“Hay una ruta del dinero que se debe explorar”, indica Martín Hourest, presidente de la comisión investigadora especial (CIE) de las escuchas ilegales. Su frase –que parece remitir al mítico “follow the money” de la investigación periodística de Watergate– se refiere, específicamente, a “quiénes están financiando a los presos Ciro James y Jorge ‘Fino’ Palacios”. En diálogo con Página/12, el legislador de Igualdad Social plantea las estrategias de investigación de la CIE, los posibles testigos que deberán consensuar y las alternativas del informe final que deberá estar antes del 15 de diciembre.

–¿Cuáles van a ser las líneas de la investigación sobre las responsabilidades políticas de Mauricio Macri y otros funcionarios?

–Esto hay que acordarlo con los miembros. Hay una línea que tiene que ver con el manejo y procedencia de los recursos humanos. Otra, con la creación de la Policía Metropolitana. Una tercera vinculada con la gestión de la crisis: si tuvo que ver con el sistema de decisiones o con el impacto social. Otra cuestión es si hay o no un sistema de decisiones paralelo: si tienen un equipo de solucionadores de problemas al costado del organigrama. Podría ser Andrés Ibarra solucionando problemas en cualquier área o bien Palacios salteando al ministro de Justicia y Seguridad.

–¿También se plantean la relación entre público y privado?

–Sí, el tema es si hay o no superposición de cuestiones privadas y el aparato público. Por ejemplo, si las mismas personas que le proveían seguridad a la familia Macri terminaron dentro de la Metropolitana. También debemos ver quiénes legitiman esas decisiones (Embajada de Israel, servicios de inteligencia internos) e indagar quién financia a los que están presos. ¿Quiénes financian a Palacios y James? ¿Sus mujeres? Hay una ruta del dinero que se debe explorar.

–¿Qué testigos piensa proponer?

–Hay que tomar testigos que tuvieron responsabilidad efectiva en el sistema de decisión, los que fueron objeto de este sistema y los que tuvieron relación. Esto va de Daniel Leonardo a Franco Macri, pasando por el ex embajador de Israel y por el sistema de inteligencia interna de la Metropolitana. También Andrés Ibarra, la Federal, Ackerman, la SIDE, la consultora Strategic Security, de Palacios.

–¿Es decir que piensan invitar a funcionarios nacionales, de la Federal y de la SIDE?

–Es razonable que los invitemos y que expliquen cómo funcionó el sistema de escuchas. Quiero darle la oportunidad a esas fuerzas de asumir posiciones. Tiene que ser incontrovertible que en el gobierno porteño sabían qué recursos humanos tomaban. Hay algo que tiene que quedar claro: si Macri, Palacios o Montenegro mienten en el expediente judicial, es parte de su defensa y nadie les puede decir nada. Ahora, en materia de responsabilidades políticas, la mentira sistemática debe ser castigada.

–¿A Palacios y a James los van a citar?

–Existe la posibilidad. También puede ser que declaren por escrito.

–¿Qué actitud cree que tendrán los cinco macristas?

–Tuve una conversación con Ritondo ayer a la noche. Le dije que si esto naufraga, no fracasa una comisión que preside un opositor, sino una comisión ecuánime de la Legislatura. Y si eso fracasa, se pasa a una lucha por un juicio político interminable. Esta comisión es la válvula de seguridad. Esperemos que no fracase. Me dijeron que lo van a madurar.

–¿La comisión puede terminar siendo un espectáculo, como dice el PRO?

–Quiero evitar a toda costa que se convierta en un espectáculo, rotando personajes sin rigor ni profundidad. Ni espectáculo de citación de millares de testigos para mostrar un estado de sospecha generalizado, ni tampoco de llevar la investigación a lo largo del tiempo a los efectos de generar un hecho periodístico en sí mismo. No somos auxiliares del expediente judicial, así que iremos por testigos que impliquen la determinación de responsabilidades políticas.

–¿A qué tipo de dictámenes se puede llegar a partir de la investigación?

–Son recomendaciones no obligatorias. Pueden ir de la delimitación de una nueva ley de seguridad, una ley de ética pública que inhabilite el paso de sector privado a público hasta planteos de remoción a determinados funcionarios o el juicio político. La Constitución de la ciudad tiene dos causales para juicio político: delitos comprobados y mal desempeño. Esta comisión también debería plantear que se delimite por ley qué se considera “mal desempeño”, porque hoy permite exculpar o acusar sin causa. Vamos a llegar, sin dudas, aunque sea con la lengua afuera, al 15 de diciembre emitiendo las recomendaciones que son pertinentes.