El 22 de agosto de 1972, 19 jóvenes fueron fusilados en la Base Aeronaval Almirante Zar, en Trelew. Los hicieron alinearse de pie con las cabezas gachas y les descargaron dos ráfagas de ametralladoras. Tres de ellos sobrevivieron para rebatir la versión oficial, que indicaba que las muertes se habían producido como consecuencia de un intento de fuga. Pero un juez de Estados Unidos volvió a confiar en la historia que intentó imponer la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse. El magistrado Robert Dubé rechazó la solicitud de extradición del represor Roberto Guillermo Bravo con el argumento de que las declaraciones presentadas por el gobierno argentino “no son creíbles”, que las pruebas de la defensa tienen una probable causa y que la extradición está excluida legalmente porque las acusaciones constituyen “delitos políticos”.

Los testimonios que le entregó el Gobierno al magistrado estadounidense son los de Ricardo Haidar, Alberto Miguel Camps y María Antonia Berger, los sobrevivientes de la masacre que luego fueron asesinados o desaparecidos durante la última dictadura militar. Los tres narraron cómo habían sido asesinados sus dieciséis compañeros en un hecho que en la Argentina se juzga como crimen de lesa humanidad. Sin embargo, el juez Dubé cree que la masacre ocurrió tras un intercambio de disparos entre militares y guerrilleros que trataban de escapar.

“Esta solicitud de extradición es denegada y esta Corte no emitirá un certificado de extradición a la Secretaría de Estado recomendando que Roberto Guillermo Bravo sea extraditado a la Argentina”, decidió.

El fallo judicial fue emitido después de que el pasado 29 de septiembre la defensa del ex militar presentara una moción en la que alegó que el gobierno argentino carecía de pruebas suficientes para pedir la extradición de su cliente. El juez escuchó dos testigos de la defensa, el abogado Alfredo Solari y Jon Perdue, director de los programas de Latinoamérica de la Fundación de Estudios Americanos de Estados Unidos.

También admitió 22 pruebas, entre las que figuraban informes de la Justicia de Argentina sobre la masacre de Trelew e informaciones de prensa sobre las acciones de Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Bravo fue señalado por los sobrevivientes como la persona que recorrió los calabozos para darles el tiro de gracia a las víctimas. Fue localizado en Estados Unidos luego de que Página/12 revelara que vivía en Miami, donde presidía el RGB Group Inc, una empresa que hacía grandes negocios al proporcionar servicios médicos a las fuerzas armadas norteamericanas. En 1987 se convirtió en ciudadano estadounidense. Fue detenido en febrero de este año y luego liberado a cambio de una fianza.

En la Argentina fueron procesados por este hecho los capitanes Luis Emilio Sosa y Emilio Jorge del Real y el cabo Carlos Amadeo Marandino como autores directos de dieciséis homicidios agravados por alevosía y premeditación más tres en grado de tentativa. Como cómplices necesarios fueron acusados el contraalmirante Horacio Mayorga y el capitán Rubén Paccagnini, jefe de la base Almirante Zar. El capitán Jorge Bautista, quien hizo el sumario que sostenía el argumento de intento de fuga, está señalado como encubridor. La Justicia norteamericana dio su versión por válida.