Un mes y medio después de recibir la orden de la Cámara Federal porteña, la jueza María Servini de Cubría libró un exhorto al gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero para que le informe si el Poder Judicial de España investiga los crímenes cometidos por el franquismo entre 1936 y 1977. La causa fue impulsada por descendientes de las víctimas y organismos de derechos humanos de la Argentina, en base al principio de jurisdicción universal que le permitió al juez Baltasar Garzón investigar en los ’90 a los represores del Cono Sur. El intento de indagar sobre los delitos del dictador Francisco Franco en su patria le costó al propio Garzón una acusación por prevaricato, la suspensión temporaria en el cargo y un proceso que podría concluir con su inhabilitación. Si España admite que no existe una investigación judicial, tal como sostienen los denunciantes, Servini de Cubría estaría en condiciones de declararse competente e instruir la causa.

El 3 de septiembre pasado los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun declararon nula la negativa de Servini de Cubría a investigar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Civil Española y la larga noche de la dictadura franquista. Destacaron que la resolución “carece de fundamentación y sustento” y le ordenaron librar exhorto a España para que informe “si efectivamente se está investigando la existencia de un plan sistemático, generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de su eliminación física, llevado a cabo entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”.

A 48 días de recibirla, el jueves pasado, la jueza acató la orden de la Cámara y envió al Ministerio de Relaciones Exteriores un escrito con idénticas palabras que, por vía diplomática, ya recibió el gobierno de España. Según los fragmentos del escrito que difundió ayer la agencia de noticias del Poder Judicial, además de indagar sobre un plan sistemático para aterrorizar a los ciudadanos la jueza pretende saber si se “propició la desaparición ‘legalizada’ de menores de edad con pérdida de su identidad”. En caso de que España considere que las causas existen, pidió que le hagan conocer “la naturaleza y estado procesal actual de las investigaciones, con expresa indicación de los tribunales actuantes”.

La presentación de la denuncia en Argentina, ante la parálisis del proceso y la persecución a Garzón en España, fue presentada en abril por la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de España junto con familiares de dirigentes asesinados por el franquismo y organismos de derechos humanos. La primera negativa corrió por cuenta del fiscal Federico Delgado, quien no rechazó el principio de jurisdicción universal, pero consideró que la investigación de Garzón no estaba cerrada sino “a la espera de que el Tribunal Supremo se expida”. El 7 de mayo, en base al dictamen fiscal, Servini sostuvo que no podía investigar de oficio y rechazó el pedido. El 3 de septiembre la Sala II de la Cámara Federal declaró nula la resolución de la jueza, cuestionó su decisión de no controlar la legalidad del dictamen fiscal y de “no haber evaluado si la información en la que el fiscal basó su postura desestimatoria representa sustento suficiente” para rechazar la apertura de la investigación. Cattani e Irurzun le ordenaron como primer paso librar a España el exhorto diplomático, que Servini de Cubría envió la semana pasada.