Desde el jueves quedan menos dudas: el 27 de abril se realizará la primera vuelta de las elecciones presidenciales, tres semanas después competirán las dos fórmulas más votadas y el 25 de mayo asumirán las nuevas autoridades. La designación del candidato oficialista para esos comicios, el visto bueno judicial a la decisión de eludir las elecciones internas en el Partido Justicialista, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el adormecimiento del conflicto social mediante la distribución de microscópicos subsidios, han permitido esta precaria forma de estabilización, en un agravado nivel de deterioro institucional y social. La latinoamericanización iniciada con el golpe de 1976 parece una obra concluida con éxito.
Negocios y prebendas
A primera vista, las de este año serían las primeras elecciones presidenciales en las que se rompería el histórico bipartidismo, entre radicales y conservadores (hasta 1946) y entre radicales y peronistas (desde entonces). Si se observa con más detalle, esa buena noticia no es tan segura. Todos los candidatos que mueven el sismógrafo en las diferentes encuestas de opinión son peronistas o radicales: el delfín duhaldista Néstor Kirchner, Adolfo Rodríguez Saá, Carlos Menem y José De la Sota por el partido del gobierno; Rodolfo Terragno o Leopoldo Moreau, Ricardo López Murphy y Elisa Carrió por los hijos de Yrigoyen. La diferencia está en cómo procesa cada partido su ostensible crisis y decadencia.
Carrió por izquierda y López Murphy por derecha renunciaron a su afiliación partidaria y crearon nuevas estructuras políticas, más personalistas y con menor incidencia del aparato. Terragno y Moreau se disputan la cáscara vacía de la UCR, donde ya no existen liderazgos como los que en el último medio siglo representaron Ricardo Balbín y Raúl Alfonsín. En el justicialismo ocurre algo similar, aunque no sea percibido en forma tan clara porque no ha habido rupturas formales, aunque la affectio societatis entre candidatos sea tan tenue como en el otro bando. Desde la muerte de Juan D. Perón hace tres décadas no ha surgido una conducción reconocida y acatada y sólo las elecciones internas de 1988 proveyeron un transitorio substituto. En cualquiera de sus vertientes, el PJ ha perdido el control de la calle (salvo en los señoríos provinciales que cada uno de sus candidatos maneja con mano de hierro), carece de cuadros políticos y de militantes y sólo se mantiene como una máquina de contactos para hacer negocios o distribuir prebendas. Lo único que parece asegurado es que por primera vez la presidencia se dirimirá en un ballottage. En otro contexto, esto debería promover negociaciones entre las distintas fuerzas políticas para asegurar la gobernabilidad, como ocurrió en Brasil donde Ciro Gomes es uno de los más fieles ministros de Lula, quien lo derrotó en las urnas en la primera vuelta y negoció su apoyo para la segunda contra José Serra. En la Argentina eso parece difícil.
Feudalización
y descomposición
La feudalización y la descomposición han llegado a tal nivel que ahora al justicialismo le resulta imposible escoger un candidato, ya sea mediante internas o por algún procedimiento indirecto, sin riesgo de un bochorno similar al de los radicales, que desde hace un mes dan vergüenza ajena. Todos temen que el otro haga trampa y nadie se siente con fuerza para impedirlo ni con confianza de ganar si la convocatoria fuera limpia. El duhaldismo, que maneja la caja del Estado y con los delegados bonaerenses ronda el quórum propio en el Congreso partidario resolvió prescindir de las elecciones internas pero tampoco se animó a delegar en ese cuerpo lanominación, pese a que esa hipótesis tentaba al senador a cargo de las relaciones exteriores y la defensa de la Confederación. También terminó por descartar la aplicación de la ley de lemas, pese al impulso que le dio el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, por su insalvable inconstitucionalidad. Se inclina ahora (¿quién puede predecir por cuánto tiempo?), en favor de un híbrido que sortearía las prohibiciones del artículo 96 de la Constitución de Olivos, pero que no garantiza el éxito electoral. Se trataría de que cada aspirante peronista presentara su propia fórmula. Sin el mecanismo de acumulación característico del sistema de lemas, ninguna ellas alcanzaría el 40 o el 45 por ciento necesarios para imponerse en la primera vuelta. Todos se comprometerían entonces a apoyar a la más votada en la segunda vuelta.
Mejor que decir es hacer, postulaba Perón. Pero la propuesta duhaldista es más fácil de prometer que de realizar. Hasta ahora tres de las fórmulas peronistas y una de las radicales están separadas en los sondeos por una diferencia tan minúscula que apenas supera el margen de error estadístico. Entre 15 y 12 por ciento de los consultados expresan su voluntad de votar por Rodríguez Sáa, Kirchner, Menem o Carrió. Por debajo del 10 por ciento, pero en ascenso, asoma López Murphy, quien crecería si por alguna razón la derecha perdiera las esperanzas en la victoria de Menem. En estas condiciones todo es posible. Luis Zamora se ha retirado de la contienda y ya se verá si también del escenario político. El movimiento político y social que promueve la CTA no presentará candidaturas este año. Ninguna de las propuestas de la izquierda pura y dura parece atraer hasta ahora intenciones significativas de voto. Todo lo cual reduce las hipótesis para la final:
Dos fórmulas justicialistas, como fantasea Duhalde. Lo que no es tan seguro es que Kirchner encabece una de ellas. Hasta ahora avanzó en las preferencias al perfilarse como independiente de los grandes aparatos. Su discurso no cambió, pero pronunciado en San Vicente ante el entorno duhaldista comenzó a sonar distinto. Las mismas palabras, pero un ligero desplazamiento de sentido. Con cierto margen de exageración a los efectos de la mayor claridad: como una homilía santa en un burdel. Recién a partir de la próxima semana empezará a saberse si el apoyo del aparato bonaerense atrae a nuevos clientes o espanta a los feligreses. La retórica de la nacionalidad, la producción y el trabajo no liga bien con los devaluacionistas y pesificadores que protagonizaron hace apenas un año el peor atentado en contra de esos iconos. También incidirá en este dilema la nominación de quién acompañará a Kirchner.
Una justicialista y una radical, como de costumbre. Todo dependerá de quiénes integren esas fórmulas. Ningún pacto previo puede garantizar que luego de la primera vuelta las dirigencias se movilicen en apoyo del justicialista mejor posicionado. La experiencia de 1999, cuando Menem apostó por De la Rúa en contra de Duhalde, es un indicio fuerte. Ni hablar del votante de a pie. No hay orden ni aparato que pueda obligar a ciertos peronistas a votar por algún postulante que detesten. Por supuesto Menem es el juego más concurrido en ese parque de aversiones, pero no el único.
Dos fórmulas radicales, como nadie imagina. No hay garantías de que al menos una de las cuatro fórmulas justicialistas esté entre las dos más votadas y pueda acceder al ballotage. La explotación del pánico de los cuadros medios por perder contacto con la caja estatal es el principal instrumento que Menem está usando para descalificar el esquema duhaldista. Todos unidos triunfaremos, ¿desparramados qué hacemos? Una improbable definición entre Carrió y López Murphy implicaría catástrofe y colapso para el justicialismo.
Cartas e intenciones. La confirmación del 27 de abril como fecha electoral y la del 25 de mayo como límite para la delegación provisoria del gobierno nacional en los hombres del conurbano bonaerense formó parte del último tramo de las negociaciones con el G7 y el Fondo Monetario Internacional, que reclamaron por el exceso de flexibilidad de los planes oficiales. Duhalde llamó al orden a su propia mesnada y acabó con las fantasías de estirar su interinato hasta octubre o de revalidar sus títulos ante la ciudadanía. También influyeron las encuestas que mostraban que ni siquiera aquellos que opinaban con indulgencia sobre la gestión duhaldista aceptaban su candidatura, segunda cómoda en rechazos, sólo precedida por la de Menem.
El FMI rubricó la carta de intención dos semanas después de la asunción de Lula en Brasil, un dato que no puede soslayarse. Fracasados todos los intentos por impedir la victoria del candidato del Partido de los Trabajadores, comienza una nueva etapa en la relación del gobierno conservador de los Estados Unidos con esta parte del mundo. La pulseada continuará, pero ha pasado un momento pico. El Departamento de Estado norteamericano presionó al FMI para que cerrara el trato con el gobierno argentino, ya que su estrategia pasa ahora por lo que la periodista canadiense Naomi Klein llama el Continente Fortaleza. En un artículo publicado esta semana en la revista estadounidense “The Nation”, Klein escribió: “¿Cómo es posible tener fronteras herméticas y no obstante disponer de mano de obra barata? ¿Cómo expandir el comercio y al mismo tiempo gozar del voto de quienes se oponen a la inmigración? ¿Cómo abrirse a los negocios y cerrarse a la gente? Fácil: primero expanda el perímetro, luego cierre el candado”. Esa frontera se corrió al sur de México, dice la autora de “No logo”, que desde hace meses escribe un nuevo libro en la Argentina. Lo que dice es cierto, por ahora. Pero está claro que Estados Unidos procura expandir el perímetro más abajo e incluso penetrar en Sudamérica por el Pacífico. Si la Argentina y Brasil definieron durante la presidencia de los Fernandos (Cardoso y De la Rúa) la propuesta del 4x1 para que las negociaciones no fueran país por país sino con el conjunto del Mercosur, Estados Unidos replicó apurando los acuerdos de libre comercio con los países de Centroamérica y Chile, que es otra forma de acotar a Brasil y el Mercosur.
Mientras prepara la agresión contra Irak, a Estados Unidos le conviene tranquilizar la retaguardia, sobre todo cuando el conflicto entre el gobierno legal y la oposición golpista de Venezuela afecta al principal proveedor estadounidense de petróleo en la región. Un chiste publicado en la prensa estadounidense dice: “Sabemos que poseen armas de destrucción masiva. Tenemos los recibos”. La posición del gobierno de George W. Bush hacia Venezuela fue de abierto apoyo al golpe del 11 de abril pero debió retroceder ante la declaración aprobada por los países de la OEA de acuerdo con los requisitos de la Carta Democrática firmada el 11 de setiembre de 2001 en Lima, el mismo día de los atentados contra Washington y Nueva York. El mes pasado, el Departamento de Estado volvió a plegarse a la estrategia de la oligarquía caraqueña al pronunciarse en favor de elecciones anticipadas y una vez más reculó, con una inconvincente relativización posterior.
Duhalde ha tratado de ubicarse en una posición intermedia entre Bush y Lula, en las discusiones sobre el establecimiento de un Grupo de Amigos que mediara entre Hugo Chávez y el frente opositor. Ni se sumó en forma decidida a la iniciativa brasileña de acudir en socorro del asediado coronel, ni se plegó por completo a los intentos de Washington por fortalecer a quienes procuran su alejamiento, tan parecidos a los libertadores argentinos de 1955. Es decir, fue coherente con la insignificancia que la Argentina ha adquirido en los asuntos internacionales, a tono con su improvisado canciller. Hace poco más de un año, como gobernador de Buenos Aires y aliado político de Domingo Cavallo,Carlos Rückauf batía el tambor bélico contra Brasil y el Mercosur, que ahora Duhalde define como una opción estratégica para la Argentina. El exabrupto del presidente colombiano Alvaro Uribe, quien reclama una intervención estadounidense en su país equivalente a la calamidad que se prepara contra Irak, señala los riesgos de una política tan anodina como la que intentan seguir Duhalde y Rückauf. La refinanciación de los vencimientos conseguida quita una presión adicional sobre el próximo gobierno, pero no resuelve uno solo de los problemas presentes, ni los de corto plazo derivados de la regresiva distribución del ingreso ni los de largo plazo como la paupérrima tasa de inversión.
La ley de la calle
El mayor éxito del duhaldismo se dio en el campo del control social, con una dosificada mezcla de clientelismo, agresión y tolerancia, cada una a cargo de un sector distinto del gobierno. El Plan Jefes y Jefas de Hogares fue presentado como una respuesta a la desocupación, la pobreza y la indigencia. Sus resultados sugieren en cambio que se trata de un instrumento de control social. Desde el gobierno de Menem quedó establecido que los distintos programas de subsidio a la desocupación se computarían en las mediciones del INDEC como empleo legítimo. Pero aun así, no hay congruencia entre la cantidad de planes distribuidos por el gobierno y los índices de desempleo. Menos aún con los de pobreza e indigencia, como indica con toda precisión el cuadro.
En octubre de 2001, cuando se distribuían 350.000 subsidios, el nivel general de desocupación era del 18,4 por ciento. En mayo de 2002 había aumentado al 21,5 y según la medición de octubre de 2002, se redujo al 17,8 por ciento. En ese lapso se distribuyeron más de dos millones de planes para jefes y jefas de hogar. Si cada punto de la Población Económicamente Activa equivale a unas 140.000 personas, la tasa de desocupación debería haber descendido más de diez puntos y no menos de cuatro, como ocurrió. El cálculo es más impactante todavía si se concentra en el universo al que se dice que van destinados los planes. La desocupación entre Jefes y Jefas de Hogares era del 14,6 por ciento en octubre del 2001, trepó al 17,7 por ciento en mayo de 2002 y apenas bajó al 15,2 por ciento en octubre pasado. Si los planes se distribuyeran según se afirma, la desocupación entre jefes y jefas no debería pasar de seis o siete puntos porcentuales. Del mismo modo, la pobreza creció (44,1 por ciento en octubre de 2001, 53 por ciento en mayo y 55 por ciento en octubre de 2002) y ni siquiera la indigencia se redujo (14 por ciento en octubre de 2001 y 24,8 por ciento en mayo y octubre de 2002.
Esto también indica que el gobierno ha logrado cooptar a las organizaciones piqueteras, sin distinciones ideológicas. Salvo algunas (con raíces muy profundas en el alternativismo del peronismo de base de la zona sur del Gran Buenos Aires) las demás van sido integradas al mecanismo de control social del duhaldismo, cuya capacidad de gestión del conflictosocial no es desdeñable. Le sirven como eficaces marcadores sociales que detectan focos de conflicto y son organizadores más eficientes de la asistencia. Los fondos que antes iban a la mamá de Jorge Matzkin ahora se dirigen a apagar incendios sociales. No es casual que entre las chicanas que se dirigen los distintos grupos piqueteros figure el mencionar a los rivales como “MTD Aníbal Fernández”, por el ministro de Duhalde más volcado a esas negociaciones. Tampoco obedece al azar que la organización más reacia a ese tipo de trato y más cuidadosa en volcar los aportes estatales a emprendimientos productivos comunitarios (algunos MTD de la Coordinadora Aníbal Verón) sea el blanco predilecto de las agresiones con que el aparato duhaldista libra sus combates de retaguardia por el control de la calle. La última denuncia, de la semana pasada, fue por amenazas de muerte, emitidas a cara descubierta por funcionarios municipales del intendente de Lanús, Manuel Quindimil, uno de los puntales de la “Renovación” que avanza con Kirchner como mascarón de proa.