Luis Abelardo Patti quema los últimos cartuchos en busca de impunidad. A un mes del inicio de su primer juicio por crímenes de lesa humanidad y ante un supuesto agravamiento de sus problemas neurológicos, el represor fue trasladado ayer desde la cárcel de Devoto hasta la clínica Fleni, en Escobar, donde pasó la mayor parte de 2010. “Su retorno al Fleni nos genera desconfianza y temores”, advirtió la abogada Ana Oberlin, de Hijos Rosario, quien recordó que “por personas que lo vieron internado supimos que sus condiciones físicas no eran las que reflejaban los informes médicos y que realizaba reuniones políticas en las que se analizaban alternativas para eludir el juicio”. Oberlin y el también abogado Pablo Llonto le solicitaron al Tribunal Oral Federal 1 de San Martín que el examen mental previo al juicio, previsto para la próxima semana, no quede en manos del cuestionado Cuerpo Médico Forense (CMF) y reclamaron que se dé intervención a especialistas de las facultades de Psicología y Medicina de la Universidad de Buenos Aires y de la Asociación Médica de Buenos Aires, que en abril encontraron lúcido y en condiciones de ser juzgado al coronel Manuel Saint Amant, a quien el CMF había declarado incapaz.

La estrategia de Alfredo Bisordi y Silvio Duarte para probar que Patti es incapaz de comprender y comunicarse, paso previo al reclamo de suspensión del juicio, rindió los primeros frutos en enero, cuando lograron la autorización para una operación de ligamentos cervicales. Durante la intervención Patti habría sufrido un accidente cerebro vascular (ACV) que le permitió tomar distancia del penal de Marcos Paz, donde estaba detenido desde 2007, y pasar un semestre en el centro de rehabilitación de Escobar, que inauguró cuando era intendente y donde no se privó de sacarse fotos disfrazado de payaso.

Cuando los defensores de Patti empezaron a gestionar su arresto domiciliario, un perito de parte de los querellantes dictaminó que no era imprescindible el tratamiento indicado por los médicos de Fleni y describió al paciente como un burdo simulador. A principios de agosto los jueces Héctor Sagretti, Lucila Larrandart y Marta Milloc ordenaron su traslado al hospital del Servicio Penitenciario Federal en Villa Devoto. En la noche del viernes 13, cuando llevaba apenas 48 horas preso y mientras su esposa y sus admiradores deambulaban por cuando medio les daba espacio denunciando la “violación de los derechos humanos (sic)” del torturador, sus abogados presentaron un hábeas corpus aduciendo un “agravamiento en las condiciones de detención”. No comía y tenía un cuadro depresivo, adujeron. La Justicia rechazó el recurso, pero en una decisión atípica lo envió al Sanatorio Anchorena. Ayer el TOF de San Martín autorizó su regreso al centro de rehabilitación de Escobar y no al Hospital Penitenciario de Ezeiza, que según consta en la causa se encuentra acondicionado para el tratamiento que recibe Patti y sobre cuyos profesionales no pesan sospechas de parcialidad.

La próxima semana tendrá lugar el examen mental obligatorio para todo acusado por un delito cuya pena exceda los diez años de prisión. Tal como se preveía, los abogados de Patti solicitaron que se evalúe si el ACV de enero le produjo una “incapacidad sobreviniente” que permita excluirlo del proceso. Los abogados querellantes pidieron la intervención del Gabinete de Psicología Forense de la Facultad de Psicología de la UBA, de la Facultad de Medicina de la UBA y de la Asociación Médica de Buenos Aires.

Fundan la desconfianza en el Cuerpo Médico Forense en la intervención dispuesta por la Corte Suprema de Justicia por falta de controles e irregularidades, pero también en su actuación concreta en causas por delitos de lesa humanidad. En julio de 2008 peritos del CMF dictaminaron que el coronel Saint Amant no estaba en condiciones de defenderse. Veinte meses después, a pedido de Hijos Rosario, una pericia de psicólogos y médicos de la UBA sostuvo lo contrario: el mayor responsable de la represión ilegal en San Nicolás comprende hechos, pruebas, derechos, y puede defenderse si le place.

Oberlin y Llonto también llamaron la atención sobre un dato que surge del último dictamen del CMF. Los peritos aconsejaron realizar el tratamiento de recuperación en el centro Fleni o en el Instituto de Neurociencias Buenos Aires, Ineba. “Resulta llamativo y desde nuestro punto de vista una falta de ética que se aconseje dicha institución, ya que quien presidió la pericia, doctor Osvaldo Fustinoni, forma parte del staff, justamente a cargo del área de enfermedades cerebrovasculares.”