“Dura derrota K en el Congreso”, he ahí el titular de los diarios que alucina al Grupo A. A seis meses de iniciado el período de sesiones, su desempeño colectivo deja mucho que desear, sobre todo para su vanguardia corporativa, que, como una hinchada de fútbol, le reclama garra sin reparar en que también le falta buen juego. En esta semana dieron cuenta de su entropía dinamizando dos proyectos paralelos sobre Acceso a la información. Obtuvieron dictamen favorable en Diputados y “media sanción” en el Senado. El saldo, bien mirado, fue decepcionante. Hasta las organizaciones no gubernamentales que impulsan esa medida regañaron al archipiélago opositor: Poder Ciudadano, la ADC, el CELS, la ACIJ, entre otras, cuestionaron el tratamiento simultáneo y “la falta de coordinación”, dejando sentada su preocupación por el producto. Dos que no hacen uno, cifraría el cronista, puesto a simplificar. El ejemplo es anecdótico pero refleja un cuadro general. En la ansiedad por ganar terreno se promueven leyes mal redactadas, sin sustento, poco serias.

Asuntos de detalle motivan seguidillas de votaciones, imposibles de seguir para cualquier ciudadano, por interesado que sea. Cualquier minucia desata una escaramuza, hasta la comisión que es “cabeza” del tratamiento de un proyecto. Los legisladores “A”, que juegan de locales en la Cámara baja, pierden votaciones por carencias chocantes. Algunos se retiran al anochecer y desguarnecen su mayoría. Otros se dan un respiro para ver a la Selección. El Frente para la Victoria, una primera minoría batalladora y orgánica, saca módicas ventajas.

En marzo se descontaba una seguidilla de leyes opositoras aprobadas, que pondrían a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el brete de vetar todas las semanas. Se daba por hecho que eso la desestabilizaría, en la prospectiva electoral o en la propia gobernabilidad. Los vaticinios, hasta ahora, no se corroboraron. Ni una ley “A”, ni un veto obligado.

Llegará el día, que se sigue demorando. No será esta semana en la que no habrá sesiones. El jefe de Gabinete se costeará al Honorable Congreso, para tener su payada con los opositores, twitteando de viva voz.

Quizás el 13 de octubre, en el Senado, se apruebe la implantación del 82 por ciento móvil. La aspiración opositora es la misma de antaño: no la vigencia de la norma, sino el veto que desacredite al oficialismo. El porotómetro, ya es norma, sugiere final de bandera verde. La suerte no está echada pero el bloque del Frente para la Victoria (FpV) confía en frenar la ley, aliviando parte del costo hipotético a la Presidenta.

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Por supuesto, Presupuesto: La primavera se acerca, los pájaros se buscan y se entreveran, los romances son más viables, las ropas de invierno ceden lugar a la sugestión o a la exhibición generosa. También es tiempo de rutinas menos románticas, como la llegada del Presupuesto a Diputados. El clima y la cultura política imperantes auguran vociferaciones y debates poco inteligibles, más allá de la obviedad de los alineamientos. El oficialismo confía en que algunos legisladores, en línea con sus gobernadores, mirarán en detalle cómo se contemplan los intereses de sus provincias. Tal vez, sólo tal vez, eso abra grietas en los agrupamientos convencionales. Economía, aseguran espadas parlamentarias del FpV, enviará un Presupuesto más ceñido que los anteriores, con una previsión de crecimiento del PBI sensata, rondando el 6 por ciento. Esa cifra, cercana a la posible realidad, pretende limar las resistencias opositoras. Difícil que el chancho chifle, pero mientras hay recinto hay esperanzas.

Al oficialismo no le quita el sueño que la apodada “ley de leyes” quede en el camino, sin aprobación. Se trabajaría con el Presupuesto 2010 “reconducido”, esto es prorrogado de facto. Así sucedió durante muchos años, hasta que la sustentabilidad política y económica del kirchnerismo permitió un funcionamiento algo más serio. La división de poderes desalienta un presupuesto de diseño opositor, dejaría pintado al oficialismo. La contienda está por comenzar, será como todas.

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Una que no se veta: La Presidenta ya vetó una ley de glaciares, se comprometió a no repetirse con la que, en revisión, está de vuelta en el Senado. Por lo tanto, el proyecto será inexorablemente ley, con el texto original o con el impulsado por el diputado Miguel Bonasso. Las provincias mineras son el gran escollo para la modificación, sus senadores defenderán las competencias territoriales. La disputa es un clásico: los intereses capitalistas contra la protección del medio ambiente. Empresas petroleras se han sumado a la batida, piensan que la tutela del proyecto de Diputados es excesiva, que frenaría posibilidades de explotación. Empresarios connotados hacen hervir los celulares de los senadores. Tendrán una oportunidad de sincerar su lobby (o se verán forzados a callarlo y perder predicamento) en las audiencias públicas previas a la votación. La proliferación de audiencias públicas es una de las consecuencias loables del extraño parlamentarismo criollo..., algo es algo.

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Internas a cielo abierto: María Eugenia Estenssoro, única senadora de la Coalición Cívica, maltrató al bloque radical en plena sesión. Los acusó de “pactar” con el kirchnerismo. El punto en debate no autorizaba tamaño reproche, que sí tributa a la guerra de los Roses entre quienes fueron aliados. Las fisuras en el Grupo A son más ostensibles a medida que se perfilan los espacios electorales para 2011. Luis Juez se va apartando de los radicales y definiendo posiciones propias. Es que la UCR asoma como su principal rival en las elecciones cordobesas y quedar pegado diluye su perfil frente a un adversario más potente. Mala táctica, pues. Juez, en una de las contadas treguas que concede a su humor compulsivo, reconoció que el oficialismo tenía razón cuando dispuso pagar deuda externa con fondos del Banco Central. Muchas profecías apocalípticas se oyeron entonces, incluyendo el default y un Central pidiendo limosna. El discurso opositor resiste mal los archivos, consecuencia fatal de su tendencia a enfrentar cualquier moción del kirchnerismo.

Cesó el plazo de vigencia de las facultades delegadas. Queda una situación desprolija (como lo sería la no aprobación del Presupuesto 2011), pero no inmanejable. Nadie, aun en su propio cuadrante, tomó en serio los dictámenes de juristas y de la diputada Elisa Carrió acerca de la caducidad automática de las delegaciones otorgadas. La anomia deberá esperar.

Algunas polémicas se sustancian en silencio. En las que se verbalizan, Carrió saca ventaja a (¿ex?) compañeros de ruta menos dotados de labia o con posiciones más firmes para cuidar.

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El patrón está desnudo: La participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas es un alivio al capitalismo salvaje ensayado con buen resultado en varios países centrales. Está consagrada en el artículo 14 bis de la Constitución, ese agregado edificante y culposo que los partidos contreras al primer peronismo agregaron a la reforma de 1957. Por ahí, para aliviar sus conciencias. Por ahí, para demostrar a la clase trabajadora que no habría vencedores ni vencidos. Por ahí, para explorar si era posible consagrar derechos laborales de avanzada sin el grado de confrontación que tuvieron los dos mandatos de Juan Domingo Perón (no fue posible). Las intenciones, en cualquier caso, son subalternas. La Constitución lo dispone y, a veces, hasta se puso en acto. Los viejos trabajadores de la YPF estatal, malvendida por todo el peronismo conducido por Carlos Menem, tuvieron una experiencia dichosa en los años felices del Estado benefactor. Hoy mismo, lo reseñó Alfredo Zaiat días atrás en este diario, hay ramas de actividad en las que se aplica, como la industria del neumático. Se precisa, más vale, o un Estado activo o gremialistas combativos e inteligentes. O las dos cosas.

Con ese recorrido internacional y local, debería ser motivo de festejo un proyecto que busca convertir en realidad a la letra muerta constitucional. Un paso en pos de la seguridad jurídica, vamos. No fue ésa la interpretación del pope de la Unión Industrial Argentina (UIA). Héctor Méndez puso el grito en el cielo. Tras él, en tropel, una pequeña turba de abogados a sueldo del sector que se presentan en la tele y los diarios como “especialistas laborales”, o sea, como académicos inmaculados.

La comparación con Cuba es torpe, describe mejor la capacidad intelectual de la crema de la burguesía nacional que el asunto en debate. Alguna vez habrá que clavar la mirada en la clase dirigente no política. El empresariado nativo es próspero en emergentes famosos de gran fama, herederos de gentes que hicieron plata al menos. Ricardo Fort, Mauricio Macri, Francisco de Narváez, Cristiano Ratazzi son referencias interesantes. Sin mérito propio alguno, beneficiarios de derechos sucesorios, encarnan a una burguesía decadente que, ay, tiene sus minutos de fama.

La mera perspectiva de abordaje de un derecho laboral avanzado los saca de quicio y sincera su angurria, su carencia de horizontes y hasta de vocabulario. Seguramente, con un Grupo A tan atento a sus intereses, sus invitaciones a cenar y sus caprichos, encontrarán portavoces de postín. Alguno, quién sabe, hasta dará con argumentos más refinados que la alusión a la irredenta isla del Caribe.

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Calendario: Ya transcurrieron seis meses de labor parlamentaria ordinaria, queda por delante la mitad. Bien mirado, un poco menos. La entrada de proyectos a las comisiones termina el 20 de noviembre, cuando se conmemora la Vuelta de Obligado. Hasta entonces las reyertas serán pan de cada día aunque perviven las dudas acerca de la productividad del esquema de poder dividido que decidió el pueblo soberano. A muchos comentaristas les pareció la panacea, posiblemente porque intuían que sería la sepultura del kirchnerismo. La realidad política es más compleja. Cuando se atisba la llegada de la primavera, el oficialismo (sin tener el futuro comprado y a despecho de sus errores no forzados) está mejor que en el invierno o que un año atrás. El archipiélago opositor (tan ensalzado antes de ser visible en acción) contribuyó generosamente a ese escenario, transitorio como todo en este mundo.

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