Hubo un tiempo, allá por los noventa y aun a comienzos de este siglo, en que varios jueces de la Corte Suprema maquinaban estrategias para dejar en libertad al dictador Jorge Rafael Videla, diseñaban teorías para poner en duda la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y abrían las puertas de par en par al obispo castrense, entre otros que pugnaban por la supervivencia de las leyes de impunidad. Pero los vientos cambiaron, y parece que bastante. Según el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, si esto ocurre no es por obra exclusiva de la Corte actual ni de ningún juez en especial. “La decisión de llevar adelante los juicios de lesa humanidad es una decisión de toda la sociedad y no hay marcha atrás. Porque es una idea que ha madurado y no hay nada más poderoso que una idea a la cual le llega su tiempo”, celebró ayer al presentar un informe que da cuenta de la evolución de las causas contra represores por violaciones a los derechos humanos en la última dictadura. Estos juicios, afirmó, “no dependen de una coyuntura”, ni de “una elección”, ni “de la decisión de una persona que esté en el gobierno o de otra que no lo esté”. “Están hoy dentro del contrato social de los argentinos, forman parte del consenso básico que tiene la sociedad”, aseguró.

El carácter del evento organizado ayer por la Corte, la heterogénea lista de invitados –desde el juez español Baltasar Garzón hasta el diputado Francisco de Narváez– y el contenido del discurso de Lorenzetti intentaron poner en evidencia que el avance de los juicios contra los crímenes dictatoriales es parte de un proceso colectivo, que no tiene dueño, o que si algo lo distingue –dijo– es la impronta y la lucha de los organismos de derechos humanos, a los que mencionó uno por uno. Esta definición, tratándose del presidente supremo, es también un mensaje hacia todos los tribunales, donde el propio Lorenzetti señaló ayer la subsistencia de “resistencias básicamente culturales ante la transformación”. “Nosotros tuvimos como principio que esto se hiciera con las normas vigentes, sin leyes especiales” y “sin jueces especiales, con los jueces que ya estaban”, añadió.

“Hemos visto a las Madres de Plaza de Mayo, a las Abuelas, a la agrupación de Hijos, a todos los organismos de derechos humanos pedir justicia cuando no la había, en el mismo momento en el que los derechos fundamentales eran violados y siempre pidieron justicia, nunca ajusticiamiento”, destacó. Como parte del “proceso social y cultural” que ahora tiene a los juicios “como reflejo institucional”, el juez habló de la “ayuda” de otros países, en particular del juez Baltasar Garzón, cuando en Argentina persistía la barrera de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y de los indultos. La sola mención del invitado estelar, sentado en la primera fila de la majestuosa sala de audiencia, desató una ola de aplausos. Al reanudar el discurso, Lorenzetti aludió también a “dirigentes políticos, dirigentes gremiales, periodistas, escritores, artistas, toda una comunidad que empezó a hablar de este tema y lo instaló en la sociedad culturalmente”.

El informe que presentó, elaborado en la Corte, sistematiza datos recogidos desde 2006 sobre los juicios que se hicieron, los que están en danza y los que faltan. “Podemos decir luego de este informe que estamos en presencia de uno de los procesos de investigación en materia de delitos de lesa humanidad más importante del mundo”, dijo Lorenzetti. “Hay más de cien causas en trámite, y están radicadas en todo el país (...) están muy difundidas, están muy avanzadas (...) pero lo que no podemos decir es que se haya hecho todo”, advirtió.

El informe recuerda que fue el máximo tribunal el autor de las sentencias que “removieron los obstáculos para que estas investigaciones se lleven adelante” y permitió la “reapertura de todos los procesos”: declaró que los delitos de lesa humanidad no prescriben, dictó la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad e invalidó los indultos. “No hay prescripción, ni amnistía ni indulto posible”, refresca el documento. Luego, dice, vinieron los problemas materiales para implementar los enjuiciamientos: “no había suficientes jueces, ni empleados, tampoco espacios físicos ni elementos técnicos”. Para hacer un diagnóstico y buscar salidas se creó, dice, una unidad para Delitos de Lesa Humanidad –que depende del secretario general Alfredo Kraut– y se reunió a una comisión para agilizar las causas con la participación de los tres poderes del Estado.

El informe señala que aún persisten dificultades derivadas de la falta de jueces. Se queja, por ejemplo, de que no terminó el concurso para cubrir vacantes en la nueva Cámara de Casación creada en 2008; que una serie de concursos demorados mantienen vacantes juzgados clave en varias provincias; dice que desde abril de 2009 hay proyectos parlamentarios para crear nuevos tribunales orales en Capital, Córdoba, La Plata, Rosario y Salta que aún no se aprobaron. La falta de espacio físico para los juicios es advertida como drama persistente. También señala falta de agilización en algunas investigaciones y coordinación entre las distintas instancias judiciales. Y recuerda, contra la resistencia de algunos tribunales, que la publicidad de los juicios a través de los medios de comunicación es esencial a los ojos de la Corte.

El documento supremo incluye datos sobre:

- Veintiséis juicios concluidos. Entre los sentenciados a 25 años de cárcel figuran: el ex policía Julio Simón, alias el “Turco Julián”; el dictador Reynaldo Benito Bignone; el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides; el ex brigadier César Comes; el ex gobernador de facto de Formosa Juan Carlos Colombo. El ex comisario Miguel Etchecolatz recibió pena de reclusión perpetua. Prisión perpetua les tocó, por ejemplo, al ex capellán de la Policía Bonaerense Christian Von Wernich, al ex general Luciano Benjamín Menéndez, al genocida Antonio Domingo Bussi, al ex general Santiago Omar Riveros, al ex general del Primer Cuerpo Jorge Olivera Róvere, al ex teniente coronel Pascual Guerrieri y al ex jefe de Inteligencia de la Policía tucumana Roberto Heberto Albornoz. El ex juez federal Víctor Brusa fue condenado a 21 años de prisión.

- Trece juicios en curso. Uno es la megacausa sobre los crímenes cometidos en la ESMA. Otros juicios en Capital abarcan los crímenes en los centros clandestinos Club Atlético, Banco y Olimpo; los crímenes en El Vesubio y los de Automotores Orletti. En La Plata transcurre el juicio por los crímenes vinculados a la Unidad 9. En Chaco se juzgan los secuestros y desapariciones en la Dirección de Investigaciones de la Policía y la Masacre de Margarita Belén. En Córdoba hay dos juicios y en ambos Luciano Benjamín Menéndez es protagonista, en uno junto con Jorge Rafael Videla. Otros en Mendoza, en Santa Fe empezó el juicio contra el ex jefe del Segundo Cuerpo Ramón Díaz Bessone y cinco ex policías y en La Pampa acaba de iniciarse el proceso contra el coronel retirado Fabio Iriart.

- Cinco juicios en camino. El juicio contra el ex subcomisario Luis Patti empieza, en teoría, el 30 de agosto. Está acusado, junto con Reynaldo Bignone y Santiago Omar Riveros, por cinco secuestros y desapariciones. En Santiago del Estero serán juzgados Bussi y Menéndez desde el 14 de septiembre. En Mendoza, Mar del Plata y La Rioja hay juicios sin fecha cierta.

Frente a organismos, Madres de Plaza de Mayo, familiares de desaparecidos, diputados variopintos, jueces y funcionarios, Lorenzetti concluyó que los juicios por los crímenes de la dictadura ya forman parte de “los principios que nos unen hoy a todos los argentinos: el decir que no queremos nunca más que nuestros hijos y nuestros nietos tengan persecuciones del propio Estado, que los debió proteger, por tener diferentes ideas. La enseñanza más importante que nosotros podemos rescatar a esta altura del proceso es que no hay marcha atrás”.