Las repercusiones por la compra secreta de un software de inteligencia criminal y de varios aparatos de contrainteligencia por parte de la Policía Metropolitana no se hicieron esperar. Ayer, el jefe de la fuerza, Eugenio Burzaco, salió al cruce de la denuncia de los legisladores Diego Kravetz (Bloque Peronista) y Raúl Fernández (Encuentro Progresista) y desmintió que los equipos sean utilizados para realizar escuchas. En ese sentido, confirmó que sólo tres aparatos fueron adquiridos y que el carácter reservado de la compra fue para “no alertar a la delincuencia sobre la tecnología que utiliza la policía para realizar su tarea”. Los legisladores afirmaron que Burzaco “no pudo explicar por qué se hicieron compras secretas a pesar de que la Ley de Compras y la Constitución de la Ciudad lo prohíben ni por qué no fueron informados a la comisión investigadora los expedientes de compras de los aparatos”. En tanto, el juez Norberto Oyarbide citó a Kravetz y Fernández para que declaren en la causa por las escuchas.

Apenas terminada la reunión de la comisión investigadora, Burzaco irrumpió furioso en el Salón Montevideo de la Legislatura. Estaba acompañado por el superintendente de Comunicación de la Metropolitana, Eduardo Martino, y llevaban tres instrumentos en sus manos. Enseguida montaron una improvisada conferencia de prensa donde, ofuscados con la oposición, explicaron que sólo esos tres equipos habían sido comprados para análisis y mantenimiento de la seguridad de la Metropolitana. Burzaco se quejó de la “liviandad” de la denuncia y apuntó contra la oposición que divulgó su existencia. Sobre la mesa descansaban el analizador de espectro, similar a un detector de metales; un detector de junturas y un analizador de redes y aparatos telefónicos. En rigor, son tres aparatos de contrainteligencia, que se utilizan para impedir escuchas de todo tipo. “Burzaco mostró aparatos comprados con un expediente desaparecido y, sorpresivamente, no trajo ex profeso el receptor portátil para hacer escuchas”, aseguró Kravetz, al tiempo que afirmó que el jefe de Policía “fue a mentir y a ocultar la finalidad de las compras”.

Según pudo saber Página/12, de acuerdo con las características técnicas del receptor portátil que acompañaron la denuncia, el equipo tiene una finalidad preventiva y su uso sería para calibrar otros instrumentos de comunicación. También funcionaría como un receptor que podría actuar como una repetidora. Sólo siendo modificado, el sofisticado receptor podría ser utilizado para escuchas telefónicas. Fuentes del Ministerio de Seguridad porteño le confirmaron a este diario que tuvieron intenciones de comprarlo pero que finalmente la operación fracasó porque el fabricante no autorizó la venta. “Esos equipos sólo se venden a países integrantes de la OTAN”, agregaron desde la cartera comandada por Guillermo Montenegro, lo que reflotó las versiones de que el Departamento de Estado norteamericano fue el que vetó la operatoria de este instrumento de alta complejidad.

Desde el PRO también negaron el carácter secreto de la compra. Según aseguraron a Página/12, el expediente que no le fue suministrado a Fernández estaría en la Procuración porteña, que debió dar el visto bueno a la compra de los instrumentos de contrainteligencia. La operación fue solicitada por el mismo Martino, quien antes de integrar las filas de la Metropolitana ocupó la Superintendencia Técnica de la Policía Federal, donde sí eran realizadas escuchas por orden judicial. Cuando el legislador de Proyecto Sur Rafael Gentili denunció la incorporación de Martino a la fuerza local de la mano de Jorge “El Fino” Palacios, también criticó que fueran transferidos a una caja de su dependencia más de 600 mil pesos, una cifra similar a la utilizada en la adquisición de este equipamiento.

Kravetz declarará mañana a las 10.30 ante Oyarbide, en la causa que tiene a Mauricio Macri procesado, mientras que Fernández fue citado para el martes de la semana que viene.

Informe: Gabriel Morini