El gobierno acumuló varios hechos positivos en la semana que pasó: los incrementos de toda la escala jubilatoria y de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la merma (lenta aunque constante en el año) del desempleo, el acuerdo sobre el monitoreo conjunto del río Uruguay. Las medidas domésticas son avances institucionales y también en la distribución del ingreso. Un acicate para el funcionamiento de la economía y el mercado interno, conseguidos merced a un esfuerzo fiscal pronunciado y sustentable.

La oposición buscará revancha a partir de mañana en el Congreso, que reabre sus puertas. Frustrado su primer intento de conmover a la sociedad con reformas “institucionales”, va por un haz de proyectos económicos, en buena medida inimaginables años atrás: 82 por ciento móvil, recorte del impuesto al cheque y de las retenciones, fin de las facultades delegadas.

Son dos agendas diferentes, que como marca la geometría clásica, corren paralelas. Claro que en esta vida todo es dialéctico y la política local no es una excepción: las dos agendas son el terreno donde se dirimen supremacías, se interinfluyen.

El Ejecutivo lleva la iniciativa haciendo, el conglomerado apodado Grupo “A” busca imponerle un nuevo rumbo o ponerlo en descubierto. O, si usted es muy suspicaz, forzarlo a desfondar al Tesoro nacional para producir una crisis. Quizá los tres objetivos confluyan, en proporciones variadas.

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Temporada primavera y verano: Las jubilaciones aumentan a partir de septiembre, los nuevos valores serán percibidos durante ese mes. La AUH, que se paga por mes vencido, se cobrará a principios de octubre. El kirchnerismo transfiere recursos a sectores postergados, que no fugan divisas y carecen (por lo general) de capacidad de ahorro. El dinero, pues, revitalizará el mercado interno e inducirá un fin de año de intenso consumo. En esos meses también se devengan las últimas cuotas de incremento de salarios pactados en paritarias. El horizonte para el verano (una economía desplegada a tambor batiente, turismo interno a todo trapo) es el favorito del kirchnerismo.

En el camino, el Gobierno demuestra haber tenido razón en varios debates contra el ala agorera de la oposición, de la cadena de medios privada y de los economistas de derecha, tan desprestigiados por su obra cuan hipervalorados en sus dictámenes. El Banco Central no tocó fondo después de la salida del repúblico Martín Redrado, por el contrario, batió su record de reservas. La reestatización del sistema previsional no fue una catástrofe, sino la apertura de una etapa en la que hasta opositores acendrados quieren tirar manteca al techo. El coeficiente legal establecido para la movilidad previsional se reflejó en aumentos parecidos a los que tuvieron importantes gremios en las convenciones colectivas, no en monedas. La stangflation no se digna aparecer en escena.

La inflación es el único punto, para nada desdeñable, en el que la narrativa opositora tiene más tangencia con los hechos que la oficial.

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Si te hace falta un Consejo: El Consejo del empleo y del salario se reunirá el martes, en aras de estipular el nuevo salario mínimo, vital y móvil (SMVM). Como los sueldos de los trabajadores formalizados, las jubilaciones y las asignaciones familiares se han venido elevando todos los años, aún los de la crisis, una seguidilla sin precedentes (ni hitos cercanos a lo comparable) durante la restauración democrática.

En los primeros tiempos del kirchnerismo, digamos hasta 2008, el SMVM fungió de piso para las convenciones colectivas. Actualmente, amén de su función específica es más una señal para políticas activas. Dos datos condicionan a moderar el incremento desde la perspectiva de la Casa Rosada: su encadenamiento a los salarios de convenio (ley promovida por el diputado oficialista Héctor Recalde) y el “enganche” con las jubilaciones que postulan las propuestas opositoras sobre el 82 por ciento móvil.

Así las cosas, el Ejecutivo tratará de consensuar con la CGT, su aliada esencial en el Consejo, un aumento menos suculento que en años precedentes. El valor actual es de 1500 pesos, quizá la cifra ofertada llegue a 1800, un 20 por ciento. Es bastante menor al promedio de la suba de los salarios de convenio, siempre difícil de precisar porque las paritarias son de ardua traducción porque incluyen aumentos disimulados para no impactar en la tapa de ciertos diarios. En el primer nivel del Gobierno se murmura que este año treparon un 25 por ciento, especialistas avezados escudriñan que 28 por ciento sería más descriptivo de la realidad. Tal vez eso vaya empujando a un cierre por 1850 pesos, aunque los guarismos dependen del tira y afloje. A la Casa Rosada le interesa que la negociación sea breve, tal vez no cerrarla en el día pero sí en poco tiempo más.

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El repertorio opositor: La oposición comienza el último cuatrimestre de labor parlamentaria esperando coronar alguna ley con su sello, hasta ahora ese designio no se concretó. Llegará la hora, a no dudarlo, aunque está por verse cuántas propuestas de su variado menú consiguen sanción de las dos cámaras. La conformación de potenciales mayorías varía según cada medida y el vaivén de las internas opositoras.

Los proyectos más ambiciosos que se discutirán en las semanas venideras son el cese de las facultades delegadas, el recorte o eliminación de las retenciones a productos agropecuarios y el ya mentado 82 por ciento móvil. Cualquiera podría llegar a ser ley, cualquiera puede perderse en el camino.

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Delegar y administrar: Las facultades delegadas, vigentes a partir de la Constitución de 1994, han desatado una polémica legal exacerbada y poco seria. El Congreso viene delegando al Ejecutivo ciertas potestades legislativas. En virtud de la cesión, se han dictado un cúmulo de normas cuyo inventario era enmarañado hasta 2009. Desde entonces se diseñó una suerte de digesto de esas leyes, una posibilidad que surge de la estabilidad político-económica que deparó el kirchnerismo, que no siempre se le reconoce. Si el Congreso (como parece rumbear) no vota la prórroga cesa la delegación y la Presidenta no podrá legislar en lo sucesivo sobre esas materias. Las normas que no estipulen plazo de vencimiento siguen vigentes hasta ser derogadas o modificadas por una ley. El Congreso no recupera la facultad de administrar que jamás delegó, por un motivo sencillo que ya fue estudiado por el jurisconsulto romano Perogrullus: nadie puede ceder ni transferir algo que jamás tuvo. La potestad de administrar, fuera de los muros del Congreso, concierne al Ejecutivo, la división de poderes así lo determina.

El recorte abrupto de las facultades delegadas será un ripio indeseable al funcionamiento del Estado que (aunque esté de moda soslayarlo) es anterior, superior y trascendente a la administración kirchnerista. Pero no significará un vacío legal rayano con la anomia que algunos predican y anhelan. La mayoría de los parlamentarios del Grupo reconocen en confidencia que la no ratificación de la delegación no hace caer de pálpito todo el andamiaje legal derivado de ellas aunque no se atreven a desmentir en público a la diputada Elisa Carrió.

El bloque oficialista de Diputados tiene un proyecto de ley encajonado a la espera de una directiva de la Presidenta: presentarla para negociar o esperar el embate adversario.

Las leyes en cuestión son muchas, se cuentan por decenas, para nada por centenares como se mitifica por ahí. El Código Aduanero, que comprende las retenciones a productos agropecuarios, es la más pintada.

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Segmentar, negociar, chocar: El archipiélago opositor no unifica, hasta hoy, personería para bajar las retenciones. Eso sí, una fracción relevante rindió pleitesía a la Sociedad Rural, en su predio currado al patrimonio público, donde ayer Hugo Biolcati (sin legitimación alguna) bramó contra la corrupción. La liturgia fue penosa, el diputado radical Ricardo Alfonsín marcó diferencias inteligentes hurtando el cuerpo a la postergación de la política ante las corporaciones.

De cualquier forma, se van (des)marcando posturas. El diputado Fernando Solanas insiste en que Proyecto Sur es una tercera posición, ajena al oficialismo y al Grupo “A”, a quienes emparienta. Los senadores del ARI de Tierra del Fuego presentan un proyecto propio, que considera la condición de los pequeños y medianos productores sin desfinanciar al Fisco.

La Federación Agraria (FA), por boca de su titular Eduardo Buzzi, amaga un retorno a sus orígenes. Reclama la segmentación para pequeños y medianos (definidos de modo generoso y extensivo) y “apenas” un recorte en las alícuotas de los grandes. Despotrica contra los grandes productores y alardea con secesionarse. El diputado Felipe Solá, peronista federal, trata de matizar las bravatas de su sector con algunos números o explicaciones racionales. Está por verse cómo seguirá su trayectoria. El cronista intuye que su táctica es la del tero, gritar en un sitio pero poner los huevos en otro, que es la Mesa de Enlace y su cohorte legislativa. La fuerza gravitacional de la unidad, desde 2008, diluyó las diferencias, las rebeldías y hasta el sentido común.

Entre tanto, el Gobierno cavila acerca de una negociación parcial. Primerear con una propuesta de segmentación sería una opción, para atender las demandas de la FA. El riesgo de esas ofertas unilaterales, en un contexto de enfrentamiento y nulo diálogo, se percibió durante el conflicto de las retenciones móviles en 2008. La contraparte la traduce como una conquista arrancada, que sirve de piso para seguir demandando, no como un factor de distensión.

Otra posibilidad es reducir las retenciones a cultivos que no sean oleaginosas, excluyendo soja y girasol. El trigo y el maíz son las más relevantes, en el Ministerio de Agricultura se manejan cálculos que concilian una reducción de varios puntos que podría no tener impacto fiscal en 2010 y acaso no la tuviera en el (ya menos predecible) año que viene. El aumento de las áreas cultivadas, del precio internacional y por ende de lo recaudado por la AFIP explican esa chance. Los productos regionales, que pagan un porcentual bajo (usualmente 2,5 por ciento) no serían tocados. Su montante fiscal es bajo y el encono que provocan mucho, en productores, gobernadores y legisladores de las provincias concernidas. El Gobierno, explica una de sus principales espadas, no las conservaría por lo que recauda sino porque permite obtener data sobre la actividad del sector agropecuario, pionero y maestro en eso de evadir impuestos.

Hoy por hoy, la mutua voluntad negociadora es entre escasa y nula.

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¿Default, reparación o vetocracia? La flamante voluntad redistribucionista de peronistas y radicales –que no la tuvieron cuando gobernaron– es leída de diferentes maneras. Ellos mismos aducen que el Gobierno no hace lo suficiente ni lo adecuado en esa materia. Según su versión, estarían reparando (porque ahora se puede) sus acciones pretéritas.

En el oficialismo se discuten dos teorías. La primera es la que el jefe del bloque de Diputados, Agustín Rossi, cifró en la expresión “la agenda del default”: la oposición quiere desestabilizar al Gobierno para debilitarlo y arar un campo fértil para una política de signo inverso. Algo así como lo que hicieron la coalición privatista contra el presidente Raúl Alfonsín o la devaluacionista contra Fernando de la Rúa. Ambos, por lo demás, venían sin poder repechar fenomenales crisis económicas, cayéndose solitos. Un escenario radicalmente diferente del actual.

Otros protagonistas creen que los proyectos son pura parada que dan por hecho el veto presidencial y lo incitan. “Si hay veto, no hay voto”, expresa un graffiti pintado por agrupaciones de jubilados frente al Congreso. Así discurrirían también en el Grupo “A”: vetar ajaría la imagen de los Kirchner, que está repuntando y lubricaría las perspectivas electorales propias. La movida sería pues, un simulacro, claro que jugando con fuego. Esa es la interpretación de Cristina Fernández de Kirchner, susurran confidentes de Palacio. Se trata de inferencias sobre conductas, jamás podrán probarse del todo. Esto aceptado, el cronista concuerda con el análisis de la Presidenta.

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El juego de la silla: Tras las elecciones de medio mandato, que el oficialismo adelantó para junio de 2009 (una picardía que le salió fatal, fue el momento más arduo de la crisis), el panorama era aciago para el kirchnerismo. Las proyecciones de consultores propios y ajenos lo excluían del ballottage en 2011 o le auguraban una derrota inexorable, así llegara. El cuadro cambió, en el análisis compartido de los encuestadores. Ahora el oficialismo es número puesto para la segunda vuelta y no está sellado su fracaso en ella. El desempeño del oficialismo y oposición, quizá la potencia de sus respectivas agendas, influyen en esa evolución a un estadio que es transitorio, como el anterior. Pero que es más cercano a los comicios y que registra una recuperación entre inesperada e impensable.

La consecuencia, de cajón, fue que se anticipara el juego de la silla en el setenta por ciento opositor. El jefe de Gobierno, Mauricio Macri, puede dar fe de su encarnizamiento. Ocurre que llegar a la segunda vuelta ya no basta. Y aún peor: ser el segundo entre las alternativas (tercero en el podio) ahora es game over. Eso acelera las controversias, el afán de diferenciación intestina y las declaraciones picantes que se multiplican cada semana. Se trata de polémicas menos divertidas y de menos rating que la de Maradona versus Bilardo y Grondona pero, aunque no lo parezcan, más relevantes para el futuro.

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