Después de mucho camino, el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero condenó por primera vez a Musa Azar por los crímenes de la dictadura militar. Junto al ex jefe de los espías santiagueños, la Justicia condenó a prisión perpetua en cárceles comunes a los ex policías Tomás Garbi y Ramiro López Veloso por el secuestro, torturas y el fusilamiento del estudiante de Derecho y militante de la Juventud Guevarista Cecilio Kamenetzky. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, aseguró que la condena fue el mejor homenaje a Néstor Kirchner, el impulsor de la intervención federal a la provincia cuando aún continuaban en funciones los acusados por la represión. El proceso que dio comienzo a la primera etapa de los juicios abrió, además, las puertas para empezar a mirar uno de los infiernos que hasta hace muy poco estaba vedado. Luego de cientos de relatos fragmentados, el debate oral empezó a explicar, darle forma y lugar a la historia de la represión en Santiago.

“¿Que cómo estamos? ¡Cómo vamos a estar! De festejos”, decía anoche, exultante después de larguísimos años, Cristina Torres, ex presa política y actual delegada provincial de la Secretaría de Derechos Humanos. “Esta noche duermen en la cárcel de Colonia Pinto los tres. Para nosotros se hizo justicia y ésta es la culminación de un proceso de mucha, mucha lucha, mucho trabajo, de mucha dedicación de familiares, de los organismos de derechos humanos, de los movimientos sociales y partidos políticos. Estamos acá en la plaza festejando la posibilidad de arribar a una condena, en un lugar donde el ex presidente supo interpretar el anhelo de justicia. Con la caída de las leyes de la impunidad logramos poner las querellas y hoy hay justicia.” Una justicia que ayer atrajo a la plaza por primera vez a columnas de jóvenes de las dos universidades santiagueñas, la Católica y la Nacional, que llegaron con los docentes.

El caso Kamenetzky es el primero de los más de cien expedientes sobre la represión ilegal que se investigan en Santiago del Estero, en un proceso conocido como la megacausa y que está a punto de elevarse a juicio. Su caso, sin embargo, avanzó en solitario porque la Justicia tomó como elemento la presencia del cuerpo. A Cecilio lo secuestraron de su casa el 9 de agosto del ’76, se lo llevaron ante su padre, madre y hermana. La patota estaba integrada por un grupo de policías dirigidos por Tomás Garbi, que se presentaron con todas sus credenciales. Durante el juicio quedó probado que de allí se lo llevaron a la DIP, el principal centro clandestino de detención de Santiago, que insólitamente funcionaba con un área donde trabajaba una oficina de atención al público. En el sótano se hallaban los espacios que funcionaban como salas de tortura.

Cecilio estuvo 22 días secuestrado de forma ilegal. Aunque estaba aislado, su madre y su hermana podían ir a buscar la ropa sucia y llevarle ropa limpia. A fines de agosto, lo llevaron ante el juez federal que terminó armándole una causa por asociación ilícita, y lo trasladó al penal de varones. Según explicó a Página/12 el fiscal Gustavo Gimena, quienes dirigían la represión decidían si alguno de los presos legalizados volvían a ser llevarlos a la DIP: Cecilio fue uno de ellos. “Los llevaban a la D2, iban una tarde, o dos o tres días, y volvían destruidos por la tortura. Eso le pasó desde el 24 de agosto al 13 de noviembre de 1976.” El 13 de noviembre lo fusilaron. Dos sobrevivientes describieron cómo ese día López Veloso se lo llevó del penal de varones a la D2, y fue asesinado en el patio.

Musa Azar era primero jefe del centro clandestino, dijo el fiscal, y segundo, jefe de todo lo relativo a la información sobre las personas que eran rotuladas como “subversivos”, un término que con el tiempo iba cambiando –explicó–, para volverse cada vez más amplio. Musa Azar era además un hombre que reportaba al Batallón 141 con asiento en Santiago, a cargo de Daniel Virgilio Correa Aldana. Por el caso Kamenetzky están acusados además Luciano Benjamín Menéndez, Jorge Rafael Videla y el ex gobernador de Tucumán Domingo Bussi, pero ninguno estuvo presente porque afrontan juicios en otros lugares del país; y en el caso de Bussi, por motivos de salud. Los santiagueños no pudieron estar en la sala para la lectura de la sentencia. A la mañana, mientras la presidenta del Tribunal, Josefina Curi, les daba la opción de hacer su descargo a los represores, al que se negaron, afuera se concentraban las organizaciones políticas y de derechos humanos.

“Por esto muchos compañeros han dejado la vida”, decía Cristina Torres. “Y, por supuesto, decidimos tomar el compromiso de seguir por los otros represores que falta condenar, militares y civiles y hombres de la Justicia que serán juzgados y deberán rendir cuentas.”