EL PAíS › LOS RADICALES CON EL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CALLE MONTEVIDEO
El objetivo es acaparar todo el espacio posible en el Consejo de la Magistratura, pero la alianza es con una institución que apoyó los golpes y nunca cambió de opinión. Los avales incluyen apellidos como Martínez de Hoz, Grondona, Aramburu y Curutchet.
› Por Irina Hauser
Con el objetivo anclado en acaparar la mayor cantidad de espacio posible en el Consejo de la Magistratura, el radicalismo acordó una alianza con el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo, una institución que avaló los golpes de Estado de 1966 y 1976 y nunca perdió esa línea de pensamiento. El pacto consiste en presentar una fórmula compartida en la elección de fin de mes en la que los abogados porteños votarán su representante en el cuerpo de consejeros. Postulan al abogado Alejandro Fargosi como candidato titular y al dirigente radical Juan Pablo Zanetta como suplente. La lista de avales que presentaron ante la junta electoral incluye apellidos como Martínez de Hoz, Grondona y Aramburu. Lo que quieren, como sea, es evitar –dicen– que triunfe el aspirante que más agrada al kirchnerismo, Jorge Rizzo, presidente saliente del Colegio de Abogados de Capital, quien dice no tener preferencias políticas.
En la génesis de la alianza UCR-Colegio de la Calle Montevideo tuvieron un papel fundamental, de arquitectos, el diputado Ricardo Gil Lavedra y el titular del Comité de la UCR de Capital, Carlos Mas Vélez. En el ámbito de los abogados el resultado es la unión de dos sectores quizá poco afines en otros tiempos: el de Atilio Alterini, radical de origen y ex decano de la Facultad de Derecho, y el de Guillermo Lipera, de los letrados defensores de la dictadura. Ambos perdieron en las últimas elecciones del Colegio Público (la entidad más representativa y que matricula a los abogados), pero juntos sacaron el cincuenta por ciento de los votos, de ahí su esperanza en ganar juntos un lugar en el Consejo, el organismo que maneja la selección y remoción. Lipera no quiere ser consejero, por eso impulsa a Fargosi. El trato es que, si triunfa, ejerce el mandato por dos años y luego renuncia para que asuma Zanetta.
Para presentar una lista hay que entregar por lo menos 150 avales ante la junta electoral. La de Fargosi-Zanetta se llama “Cambio Pluralista” y tiene, además de la firma de autoridades del tradicional Colegio de la Calle Montevideo (Cacba), las de José Alfredo Martínez de Hoz hijo, su socio Mariano Grondona hijo y su tercer asociado Jorge Pérez Alati; también suscribe un descendiente directo y homónimo del dictador Pedro E. Aramburu; se suma Juan Curutchet, ex dirigente de UPAU en Derecho, convertido al menemismo y ahora vicepresidente del Banco Ciudad designado por Mauricio Macri, y también aparece el ex legislador Jorge Enríquez, radical de origen y ahora macrista, quien fue fiscal en el juicio político que destituyó a Aníbal Ibarra y ahora es liquidador del organismo de seguridad social de los abogados (Cassaba), creado hace cuatro años.
El candidato Fargosi no es alguien de alto perfil. Según el currículum que publica en la web, se ha dedicado al derecho administrativo, civil, comercial y de telecomunicaciones. Fue, por ejemplo, titular de la asesoría jurídica de Telefónica. Zanetta es un viejo militante del radicalismo, actual presidente de la circunscripción 15, y funciona como un virtual secretario parlamentario del pequeño bloque radical de la Legislatura. Una carta que los respalda, firmada por Gil Lavedra, Ricardo Alfonsín y Mas Vélez, fue enviada a una lista de abogados afiliados al radicalismo habilitados para votar.
La dupla competirá con otras dos listas con cierto peso. En el ámbito abogadil todas las apuestas cantan que la mayor pulseada será entre ellos y Rizzo, quien acaba de terminar su presidencia en el Colegio Público y logró dejar –elecciones mediante– a un sucesor de su agrupación, Gente de Derecho. Rizzo difundió un comunicado en el que asegura que su lista no es “ni K, ni radical, ni de izquierda, ni derecha”. Es enfático en diferenciarse del kirchnerismo, que aparentemente lo mira con simpatía. Pero él destaca que, por ejemplo, impugnó en tribunales la reforma del propio Consejo de la Magistratura de 2006 y consiguió la declaración de inconstitucionalidad de la llamada “ley espía” (que ordenaba guardar por diez años las llamadas telefónicas de todo el mundo y los e-mails). “¿Cómo puede ser K Gente de Derecho?”, insiste su gacetilla. En la emisión de ayer de su programa de radio, en AM, Rizzo habló de su contrincante Fargosi, o más bien de su padre, Horacio Fargosi, y sugirió que el hijo quiere ser consejero para ayudarlo a esquivar una investigación judicial por el vaciamiento de Aerolíneas Argentinas, compañía que presidió en 2008.
También compite el ex integrante del Consejo Beinusz Szmukler, que tiene a su favor la fama ganada en sus años de consejero: fue uno de los miembros más activos del cuerpo, desafió a la corporación de jueces, denunció pactos escondidos políticos y judiciales y fue el promotor de 17 dictámenes acusatorios contra magistrados, de los cuales 11 fueron elevados a juicio político con aprobación del plenario. Hay quienes vaticinan que la lista de Szmukler podría dar alguna sorpresa, más aún teniendo en cuenta los variados apoyos que obtuvo, que abarcan nombres que van desde León Arslanian, pasando por Miguel Angel Espeche Gil y Héctor Polino hasta Leandro Despouy. Con otras listas intentarán pelear votos Mario Podolsky y Elías Salazar.
En el fragor de esta batalla electoral, Szmukler difundió un documento que cuestiona la alianza entre radicales y el Colegio de la Ciudad que años atrás encabezó Roberto Durrieu, el ex secretario de Justicia del dictador Jorge Rafael Videla. “El Comité de la Unión Cívica Radical –advierte el texto–, contradice sus raíces populares y democráticas, y legitima a los autores de los golpes de Estado de los que su propio partido fue víctima, puesto que todos sus directivos han sido sostén activo de cuanta dictadura militar asoló a la Argentina desde 1930 hasta 1983.” Recuerda que las propias actas del Cacba afirman que los golpes del ’66 y el ’76 fueron “respetuosos de la ley y de la independencia judicial”, y que las Fuerzas Armadas salvaron a la República cuando “había vacancia de poder y un vaciamiento de la patria, tanto moral como político y económico”.
Para ilustrar que esas ideas no perdieron vigencia en la institución, Szmukler cita en diálogo con Página/12 un artículo bien reciente que se puede leer en el portal de Cacba, en el que dicen que la detención y enjuiciamiento del ministro de la dictadura y cara civil del golpe José Alfredo Martínez de Hoz por el secuestro de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, son fruto de un “sistema de inequidad basado en la venganza que se disfraza con una falsa búsqueda de justicia”. Refresca también otros nombres del mismo club de abogados como el ex ministro de Gobierno bonaerense de la dictadura Jaime Smart, detenido por el secuestro del periodista Jacobo Timerman y por torturas y homicidios en los centros clandestinos Puesto Vasco y Pozo de Banfield, y Eduardo Aguirre Obarrio, quien fue ministro de Defensa de Alejandro Lanusse, estuvo detenido por la masacre de Trelew y ahora integra el comité de ética del Cacba.
–¿Por qué decidieron promover la alianza con este sector comprometido con los regímenes dictatoriales? –le preguntó este diario a Gil Lavedra, diputado y ex camarista del Juicio a las Juntas.
–Es muy importante para nosotros en la próxima elección no nombrar a un abogado que esté en línea con el kirchnerismo. Los números en el Consejo, con su composición actual, son muy justos y un abogado puede definir una votación.
Y todo esto es por la elección de apenas un consejero de los once que se renovarán antes de que termine este año sobre el total de trece miembros. La votación del futuro representante de los abogados porteños será el 31 de agosto y participarían algo más de 40 mil matriculados. Los abogados del interior del país definirán su delegado para el Consejo el 21 de septiembre entre cinco candidatos. Unos días antes, el 15 de septiembre, los jueces nacionales (unos 900) optarán por tres consejeros. Es casi cantado que entrará por la lista Bordó Ricardo Recondo, un camarista civil, radical, que preside la Asociación de Magistrados. Pero hay que ver si los otros dos son o no de la misma lista.
El radicalismo, como está a la vista, se dispone a acaparar la mayor cantidad de lugares para sí o para aliados a su proyecto en el Consejo. El representante académico será elegido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que aún no se sabe cuándo votará. La UCR pondrá un nuevo diputado y un nuevo senador como consejeros. El kirchnerismo podrá hacer tres designaciones nuevas. El diputado Marcelo Fuentes y el delegado del Poder Ejecutivo, Héctor Masquelet, son los únicos que conservan sus cargos en todo el cuerpo.
Lo más sorprendente es que tanta ingeniería electoral puede llegar a desmoronarse sin más si, tal como quiere la oposición, se vota en el Senado la reforma del Consejo que aumentaría su número de integrantes a 18. En ese caso caducarían los cargos, aun los recién elegidos, y habría que votar a todos los consejeros otra vez. Igual, siempre está la chance de que el Poder Ejecutivo vete la nueva ley.
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