa e indirecta en las actividades ilícitas desenvueltas por diversas organizaciones o grupos criminales”. Ello dio lugar al establecimiento de “un circuito estable de autofinanciamiento policial basado en fuentes ilegales de dinero proveniente de dádivas o de actividades delictivas de diversa índole permitidas, protegidas o llevadas a cabo por los propios agentes policiales”. Durante los últimos años, “el incremento notable de los delitos y la complejización del fenómeno criminal han dado cuenta del colapso de tal sistema y han impuesto la necesidad de disponer todos los esfuerzos y medios institucionales del sistema policial en su neutralización”. Las diferencias empiezan cuando se trata de bajar de la abstracción a la realidad.
Año electoral
Hace dos semanas, una vez que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo incrementaron en un 20 por ciento los recursos para seguridad, Cafiero pidió a sus colaboradores que pensaran cómo gastar la diferencia. Sain dijo que ya lo había estudiado.
–Este es un año electoral. No podemos andar con planes de cosas que no se ven –le advirtió el ministro, en referencia implícita a las reformas organizativas y de los métodos de actuación policial que propone el plan.
–Entonces comprá patrulleros, poné más gente en la calle y dejá que la policía siga regulando el delito –replicó Sain.
El domingo pasado, en un reportaje al diario platense El Día Solá mencionó la seguridad como lo peor de su gestión. Dijo que se habían preparado “para tener un problema de seguridad vinculado a la protesta social” pero que se encontraron “con que la protesta social no era lo grave y sí aparecía una delincuencia con métodos nuevos, vinculada a los secuestros”. También usó palabras efectistas del tipo “no vamos a tener contemplaciones con los delincuentes” o “ante la duda vamos a arrestar”. Esa misma noche, Cafiero se reunió con Sain y otros funcionarios del ministerio para analizar las palabras del gobernador, que sentían ofensivas. “La protesta social no es lo grave, porque trabajamos durante seis meses para que la policía no se dedicara a reprimirla”, era el consenso general.
–¿Qué opinó Solá del plan de modernización? –preguntó entonces Sain.
–No pretenderás que lea ese mamotreto de 150 páginas –dijo Cafiero.
El ministro admite que no hizo llegar el plan a Solá, pero niega haberlo calificado de mamotreto. “Primero tenemos que discutirlo entre nosotros. Para sancionar una nueva ley de personal hace falta una concentración de poder político que no se puede dar por supuesta. No creo que la Legislatura vaya a aprobar la creación del escalafón único, por ejemplo. Me parece que ése no es un eje razonable”, afirma. Sain coincide en que faltó discusión en el equipo ministerial, pero se lo recrimina a Cafiero. A última hora del viernes Cafiero se comunicó con Sain para pedirle que reconsiderara su decisión.
Coordinación o Estado Mayor
Otro de los puntos de clara diferencia entre ambos reside en el rol de la Superintendencia de Coordinación General, creada por Carlos Rückauf en diciembre de 1999 como parte de lo que Sain califica de “contra-reforma”. El Superintendente debía ejercer la coordinación estratégica y el control de las políticas formuladas y ordenadas por el ministro. En teoría, esto deja en manos del ministro la conducción del sistema en su conjunto. Sin embargo, en la práctica, “la permanente delegación informal de atribuciones de conducción hechas por los sucesivos ministros en favor del Superintendente; la estructuración orgánica de la Superintendencia como un Estado Mayor castrense que nuclea a una excesiva cantidad de Direcciones Generales abocadas a la conducción operativa de los diferentes sectores o cuerpos policiales, emulando, con ello, a la vieja Jefatura de la Policía Bonaerense; la reunificación orgánico-funcional bajo un mismo mando superior de los diferentes cuerpos policiales y el notable mantenimiento de una subcultura policial militarista que considera al Superintendente como el ‘Jefe de Policía’ o, tal como rezan sus propias disposiciones y órdenes de servicios, como la ‘Superioridad’, en detrimento de la figura del ministro, han colocado en manos del Superintendente la conducción real de dicho sistema”. Esto permitió que la Superintendencia se proyectara “como una verdadera cartera autónoma dentro del propio ministerio” y “reforzó la tradicional impronta de autonomía institucional con que la agencia policial se ha relacionado históricamente con el poder político en la provincia”, escribió Sain en el plan de modernización.
Actitud María Marta
En su lugar de descanso en la costa Sain leyó el viernes un reportaje concedido por Cafiero al matutino La Nación. Así se enteró de que lejos de reducir esa burocracia policial el ministro se proponía crear siete nuevas direcciones generales que reforzarían la Superintendencia de Coordinación: de secuestros, comercialización de narcóticos, robo de autos, robo de camiones con mercadería, delitos rurales contra las vacas, control de armas y criminalidad económica. Fuentes de prensa del ministerio dijeron que el anuncio procuró poner a Cafiero a prudente distancia del actual director de Investigaciones Complejas y Narcocriminalidad, Angel Casafús, cada día más comprometido en el presunto encubrimiento del asesinato de la financista y dama de beneficencia García Belsunce de Carrascosa. Sain coincide en que será mejor estar lejos cuando el hombre de confianza del Superintendente Alberto Sobrado ruede con todo su peso. “¿Si se trató de un accidente, qué hacían dos oficiales superiores en el dormitorio de la muerta?”, pregunta sin ingenuidad. Pero agrega que al no tratarse de un cargo político, el ministro puede pasar a disponibilidad a Casafús. “En cambio así seguimos con respuestas de coyuntura y sin impulsar un plan estratégico”, dice. Cafiero aduce que Sain participó con él en el diseño de las nuevas direcciones, pero el renunciante viceministro lo niega. “Yo puse el plan por escrito y no contempla tal cosa, no hay confusión posible”, dice.
Hijo de un sargento de la Policía Federal retirado al producirse el golpe de 1976, académico en las universidades de Quilmes y de Campinas (Brasil), especialista en la detección del blanqueo de activos financieros de origen ilícito, ganador por concurso de un lugar en la Unidad de Información Financiera creada por la ley 25.246, Sain es uno de los escasos expertos en Seguridad en llegar a un cargo público de la especialidad, por lo común en manos de practicones y punteros, tipo Miguel Toma o Enrique Mathov. Por no privarse del paraíso bonaerense, Sain pidió licencia en la UIF, donde ganaba el doble y trabajaba sólo de día. El 25 de enero, Sain viajará a Washington, donde participará en un seminario sobre administración civil de recursos para la defensa en la National Defense University. Luego planea volver a su cargo en la UIF. La duda es si Cafiero podrá subsistir sin él o se convertirá en rehén de la mejor maldita policía del mundo. Ni siquiera es imposible que, de insistir Sain, también el ministro deje su cargo.
Política y delito
En agosto Sain había encendido las iras del justicialismo bonaerense al declarar que existía “un vínculo histórico entre la policía provincial y la política. Nadie puede negar el financiamiento policial de la política a través del narcotráfico, el juego y la prostitución. No hay posibilidad de que funcionen sin el amparo de la política”. Osvaldo Mércuri, a quien el funcionario no había mencionado, se puso el sayo y encabezó una reacción furibunda, junto con otros próceres como Aníbal Fernández, Hugo Toledo, Baldomero Alvarez de Olivera y sus epígonos en la Cámara de Diputados provincial. El propio Senador Duhalde pidió explicaciones a Solá, quien resistió las presiones y sostuvo a Sain. “Es un funcionario clave en la estructura del ministerio”, dijo el gobernador. Ese era el punto de acuerdo general, tanto entre quienes consideraban que Sain cometió un error político al describir cuán funcional es la corrupción policial al financiamiento de un sector del justicialismo bonaerense, como entre aquellos que entendían que la tempestad que produjo cortó una ofensiva que en pocos días más hubiera acabado no sólo con Cafiero sino con el propio Solá. Duhalde acababa de anunciar el adelantamiento de las elecciones presidenciales y la primera dama provisional había pronunciado su frase célebre: “Después del 25 de mayo nos volvemos a casa” (léase “al gobierno de Buenos Aires”, concebido como bien de familia). Para ello era preciso remover a Solá, quien ya había anunciado su propósito de revalidar en las urnas el mandato heredado a la fuga de Carlos El Valiente. Eso podía hacerse por la vía de la desestabilización que prefería el duhaldismo de paladar negro o promoviendo a Solá al escenario nacional, como tanteó el propio Duhalde. En octubre, Sain provocó otro maremoto en las aguas estancadas del peronismo provincial, al declarar que “soy un técnico, soy esclavo de ciertas ideas. No de ciertos partidos. Nuestra llegada al ministerio no debe ser interpretada como una vuelta al Partido Justicialista, que más bien debería ser llamado Partido Injusticialista, y al cual al menos yo pertenecí hasta 1990”.
Buenos muchachos
Luego de una reunión con el gobernador y un grupo de poderosos intendentes justicialistas del conurbano, Cafiero discutió con Sain:
–Turco, no sabés lo que dicen de vos. Te quieren comer –le comentó Cafiero.
–¿Y qué te sorprende de esa runfla? ¿O te olvidaste por qué nos fuimos del peronismo?
–Entre ellos hay mucha gente honorable.
–¿Honorable? Son corresponsables de este país con la mitad de la población en la pobreza y penetrado por el narcotráfico –concluyó Sain.
La situación se sosegó a partir de noviembre. El secuestro del canillita Antonio Echarri puso en evidencia la trama de intereses políticos, policiales y periodísticos empeñados en defenestrar al gobierno provincial y su área de seguridad. El rescate con vida de Echarri, en contra de todos los pronósticos tendenciosos en contrario, y un encontronazo de Sain con el periodista Antonio Laje, invirtieron la marea. Laje afirmó en su programa de televisión que allegados a Sain habían intervenido en el asesinato del coronel Rómulo Menéndez. Poco después se esclareció que se había tratado de un intento de robo y fueron detenidos sus autores. Sain lo intimó a retractarse y el entenado de Daniel Hadad sostuvo que la información provenía del ministro federal de Seguridad, Juan José Alvarez, con quien Sain había tenido varios cruces previos. Sain no dio crédito a esa versión y ordenó a sus abogados presentar una demanda civil contra Laje, quien también había sido desairado en público durante una fiesta de casamiento por la esposa del gobernador, la muy expresiva Teresa González Fernández. Solá empezó a considerar la hipótesis de una eventual candidatura presidencial, acaso para sedar a las fieras de la interna justicialista. En todo caso, hasta Osvaldo Mércuri comenzó a lisonjearlo. Cualquier cosa con tal de que se vaya. El respiro fue aprovechado por Sain para terminar de escribir el Plan de Modernización. Su menoscabo por parte de Cafiero precipitó la crisis. El viernes, el ministro se disculpó con Sain, le encareció que retirara su renuncia y propuso discutir el plan en el gabinete ministerial y luego llevárselo a Solá. Sain sólo prometió pensarlo.