Parte del arsenal encontrado en lo de Simón, donde también había distintos tipos de droga.
Imagen: Gentileza Ministerio de Seguridad Bonaerense

“La Metropolitana está cada vez más cerca de la gente”, afirmó Mauricio Macri esta semana. De lo que no parecen poder alejarse sus altos oficiales es de exhibir un prontuario. El jefe de esa fuerza, Eugenio Burzaco, debió separar preventivamente al comisionado mayor Rodrigo Simón, luego de que fuera detenido en un operativo en el que secuestraron de su casa dos pistolas, dos granadas antitanques, dos granadas lacrimógenas, dinero, balanzas de precisión, 396 pastillas de éxtasis, dos kilos y medio de cocaína, nueve kilos de cannabis, cinco kilos de marihuana y treinta píldoras de anfetaminas. En tanto, Burzaco decidió mantener en su cargo al comisionado mayor Ricardo Cajal, a quien –como informó Página/12– separaron de la Federal por haber estado involucrado en un escándalo de protección de prostíbulos, que incluyó amenazas y el armado de una causa contra el denunciante. En el entorno del jefe de la Metropolitana lo defendieron: “No tiene ninguna causa abierta, no tenemos por qué echarlo”.

Un operativo de la delegación de drogas ilícitas de la policía bonaerense, que incluyó diez allanamientos por el conurbano, alcanzó a Simón, junto a su hijastro, al que en la gestión PRO le echan toda la culpa: “Se casó con una mujer que le trajo problemas”, dicen en Bolívar 1. Según esta versión macrista, “el sujeto de la investigación era el hijastro y por eso se llevaron detenidos a los dos. Ahora habrá que determinar si las granadas eran aptas para ser usadas como explosivo”. Burzaco, en tanto, optó por separarlo preventivamente de la fuerza.

Simón, de 57 años, fue demorado junto con otras seis personas, entre ellos su hijastro, como parte de una investigación sobre un grupo de narcotraficantes, que comenzó hace nueve meses y que desató en la madrugada de ayer allanamientos en Villa Adelina, Vicente López y San Martín. El operativo lo ordenó el juez federal de San Martín Juan Manuel Yalj. Simón fue liberado y su hijastro, de 24 años, quedó detenido. El alto oficial de la Metropolitana está acusado de tenencia ilegal de armas y explosivos, a raíz de las dos granadas antitanque que encontraron en su casa. Los macristas advirtieron que la investigación sobre narcotráfico está decididamente enfocada al hijastro.

La noticia golpea a la Metropolitana en una semana en la que la oposición porteña avanzó en la creación de una comisión investigadora especial sobre las responsabilidades políticas de Mauricio Macri y otros funcionarios por las escuchas ilegales y demás irregularidades en la creación de la policía local. Los opositores también presentaron el viernes un informe sobre los legajos de la Metropolitana, en el que señalaron que hay graves falencias en el control de la entrada de nuevos agentes, un 73 por ciento de los altos mandos actuó en la dictadura y otro 82 por ciento proviene de la Policía Federal. En el informe también detallaron que tanto los legisladores macristas como la gestión PRO pusieron trabas para ver los legajos y que pudieron observar sólo el 5,2 por ciento del total.

Entre ellos, estaba el de Simón, algo en lo que se escudaron en el gobierno porteño: “Venía con un legajo intachable. Los opositores lo vieron y no presentaron ningún reparo”, sostuvieron sobre Simón, que fue incorporado a la Metropolitana en agosto de 2009, el mismo mes en el que debió renunciar Jorge “Fino” Palacios, luego procesado por encubrimiento en la causa AMIA y detenido por las escuchas ilegales. En tanto, el legislador del bloque peronista Diego Kravetz estimó que “la Policía Metropolitana, por lo que demostró hasta la fecha, es más corrupta e ineficiente que la maldita policía”. “Burzaco debe hacer un mea culpa y en un acto digno, renunciar”, consideró.

Este diario reveló ayer que la Metropolitana contrató hace dos semanas a otro comisario mayor, Ricardo Cajal, que estuvo involucrado en un escándalo por protección de prostíbulos. A otro alto oficial de la fuerza, Fausto Colombo, debieron separarlo luego de que se conociera que estaba procesado por la presunta protección de tres prostíbulos. Por antecedentes penales, también tuvieron que echar a otros 22 oficiales de la fuerza. No parece que vaya a ser el destino de Cajal, a quien defienden en el entorno de Burzaco: “Está absuelto. Lo reincorporaron y, en 2005, pidió la baja de la Federal. No hay motivo para echarlo”.

En 1998, Cajal fue puesto en disponibilidad en medio de una investigación de Asuntos Internos por la que separaron a medio centenar de comisarios. Cajal estaba a cargo de la comisaría segunda de San Telmo, adonde el abogado Angel Grieco fue el 17 de mayo de 1997 a denunciar un incidente en el boliche The One. Grieco sostuvo que quiso hacer la denuncia, pero que Cajal y otros policías estuvieron horas tratando de convencerlo de que desistiera. Finalmente –según declaró Grieco– le armaron una causa por “amenazas y tenencia de arma de guerra”, que llegó a juicio oral. El fiscal terminó por pedir la absolución del abogado y que se investigue a los policías.

Cajal es –como informó este diario– un “ahijado policial” de Carlos Gallone, uno de los condenados por la Masacre de Fátima en la que fusilaron a 30 detenidos-desaparecidos y dinamitaron sus cadáveres, el 20 de agosto de 1976. Gallone formó parte de la conversación entre el Fino Palacios y un reducidor de autos que estuvo involucrado en el secuestro de Axel Blumberg. Por ese motivo, Palacios fue separado de su cargo en la Federal. Luego tuvo que renunciar a la Metropolitana. Cajal, por su parte, parece tener mejor suerte.