Es difícil interpretar por qué los once diputados de Proyecto Sur, los seis del Partido Socialista y los cinco del GEN no intentaron imponer la restitución de los aportes patronales disminuidos a la mitad por Carlos Menem y Domingo Cavallo en 1993, dado que sin ellos el Grupo Ahhh... no hubiera podido sancionar un teórico incremento del haber previsional al 82 por ciento móvil del salario mínimo, de insuficiente sustentabilidad más allá de los primeros meses, una vez que se consumieran los recursos acumulados por la ANSES. Si la virtud de esos bloques que se identifican como de centroizquierda fue introducir en el debate la enorme transferencia de recursos de los trabajadores a las grandes empresas, realizada por el menemismo cuando privatizó el sistema previsional, su vicio fue reducir la cuestión a una alharaca testimonial y no concretarla en una política de poder. En comisiones y en el recinto, Proyecto Sur sostuvo que ni el gobierno del Frente para la Victoria ni la oposición del Grupo Ahhh... estaba interesada en reimplantar los casi 21 mil millones de pesos al año de aportes patronales. En el camino quedó demostrado que esta falta de voluntad se extiende también a quienes reclamaron esa medida pero no se empeñaron por conseguir su aplicación, como si sólo se tratara de un juego de posicionamientos políticos. En la hipótesis más generosa, privilegiaron golpear al gobierno, forzándolo al veto, antes que obligar a la oposición a definirse respecto del origen de los recursos para financiar el 82 por ciento que reclaman. El argumento que se invocó en 1993 para la reducción de los aportes patronales a la mitad fue que incentivaría la creación de empleo registrado, pero lo que ocurrió fue lo contrario: niveles record de desempleo y de precarización.

Los veintidós

El quórum de la Cámara de Diputados es de 129 presentes y la sesión del miércoles pasado se inició con 135. Es decir que aquellos veintidós que responden a Fernando Solanas, Claudio Lozano, Víctor De Gennaro, Humberto Tumini, Rubén Giustiniani y Margarita Stolbizer fueron imprescindibles para que el Grupo Ahhh... sancionara su proyecto, que sólo incluye una referencia genérica a los recursos de la ANSES y su fondo de garantía de sustentabilidad. Sólo los cinco diputados del Nuevo Encuentro Popular y Solidario conducido por Martín Sabbatella retacearon el quórum con la intención de forzar al Grupo Ahhh... a una negociación que volviera los aportes patronales a su nivel original, pero además eliminara las exenciones al impuesto sobre las ganancias de la renta financiera e incluyera nuevos gravámenes sobre la minería y los juegos de azar. Por cierto, una vez concedido el quórum, los bloques de centro izquierda carecían de fuerza para aprobar su dictamen de minoría. Un porcentaje significativo de Proyecto Sur ni siquiera votó por su propio proyecto. Tanto Miguel Bonasso cuando Cecilia Merchán y Victoria Donda terminaron por apoyar el dictamen del Grupo Ahhh... y lo mismo hicieron los socialistas y el bloque de Stolbizer. Una vez aprobado en general el dictamen de mayoría, la votación en particular se tornó secundaria. Pero incluso en esa instancia los socialistas votaron a favor del proyecto de la derecha y los diputados del GEN se abstuvieron. El Poder Ejecutivo ya anticipó que, si el Senado aprueba la media sanción, la vetará y cree que ello ocurriría sin escándalo, dada la inconsistencia del proyecto del Grupo Ahhh.... En una de sus visitas al Congreso, el ministro de Economía expuso que los recursos a los que el Grupo Ahhh... se refiere aumentaron más de la mitad de su valor desde la extinción de los comisionistas privados de las AFJP, pero no son realizables de inmediato. El 40 por ciento son activos ilíquidos. Del 60 por ciento restante, la mitad son inversiones en activos que no podrían venderse en menos de diez años y la otra mitad demandaría entre dos meses y siete años. Si esos plazos se forzaran, se perdería más de la mitad de su valor. Amado Boudou estimó que las empresas con acciones en la cartera de la ANSES sufrirían pérdidas por 6354 millones de pesos por una venta anticipada. Esas empresas se financiaron colocando acciones por medio de las AFJP, entre ellas el Grupo Clarín, cuyo valor se desplomaría en un 77 por ciento, y Siderar, de la Transnacional italiana Techint, Telecom, los bancos Macro, Galicia y Patagonia, Molinos, Pecom Energía, Aluar, Transportadora de Gas del Sur y Pampa Holding. Durante la sesión, el presidente del bloque oficialista, Agustín Rossi, reveló un dato desconocido: Clarín se niega a pagar el porcentaje de dividendos que corresponde al 10 por ciento del paquete accionario que la ANSES heredó de los comisionistas privados. Rossi también narró cómo llegaron esas acciones a poder del sistema previsional: las AFJP compraron a 30 pesos cada acción lanzada por Clarín al mercado. “Al mes valían 13 y ahora 6. Esa pérdida fue del sistema previsional y a cuenta de los trabajadores y jubilados argentinos”, tema que se dirime en una de las muchas causas judiciales que oponen al Grupo con el Estado. Esta semana se sumó otra, cuando Planificación declaró caduca la licencia de Fibertel para prestar servicios de Internet. Para Clarín se trata de un avance autoritario, ya que la Inspección General de Justicia aprobó la absorción de Fibertel por Cablevisión. Para el gobierno, la autorización debía provenir de la Secretaría de Comunicaciones, que nunca la concedió.

Parejas

La perspectiva electoral explica en parte tantos curiosos alineamientos, empezando por la súbita vocación reparadora del peornismo opositor (que desfinanció al Estado y privatizó el sistema previsional) y de la Alianza que redujo un 13 por ciento los ingresos de jubilados, pensionados y trabajadores estatales. La mayoría de sus miembros también se opuso a la recuperación para la sociedad del sistema previsional, que hoy permite estas discusiones. Dañar al gobierno es el único objetivo nítido que persiguen. Más allá, comienzan los roces entre los distintos sectores de la propia oposición. La sucesión presidencial se definirá en octubre de 2011, si alguna candidatura se impone en la primera vuelta, o en noviembre si nadie supera el 45 por ciento o el 40 por ciento más una diferencia del 10 por ciento sobre la segunda fórmula más votada. Pero las primarias abiertas obligatorias serán dentro de un año, y dos meses antes deberán conformarse las alianzas. Es decir que el mapa electoral comenzará a definirse dentro de apenas diez meses. Por eso, al mismo tiempo que se dirime quiénes representarán a cada partido en las urnas, se sondean posibles acuerdos por encima de las fronteras partidarias. Tan pronto se forman como se deshacen fantasmales parejas, que no constituyen mucho más que tentativas de ir delimitando espacios de atracción o de rechazo. Luego de casi tres décadas del baile democrático de la escoba ninguna combinación es imposible, pero a medida que corren los meses se acelera el ritmo de la melodía y nadie quiere quedar solo, ni en el oficialismo ni en las múltiples facetas de la oposición, que sólo se unifica en la fantasía (o la exigencia) de las corporaciones.

En 2005, los diputados bonaerenses de Carrió pidieron el juicio político del entonces gobernador Solá y de su ministro de Asuntos Agrarios Raúl Rivara, a raíz de la compra directa y con pago en efectivo anticipado de tres millones de kilos de harina de maíz y soja por parte del gobierno provincial a la empresa Rivara S.A., presidida por un hermano del ministro. Solá desdeñó la acusación como un “circo político”. En diciembre de 2008, la propia Carrió se refirió a Solá (y al vicepresidente Julio Cobos) en un acto de la juventud del ARI en Mendoza: “No vamos a incorporar a los corruptos que hace tres meses pertenecían al régimen”, dijo. Durante la sesión legislativa, Solá recordó aquellos años. Contó que Kirchner una vez le dijo “el poder es tener cash” para “hacer los programas que uno quiera”, dando y quitando en forma “siempre arbitraria”. No hay registro de que Solá lo haya denunciado antes de ahora. La intransigencia de Carrió no se ha modificado respecto de Cobos. Solá, en cambio, ha merecido su indulto, por razones que no han tenido una explicación pública. Por estricto orden alfabético, la jefa de la Coalición Cívica Libertadora también contempla el acercamiento con el líder de Proyecto Sur, Fernando Solanas. Presionado por las pequeñas fuerzas que buscan un paraguas para guarecer sus propias candidaturas, el cineasta se está resignando a una postulación testimonial para la presidencia, en vez de competir con mayor probabilidad por la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Quien aspira a esa posición en lugar de Solanas es el economista Claudio Lozano, cuyo aporte es funcional en el bloque legislativo pero que carece del atractivo electoral necesario para disputar el cargo mayor. Solanas se tentó con la posibilidad de sumar allí a la ex chaqueña, pero tuvo que retroceder antes que rápido. Pocas horas después de admitir coincidencias con Carrió debió aclarar que estaba lejos de proponer una alianza y que diferían en algunos temas, como las retenciones a la comercialización de oleaginosas. La juventud del grupo de Lozano había emitido un furibundo comunicado titulado “No descarriemos”, según el cual “Elisa Carrió es parte del problema y no de la solución. Es el país que no queremos”. Carrió, por su parte, ungió al juvenil Adrián Pérez como su candidato en la Capital. Situaciones equivalentes se producen en el peornismo opositor. La nacionalidad del diputado Francisco De Narváez sólo le permitiría postularse en la provincia de Buenos Aires, por lo cual ha comenzado a sondear posibles combinaciones con precandidatos presidenciales que no tengan fuerte sustentación bonaerense. Una dentro del peornismo opositor, con el ex gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann y otra con el aún vicepresidente Julio Cobos, quienes oscilan entre una postulación presidencial y probar suerte una vez más en sus respectivas provincias. Dentro del Frente para la Victoria una corriente sostiene que la fórmula kirchnerista debería incluir como vicepresidente a Sabbatella. Otra, en cambio, entiende que ese lugar debe ser para el PJ y que Sabbatella sería un buen acompañante de Daniel Scioli para la vicegobernación bonaerense. Pero el ex intendente de Morón ha hecho saber que no aceptará esa propuesta, porque disiente con el armado político que implica, sobre todo en el conurbano y que, en cambio, aspira a la gobernación. Se propone repetir así la experiencia que hizo en su municipio donde fue elegido varias veces con más del 50 por ciento de los votos mediante el corte de boleta, ya que no adhirió a ninguna candidatura provincial. Durante el debate previsional, Rossi también recordó que al comenzar el año la agenda de la oposición consistía en mermar los ingresos del gobierno; cuando vieron que no podían avanzar pensaron en atacarlo por el lado de la expansión del gasto, escenario más simpático si se destinara a los jubilados. Pero su único objetivo, concluyó, era conseguir el títular del diario Clarín de ese día, que exhibió desde su banca en la madrugada. “Otra derrota para el gobierno. Diputados vota el 82 por ciento móvil”, decía. La secuencia no es tan lineal y la desfinanciación del Estado no ha salido de la agenda de la oposición, como se verá esta semana al vencimiento de las facultades delegadas por el Congreso en el Poder Ejecutivo para tasar las alícuotas del Código Aduanero. Bonasso por la jubilación máxima y Hugo Biolcati por la retención mínima forman la más improbable de estas extrañas parejas.