Una ola de rumores tremendistas recorría el espinel político-empresario local antes del discurso de la Presidenta. La fantasía paranoica no escatimaba nada: detenciones ipso pucho de popes del establishment, intervención a Papel Prensa, expropiación (sin reparar en que exige ley e indemnización previa), confiscación, toma de las instalaciones. Cristina Fernández de Kirchner anunció que se promoverían denuncias o querellas ante el Poder Judicial y que se enviaría un proyecto de ley al Congreso. El encauzamiento institucional alivió y enardeció al mismo tiempo al Grupo A y a su conducción empresaria. Sin poder disimular el mal humor, portavoces legislativos y periodísticos del sector explicaron esa sensata decisión como un retroceso, impuesto por sus anticipos preventivos. A estarse a ese relato, el kirchnerismo es un chavismo de baja intensidad, que se frena ante conferencias de prensa, entrevistas cariñosas en canales de cable y solicitadas previsibles de las corporaciones.

La única verdad, de momento, es que la Presidenta interpeló a los otros poderes del Estado y dinamizó un debate relevante en la opinión pública: la responsabilidad civil, empresaria en especial, en la dictadura apodada “Proceso”. El resto engorda la nómina de mitos urbanos.

El judicial y el parlamentario son escenarios arduos para la intención del Ejecutivo. En los tribunales, pesa sobre quien reclama la “carga de la prueba”. La persistencia de lo firmado en materia comercial y la presunción de inocencia en materia penal sustentan a quienes defiendan lo obrado. El Congreso vale un párrafo, que ya viene.

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Cámara baja: El proyecto de ley, tras algunos cabildeos en Olivos y la Casa Rosada, tendrá a Diputados como cámara iniciadora. La privilegió como escenario político, que fuerza a definiciones a un abanico opositor muy variado, respecto de la mayor paridad de fuerzas existente en el Senado.

El texto escrito por el secretario legal y técnico Carlos Zannini repite su tendencia al “minimalismo legislativo”, como lo apodan los operadores parlamentarios del Frente para la Victoria. Tiene un articulado breve, que va al hueso del problema: redefinir el “mercado” (por llamarlo con una licencia poética) del papel para diarios. Un monopolio típico, sobre el cual deberán definir posiciones las distintas vertientes opositoras. En el núcleo duro del Grupo A (radicalismo, peronismo federal, Coalición Cívica y Unión PRO) se prevé un alineamiento total o muy dominante con los intereses concentrados. El GEN de Margarita Stolbizer, a veces con variantes discursivas, suele constelar en torno de ese sol. Quizá, sólo quizá, cambie su trayectoria si todo el centroizquierda define otro rumbo.

El FpV aglutina alrededor de 110 voluntades (el porotómetro jamás es preciso, en esta etapa) entre votos propios y adhesiones de fuerzas de centroizquierda, pequeños bloques provinciales, concertacionistas que aún lo son y una ristra de monobloques.

La clave, pues, son Proyecto Sur con sus once diputados, el socialismo que tiene cinco y el Partido Nuevo del senador Luis Juez. También podrían incidir, si la justa es muy pareja, algún peronista federal en tránsito o algún faltazo del otro lado a la hora de pulsar el botón. Agustín Rossi, titular de la bancada oficialista, ejercitará el optimismo de la voluntad procurando los votos de a uno. El texto escueto del proyecto puede, en tal caso, tener una funcionalidad que es habilitar propuestas de reformas o añadidos a cambio del apoyo. Así ocurrió con la Ley de Medios Audiovisuales, en cuya redacción final y sanción fue determinante el aporte del centroizquierda.

La posición de Proyecto Sur está por verse. En las primeras horas ulteriores al discurso, los diputados Alcira Argumedo y Claudio Lozano formularon declaraciones favorables a una intervención estatal más decidida en el mercado. Lozano señaló, con tino, que una norma de ese tipo es autónoma de las peripecias de la venta de las acciones de Papel Prensa durante la dictadura y pidió reglas similares en otros mercados. Argumedo manifestó que la Presidenta se quedó corta respecto de la empresa. Simplificando acaso, concordaron en esencia pero “fueron por más”. En cambio, Pino Solanas se fue inclinando a ponerse de punta contra el proyecto oficial. Su táctica cotidiana oscila entre dos imanes: la coherencia ideológica y el afán de no ser sindicado como “funcional al kirchnerismo”. En este caso, la disyuntiva añade una particularidad: ser vital para una victoria opositora impone convalidar una estructura monopólica. Cuando se trató el 82 por ciento móvil Proyecto Sur garantizó el éxito de la propuesta del Grupo A, carente de consistencia financiera dándole el quórum. Desistió de su propuesta, mucho más consistente, pero se enrolaba con una bandera distributiva. Las diferencias son patentes.

El proyecto incluye una Comisión Bicameral con la lógica preeminencia opositora. Desde el Grupo A se reprocha que no se haya enviado un marco regulatorio. El oficialismo replica que esa sería una etapa posterior a la aceptación del interés público en la producción de papel.

En todas las provincias hay diarios que sufrieron y sufren la concentración del mercado, que podrían empujar un voto positivo de sus diputados, en defensa de sus intereses. Pero en muchas, en las más grandes especialmente, también hay medios de larga tradición que fueron absorbidos por el multimedios. El lobby será –ya es– feroz. Un dato relevante asoma en el firmamento: los cruzados de Clarín ya usan su nombre propio y el de Papel Prensa, aunque siempre condimentado con menciones a la libertad de expresión. De cualquier modo, es un develamiento: está en juego el poder de una empresa, primero que nada.

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Un mundo feliz: Lidia Papaleo de Graiver testimonió su verdad ante la Fiscalía, en La Plata. Su versión fue contradicha por su cuñado, Isidoro Graiver, en actas notariales difundidas por Clarín y La Nación. La polémica entre dos víctimas del terrorismo estatal obliga a extremar el respeto a ambos, ahorrando adjetivaciones o especulaciones de todo tipo. Sin embargo, como debaten en público algo se deberá decir, extremando la cautela.

Lo más relevante, tal vez, sea jerarquizar los hechos, muchos de ellos probados hace décadas. El primero es el contexto dictatorial, menoscabado en la narrativa hegemónica. En la investigación del fiscal Ricardo Molinas, durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín, Lidia Papaleo e Isidoro Graiver coincidieron en puntualizar que Francisco Manrique les transmitió que debían vender. También dijeron que la presión del gobierno los obligó a vender, no da la impresión de ser ese un ejemplo de libertad de los contratantes o de seguridad jurídica. En la coyuntura que se vivía esa era una oferta imposible de rechazar, porque aparejaba riesgo de muerte.

Una nota publicada en Tiempo Argentino, firmada por los periodistas Cynthia Ottaviano y Juan Aguilar documenta que Isidoro Graiver, dos meses atrás, les explicó que la venta fue “un afano”, consecuencia de las presiones del gobierno militar.

Muchos empresarios fueron despojados de su patrimonio mediante aprietes terribles, detenciones, desapariciones y torturas. Fue un modus operandi cotidiano. Suponer que la viuda de un financista judío, sospechado de manejar dinero de la organización Montoneros, tenía una franquicia del régimen para contratar en libertad es una afrenta a la inteligencia y a la memoria histórica.

La intervención directa de la Junta Militar está probada por las publicaciones de los diarios adquirentes, citada como un blasón y un respaldo. En otra contingencia histórica, vale como autoincriminación política e histórica.

Los datos del “contrato”, también documentados, son contundentes. Papaleo de Graiver transfirió las acciones en cuestión en plena dictadura. El precio fue inferior a la tasación judicial del Banco Nacional de Desarrollo. El anticipo pactado como “principio de ejecución” fue vil, menos del uno por ciento del total. La lógica comercial fuerza que, para poner en vigor un acuerdo, el anticipo debe ser una parte sustancial del precio. El cronista propone a abogados y jueces que rememoren cuántos contratos millonarios en dólares vieron, en su vida, que tuvieron principio de ejecución a cambio de tamaña bicoca.

Hacía falta la aprobación judicial para tutelar los derechos de la menor María Sol Graiver, no la hubo.

El dictamen de Molinas, escrito hace un cuarto de siglo, da cuenta de esas irregularidades. En otras páginas de esta edición se describen con minucia su contenido y conclusiones. Confirman en gran medida la descripción de la Presidenta, hasta en interpretar que la detención-desaparición de los Graiver se manejó para sellar el contrato y dejar Papel Prensa fuera de la confiscación de bienes que, tras cartón, consumaría la Comisión Nacional de Reparación Patrimonial (Conarepa), un engendro dictatorial, congruente con su designio general. La Conarepa privaba de todos los derechos civiles y ciudadanos a determinadas personas y confiscaba sus patrimonios. Una nota periodística publicada en esta semana la describe como “un órgano de la dictadura”, lo que podría inducir a un distraído a parangonarla, por caso, con la Subsecretaría de Remonta y Veterinaria. Era algo bien diferente.

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Disparen contra la víctima: En el recomendable libro El genocidio como práctica social, el sociólogo Daniel Feierstein advierte contra la perversa tentación de establecer categorías de víctimas de crímenes de lesa humanidad. “Nunca un delito es definido por la víctima que lo padece y si bien algunos agravantes o atenuantes se vinculan a las características de la víctima, esa vinculación se hace sin alterar el principio de igualdad ante la ley.” También refuta la interpretación basada en los documentos de los vencedores, esto es, de los represores.

Estigmatizar a la víctima, valerse de su pasado previo al martirio, es inadmisible. Hablamos, se entiende, de la recurrente mención a los lazos de David Graiver con la organización Montoneros. Adoptarlos como eje central es, sin asumirlo, validar los procedimientos de la dictadura. Una tentación pierde a muchos comentaristas: caracterizar a los campos de concentración y exterminio como un espacio excepcional dentro de la sociedad de esos tiempos. En el caso de Papaleo, algo así como un lugar para pesquisar, sí que con métodos intolerables, hechos comprobados, “imputados” a los sospechosos.

La diatriba contra la viuda de Graiver evoca malamente lo ocurrido cuando se recuperó la democracia, la sospecha sobre los sobrevivientes. Y, de modo involuntario, confirma la validez de los temores de algunos de ellos, su retracción a declarar, la persistencia de la dominación.

Recriminar a quien calló durante años, exigirle que debió haberlo hecho en otro momento (aquel en que, entre otros detalles, estaba sometida a proceso porque primaba la intención de sondear su relación con Montoneros que sus razones de víctima) es un abuso, por valerse de un eufemismo. Muchas víctimas se expresaron pronto, otras no tuvieron fuerzas o voluntad. Nada prueba eso sobre la veracidad de sus denuncias posteriores. La familia Papaleo-Graiver no figura como víctima en los anales de la Conadep; sin embargo es un hecho que sus derechos humanos fueron avasallados.

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Tiempo de todo: Si algo garantizan los tribunales es parsimonia: los expedientes se tomarán años hasta llegar a sentencias, mucho más allá del mandato de la actual Presidenta. El Legislativo, que apunta al futuro, tendrá fragorosas sesiones en un lapso más corto.

Los socios del silencio se repiten en sus cavilaciones, que son exigencias. ¿Por qué remover el pasado? ¿Por qué fijar la mirada atrás relegando al presente y al porvenir? Son sofismas, el pasado es una mochila del presente, todas las sociedades lo sustancian. El juez Baltasar Garzón lo procura, asediado por la derecha española. Los alemanes elaboran su pasado nazi, exponen su autocrítica, honran a las víctimas. Lo hacen con mayor lentitud que en la Argentina, cada sociedad lleva sus ritmos, pero se hacen cargo.

Además, es muy obvio que ninguna sociedad se detiene. En nuestro país se discute (por mencionar apenas una muestra) sobre la coparticipación federal, el sistema impositivo, el matrimonio igualitario, la iniciación ciudadana de los estudiantes movilizándose por sus derechos, el modelo económico, la distribución de la riqueza, los derechos de los trabajadores. Se pone el grito en el cielo si los camioneros hacen un piquete de cinco días y luego se someten a la conciliación obligatoria. Y se amenaza a los pibes, desde un gobierno local y desde muchos medios. Vista a la deree... cha.

En sociedades complejas siempre es tiempo de todo. Entre otros mil asuntos, de empezar a hacer primar la lógica democrática sobre la concentración económica. Se aduce, con razón, que es una lucha demorada, que el actual gobierno integra el pelotón de los deudores y que el mercado de papel no es el único a reformar. Son razones cabales que deberían servir de acicate a profundizar su propuesta, no de pretextos para cajonearla mediante el voto negativo o un culposo cajoneo.

Esta historia, como todas las demás, continuará.

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