El juez federal Walter Bento decidió procesar a los camaristas Otilio Roque Romano y Luis Miret y a otros ex funcionarios de la justicia federal de Mendoza como partícipes en delitos de lesa humanidad. La solicitud había sido formulada por el fiscal Omar Palermo. Comienza de este modo la desarticulación del grupo que desde hace cuatro décadas maneja el fuero federal cuyano, desde el que ha garantizado la impunidad para los crímenes cometidos por la Triple A y la dictadura militar. Romano tendrá ocasión de ejercer su defensa al prestar declaración indagatoria el jueves 26, y Miret el viernes 27. La semana siguiente lo harán los ex jueces Guillermo Petra Recabarren, Rolando Carrizo y Francisco Guzzo. Además, el Consejo de la Magistratura está tramitando el juicio político de Romano y Miret. A todos ellos se les imputa no haber promovido la investigación de desapariciones forzadas y torturas cometidas por agentes militares y policiales, de las que tomaron conocimiento en su carácter de jueces, fiscales o defensores oficiales a partir de 1975. Con el apoyo del multimedio que conducen José Luis Manzano, Daniel Vila y Francisco De Narváez, Romano y Miret han intentado demorar el desenlace con recursos presentados ante jueces subrogantes de su amistad, recusaciones a otros magistrados y denuncias al Consejo de la Magistratura contra aquellos jueces que han permitido el avance de los procesos por crímenes de la dictadura. Romano aduce que el Consejo de la Magistratura no puede investigarlo por hechos en los que intervino cuando era fiscal. Pero no lo dijo ante el Consejo, sino en un recurso que presentó ante el juez ad hoc Carlos Parellada. El Consejo de la Magistratura apeló la decisión, pero entre tanto interrumpió el juicio político. El ex detenido desaparecido Fernando Rule denunció que el juez ad hoc era amigo íntimo de Romano, que trabajó en el mismo fuero durante la dictadura y que el camarista hizo ingresar a la justicia federal a una hija de Parellada. Otro conjuez, Luis Santamaría, ordenó reponer a Miret como profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, que lo suspendió en sus funciones. Una vez jubilado, Miret firmó un contrato que vence a fin de año. Durante una de sus clases justificó el golpe militar de 1976 por la necesidad de orden. Romano había recusado al propio Bento, alegando que la esposa del juez trabajaba en la Cámara que él integra, causal que no figura entre las que recoge el código procesal vigente. Bento rechazó esa pretensión y lo procesó. Romano también denunció al fiscal Palermo, atribuyéndole, sin ningún fundamento, la difusión en este diario de su pedido de procesamiento, lo cual, según su opinión, constituiría la violación de un secreto. Esto refleja bien el clima de sumisión que Romano y Miret habían conseguido imponer en el fuero cuyano y que hoy se desmorona junto con ellos.