La Ley de Lemas, si es aprobada en el Congreso, tendrá que navegar en los vientos huracanados de la justicia electoral y hay muchas chances de que en esa travesía quede semihundida, se reflote, se vuelva a hundir y su destino final estará en manos, cuándo no, de la Corte Suprema. Y todo indica que en ese juego está la clave: perder tiempo en fallos, apelaciones, recursos, dilatando las elecciones y apuntando a que no haya internas ni votación el 27 de abril.
Si los diputados y senadores votan la ley, habrá varios planteos de inconstitucionalidad, el tema lo deberá resolver la jueza electoral María Servini de Cubría que, como en otros casos, dictará una medida cautelar suspendiendo el proceso. Después vendrán los alegatos, la apelación a la Cámara Electoral que, supuestamente, se va a pronunciar en contra de la Ley de Lemas y después el tema arribará a la Corte. Si del Congreso sale a fines de enero, los plazos de la interna del PJ ya habrán vencido y entre idas y vueltas en la Justicia todo el proceso se demorará impidiendo la elección nacional.
Los responsables jurídicos del PJ, empezando por el apoderado nacional, Jorge Landau, confían en que los encargados de la mesa chica del congreso partidario redacten una ley que cuele en la justicia electoral. “Vamos a consultar con los jueces y la redacción se hará en diálogo con ellos”, le dijo ayer Landau a este diario.
Más allá de la redacción de la ley, es evidente que la Constitución no prevé que se acumulen los votos de dos fórmulas de un partido como sería en el caso del PJ. La Carta Magna dice que las dos fórmulas que más votos tienen –siempre que alguna no alcance el 45 por ciento o que establezca una diferencia de diez puntos sobre el segundo– van a la segunda vuelta, sin sumas ni acumulaciones con otras fórmulas de un partido. Por lo tanto, si la ley pasa el Congreso habrá planteos de inconstitucionalidad, incluso si se busca una forma light de la Ley de Lemas, que es el proyecto de Gerardo Contegrand, que establece que si ninguno de los candidatos –Rodríguez Saá, Menem, Kirchner o cualquier otro– consigue el 45% de los votos, habrá una segunda vuelta en la que participarán los candidatos más votados de los dos partidos más votados. La ley Contegrand también implica sumar a los candidatos del PJ, ya que esa es la forma en la que se determina qué partidos participan del ballottage.
El expediente recaerá en la jueza electoral con competencia nacional, ya que se trata de una elección presidencial y no provincial. O sea que el papel protagónico estará en manos de María Servini de Cubría. Si uno se fija en los antecedentes, la lógica es que Servini dicte una medida cautelar, o sea, suspenda todo el proceso electoral, hasta que se resuelva si la Ley de Lemas es constitucional o no. Con la pelota parada, es obvio que se pasarán todos los plazos de la interna del PJ, prevista para el 23 de febrero, lo que indica que esa interna no se hará. Servini de Cubría dará vista a las partes, o sea, a las fuerzas políticas que cuestionarán la constitucionalidad de la ley de lemas y al fiscal electoral Jorge Di Lello. Después de eso, la magistrada resolverá. Su último fallo –en el tema de las internas abiertas– favoreció al menemismo, pero fue música para Duhalde, que logró que todo el proceso se retrase.
Tras el fallo de Servini, habrá apelaciones, salga como salga la resolución de la jueza. Eso llevará el expediente a la Cámara Nacional Electoral, un tribunal que ha sido poco manejable por el Ejecutivo. El último fallo de la Cámara reinstaló las internas abiertas, algo que no le cayó bien al duhaldismo. Pero para entonces, el objetivo estaba logrado:dilatar todo. Hubo que votar una ley en el Congreso para suspender la aplicación de las internas abiertas.
También la Cámara dará vista a las partes y luego resolverá. Por lo que se sabe, el Tribunal no ve con buenos ojos la ley de lemas y es difícil que la convalide. “Habrá que ver cómo se redacta”, se esperanzan en el PJ. Lo concreto es que después de ese fallo, nuevamente vendrán las apelaciones y la cuestión aterrizará en la Corte Suprema.
Suponiendo que todo avanza a velocidad máxima, los expertos consultados por este diario sostienen que tardará no menos de un mes y medio. Esto lleva las resoluciones a mediados de marzo, en el mejor de los casos. Si se tiene en cuenta que para hacer las elecciones el 27 de abril, los candidatos tienen que estar presentados el 8 de marzo, se ve claro que los tiempos no dan y que habrá que postergar el proceso electoral.
Y lo más probable es que ese sea el objetivo de toda esta movida: embarrar la cancha. A Menem la ley de lemas le gusta porque le evitaría la segunda vuelta y, según parece, a Duhalde la ley de lemas le resulta una solución para lo que busca: demorar el proceso. Llevando otra vez a la Justicia los problemas que deberían resolver los políticos, hay garantía de que las cosas se van a diluir, atrasar, atrasen y, tal vez, consigan que no haya elecciones.