Un día después de que funcionarios del gobierno porteño defendieran el trabajo de los inspectores en el caso del derrumbe de Villa Urquiza –que provocó tres muertes–, Mauricio Macri echó a Raúl Oscar Ríos, titular de la Agencia Gubernamental de Control, el organismo del que dependen los controladores de obras. El argumento esgrimido fue que Ríos participó en una reunión de la comisión directiva de Boca, el martes último, en la que se trató el contrato de Román Riquelme, mientras personal del gobierno porteño trabajaba en “el rescate de las personas atrapadas bajo los escombros”, se hizo saber a través de un comunicado. Lo cierto es que sobre el funcionario, sin antecedentes para el cargo que ocupa, pesaban cuestionamientos y pedidos de renuncia. Las críticas a las inspecciones salpican al propio jefe de Gobierno: ayer, el juez federal Norberto Oyarbide allanó dependencias del gobierno porteño en el caso abierto a partir de una denuncia contra Macri por haber designado como jefe de inspectores de Protección del Trabajo a un hombre sin especialización en Higiene y Seguridad del Trabajo, como exige la ley.

En su denuncia contra Macri, el legislador Marcelo Parrilli (Nueva Izquierda) considera que el jefe de Gobierno incurrió en el delito de “falsedad ideológica en instrumento público” cuando firmó el decreto que designa a Angel Enrique Rodríguez como director de Protección del Trabajo. El decreto dice que el nombrado “posee la idoneidad necesaria para el desempeño” de ese cargo. Pero tal como informó ayer Página/12, el propio Rodríguez admitió en la Legislatura que no posee la especialización requerida por la ley nacional 19.587 (ver recuadro), por lo cual carecería del requisito de “idoneidad”.

Parrilli le achaca a Macri, además, el cargo de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Tras el sorteo de rigor, el caso cayó en el juzgado federal que dejó vacante Guillermo Montenegro para ser ministro de Justicia de la Ciudad y que subroga Oyarbide. Es el mismo juzgado donde se tramita la causa en la que se investiga a Macri por espionaje. El delito de falsedad ideológica tiene una pena máxima de seis años de prisión.

Del área que conduce Rodríguez dependen los inspectores que realizaron la fallida inspección de la obra ante la denuncia de la Uocra porque faltaba “apuntalar los muros medianeros” tras la demolición en la obra de Mendoza y Triunvirato. Sobre estos dos inspectores, Rodríguez admitió que desconocía si tenían título habilitante en Higiene y Seguridad Laboral, como requiere la ley.

La renuncia forzosa de Ríos es la tercera en poco más de tres años en la conducción de la Agencia Gubernamental de Control. La primera fue la de Federico Young, que se fue por motivos personales después de haber sido denunciado por participar de un panel en defensa de la dictadura junto a Cecilia Pando y de haber designado en su staff a represores de la última dictadura. Young renunció en marzo de 2009. Le siguió Pablo Bourlot –un hombre de Horacio Rodríguez Larreta–, quien se fue en enero de 2010 también por “motivos personales”. Su reemplazante fue el vocal de Boca Juniors, quien llegó de la mano del propio jefe de Gobierno.

Según publicó ayer Página/12, Ríos no tiene experiencia alguna en la gestión pública y menos en tareas de contralor. Ex obrero tabacalero y dueño de una florería, su mayor mérito es ser un incondicional de Macri en la comisión directiva xeneixe (ver nota aparte). Su esposa, Liliana Iamurri, coordinadora de los inspectores de la Dirección de Control y Fiscalización de Obras, tampoco tiene especialización en esa área: su antecedente más conocido es su participación en la Comisión de Vóley del club de la ribera.

Horas antes de que Macri pidiera la renuncia de Ríos, el diputado Juan Cabandié (Encuentro Popular para la Victoria) había pedido su desplazamiento y el del director de Fiscalización y Control, José Angel Báez. “En esa dirección reconocen que hay 600 denuncias de irregularidades en obras que están pendientes de control, es increíble que haya sólo 195 inspectores para controlar obras”, argumentó Cabandié.

Los antecedentes de Báez no son muy diferentes de los de su ex jefe: fue bombero de la Policía Federal y pasó primero por Boca, donde llegó de la mano del comisario Jorge Fino Palacios, para desembarcar luego en la Agencia Gubernamental de Control.

Si bien el derrumbe del lunes en Villa Urquiza no fue el primero en la ciudad, ni el único en que se registraran víctimas fatales, los cuestionamientos al sistema de inspecciones se hicieron más fuertes cuando se supo que la Uocra denunció el 17 de junio último la obra de la calle Mendoza por “falta de apuntalamiento en las medianeras”. Según informó el gobierno porteño, las inspecciones se realizaron el 18 de junio y el 13 de julio, cuando “la demolición estaba terminada”.

“Si los inspectores vieron la demolición terminada, también vieron que no había apuntalamiento en las medianeras y no clausuraron la obra como debían haber hecho”, dijo a este diario un vocero del gremio.

Ayer, el diputado Sergio Abrevaya (Coalición Cívica) advirtió que cuando se desborda el mercado de construcciones “el Gobierno de la Ciudad debe controlar las excavaciones, que son la antesala de este tipo de hechos”.

La empresa Desarrolladora Mendoza SA proyectaba construir un edificio de diez pisos con cocheras. Según se pudo comprobar tras el accidente, la empresa Pataro, subcontratada por la constructora, había excavado sin hacer el apuntalamiento de rigor en la medianera, dejando indefenso el edificio lindero, dos locales comerciales y dos plantas superiores donde funcionaba el gimnasio que se derrumbó.

El responsable de la construcción, el ingeniero Guillermo Heyaca Varela, está imputado por triple homicidio culposo en la causa iniciada por el fiscal José María Campagnoli. Su matrícula fue suspendida por 15 años por las autoridades porteñas.