Porque se engañó o porque creyó que ésa era la línea de acción que le convenía, toda la estrategia de Clarín estaba dispuesta para el caso de que el Gobierno decidiera el martes la intervención de Papel Prensa. Como la intervención no existió, a duras penas el multimedia logró que el miércoles un portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos dijera que “estaba atento al debate sobre libertad de prensa” en Argentina y que era un tema en las relaciones bilaterales. Ese mismo día, el canciller Héctor Timerman y la presidenta Cristina Fernández se reunieron con la embajadora norteamericana, Vilma Martínez, y con la subsecretaria del Departamento de Estado para las relaciones públicas, Judith McHale, y destacaron el “excelente nivel” de la relación entre los dos países.

Haciéndole ascos al profesionalismo, hasta los programas periodísticos de ese día se habían preparado para esa medida, haciendo hablar a los entrevistados que se prestaron al juego como si ya se hubiera anunciado una medida que nunca existió. Y el lobby de políticos que le responde en el Parlamento ni siquiera cambió las respuestas que había preparado frente a una supuesta intervención. La decisión de enviar el informe sobre Papel Prensa a la Justicia y un proyecto de ley al Congreso para declarar de interés público la producción de papel de diario desbarató esa estrategia, que estaba destinada a buscar una fuerte repercusión internacional, similar a la que soportó el presidente venezolano Hugo Chávez cuando no renovó la licencia vencida a la televisora RCTV.

En ese cuadro, el argumento más efectista contra el Gobierno ya había comenzado a hacerse jugar con la imagen de una “chavización” del proceso político argentino, cuyo momento culminante habría sido cuando el oficialismo tomara el control del monopolio de papel de diario en la Argentina. La denuncia de chavización del Gobierno, como estrategia, se pinchó cuando se abrió el juego a la Justicia y al Congreso y no se produjo la intervención. Cualquier grito heroico contra el supuesto avance autoritario queda dirigido ahora contra la Justicia y el Congreso. La protesta exagerada queda expuesta como antidemocrática.

El argumento de los militares para explicar la persecución a la familia Graiver fue que David Graiver era el banquero de los Montoneros. Promovieron una campaña de difamación en la que participaron los diarios que después compraron Papel Prensa y así fue aceptado por el sector de la población que tenía empatía con los represores. Esa misma línea defensiva fue peligrosamente retomada por algunos voceros, periodistas y políticos, de la oposición –en especial por Elisa Carrió–, cuando salieron a discutir el informe sobre Papel Prensa que difundió el martes el Gobierno. Carrió siempre se exculpó diciendo que era muy joven cuando fue fiscal durante la dictadura. Pero ésta no es la primera vez que reproduce con tanta similitud el espíritu y los argumentos de ese sector de la población que apoyó a la dictadura y que después mutó en fanático de la democracia y el republicanismo.

La idea de los militares consistía en que si los Graiver eran judíos, banqueros y montoneros, entonces se los podía secuestrar, violar, torturar y despojar de sus bienes. Era la idea de justicia que tenía Ramón Camps, el entonces jefe de la Policía Bonaerense. Resulta enervante aclarar que ser judío, banquero o montonero o cualquier otra cosa no justifica el secuestro, la tortura o el despojo. Por eso, hacer una defensa de Clarín empezando con esa línea argumental, como hizo Carrió, es poner a Clarín donde está tratando desesperadamente de que no lo pongan: junto a los dictadores.

Es más, en ese mismo contexto se puede leer la carta de Isidoro Graiver que se publicó el miércoles, donde afirma que la venta de Papel Prensa a Clarín y La Nación se hizo sin presiones y en libertad, y donde también sugiere que las únicas presiones que sufrían –dice que por eso tuvieron que vender a los apurones– eran de los Montoneros que exigían la devolución de 14 millones de dólares. Puede haber habido presiones y amenazas, o no, por parte de Montoneros. Pero lo real es que no fueron secuestrados, torturados ni despojados por Montoneros, sino por la dictadura. Los hechos muestran una realidad concreta diferente de esas afirmaciones, que exculpan a sus verdugos con esa especie de síndrome de Estocolmo. Fue más que extraña la circulación de la carta de María Sol, la hija de David Graiver, exculpando a los compradores de Papel Prensa. Ella tenía un año y medio en la época en que se produjeron estos hechos y sólo puede conocerlos a través de terceros. Y más extraña aún fue la carta de Isidoro Graiver, escrita ante escribano público y dirigida a su sobrina María Sol. Un sistema bastante enrevesado de comunicación que pone de manifiesto que estaba manipulado por abogados. Sobre todo, porque además Isidoro contradijo en esa carta –y en su declaración posterior– lo que había declarado antes al fiscal Ricardo Molinas.

En la página web de Clarín, Pino Solanas usó al fiscal Molinas para defender a ese diario, a La Nación y a Papel Prensa. Aseguró que Molinas, que había investigado la operación, le había asegurado que la venta no había sido ilegal. Pero el hijo del fiscal Molinas, Fernando, que en ese momento era secretario de su padre, desmintió a Solanas y recordó que el fiscal había pedido anular la venta de la papelera y había presentado las denuncias penales correspondientes, igual que hizo ahora el Gobierno.

Otra cosa que nadie discute y que todos dan por hecho y sabido es que los militares estaban interesados en apropiarse de Papel Prensa para entregarla a empresarios amigos. Tampoco nadie discute que había una interna entre el Ejército y José Alfredo Martínez de Hoz, por un lado, que se inclinaban por los dueños de Clarín, La Nación y La Razón, como se hizo; y el almirante Emilio Massera y la Armada, por el otro, que preferían al banquero José Rafael Trozzo. La empresa estuvo en la mira de los dictadores desde el primer momento. Ese es un tema que no está en discusión y que nadie puede desmentir. Sería inocente pensar que, si estaban interesados, se cruzaron de brazos esperando que se realizara la operación. El único testimonio que toma en cuenta ese dato tan importante y evidente de la realidad es el de Lidia Papaleo, que, además, era la que estaba a cargo de los negocios del grupo tras la muerte de su marido, David Graiver, en un extraño accidente de aviación. Nadie con el más mínimo sentido común puede pensar o intentar que los demás crean que la dictadura se mantuvo al costado de ese proceso que era tan determinante, tan decisivo. Se trataba del monopolio del papel de diario, desde el cual se puede controlar a los medios gráficos.

En realidad, lo único que puede estar en discusión es si los directivos de Clarín y La Nación fueron cómplices del proceso que los terminó favoreciendo o si simplemente se favorecieron “de buena fe”, como dicen los escritos de los abogados defensores. Ese es el punto que deberá dilucidar y probar la Justicia, pero es más que evidente que Lidia Papaleo vendió en una situación de vulnerabilidad total y bajo presiones de todo tipo. En la defensa ofuscada y en bloque que hizo el lobby político de los acusados, esa situación fue denigrada. Se volvió a victimizar a la víctima. Resulta extraño porque en las notas publicadas sobre el tema, el diario fue más cuidadoso que los políticos que lo defienden. Esa forma de argumentar no defiende a un medio de comunicación, sino que es la defensa de los métodos de la dictadura, a los que todos esos políticos y periodistas evitaron mencionar dejando un agujero ominoso en sus discursos.

En todo caso, será la Justicia la que determine ahora los aspectos ilegales de la venta de Papel Prensa. Al Congreso le corresponderá definir si la producción, comercialización y distribución del papel de diario, que están monopolizados, se declaran de interés público –y por lo tanto serán regulados de alguna manera– o si quedan como hasta ahora, en función de la decisión del mismo monopolio. Más allá de cualquier disquisición a favor o en contra de lo que hayan hecho Clarín y La Nación en Papel Prensa hasta ahora, desde el punto de vista institucional, democrático y republicano, el ejercicio de la libertad de prensa no puede quedar librado a la buena o mala voluntad de nadie. Tiene que haber resguardos institucionales de algún tipo también para regular y democratizar el acceso igualitario al papel de diario.

Pero el país está entrando poco a poco en un año electoral y son muchos los que no quieren confrontar justo ahora con el multimedia más grande. La regulación del mercado del papel para diarios es una medida con la que difícilmente se pueda estar en desacuerdo. Pero muchos buscarán perderse en vericuetos y ambigüedades, dirán que están de acuerdo pero que en este caso se trata de un ataque del Gobierno contra Clarín o correrán al Gobierno por izquierda y exigirán que se intervenga Papel Prensa, para que en realidad, todo quede en la nada. El escenario electoral inminente ensuciará todos los debates de aquí en adelante.