Vie 05.11.2010

EL PAíS  › CIENTIFICOS ARGENTINOS CUESTIONARON EL TRATAMIENTO DE LOS EFLUENTES EN LA EX BOTNIA

Un informe que volvió a dividir aguas

Un trabajo de los encargados de diseñar los controles a la pastera advierte sobre el estado de los desechos que se vuelcan al río Uruguay. Sumó un nuevo elemento de tensión con Uruguay, que se resiste a definir un plan conjunto de monitoreo a la planta de celulosa.

Los científicos argentinos del comité binacional encargado de diseñar los controles a la pastera UPM (ex Botnia) presentaron un informe crítico al tratamiento de efluentes a partir de fotos que pudieron obtener de una recorrida visual por la planta de celulosa. El informe aleja la posibilidad de que la solución al conflicto pueda ser acordada entre los científicos de ambos países y trascendió en medio de la escalada diplomática por la resistencia uruguaya a definir el plan conjunto de monitoreo a la empresa finlandesa.

El pasado 6 de octubre, los técnicos Juan Carlos Colombo y Guillermo Lyons fueron invitados por sus pares uruguayos a una recorrida ocular por el interior de UPM, en medio de los tironeos por la negociación del protocolo que debió haber sido consensuado el martes pasado. En esa visita tomaron fotografías del interior de la pastera, aunque no se les permitió extraer muestras antes de que fueran definidos los parámetros de control. En ese marco, fuentes allegadas al comité confiaron a Página/12 que se registraron imágenes del lugar donde eran tratados los residuos químicos, cercano al caño maestro de desembocadura en el río Uruguay. Allí, lo que llamó la atención de los especialistas fue el “color oscuro de los efluentes” que se mezclaban con agua que ingresaba desde el cauce del río. Las fotos del caño donde ingresa el agua con la que diluyen el químico, y de todo el sistema de circulación, permitieron a la delegación local elaborar un informe negativo sobre el tratamiento de los desechos que se vuelcan al río.

El informe, que también incluye otras observaciones de “carácter grave”, fue presentado a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), hace poco más de una semana, en protesta por la resistencia oriental de avanzar con el plan de monitoreo. Según las mismas fuentes, este documento tomó por sorpresa a los representantes uruguayos que se mostraron preocupados con la forma en la que estaría trabajando UPM en la eliminación de los desechos químicos provenientes del proceso de producción de pasta de celulosa. La sospecha de que no se estarían cumpliendo las propias normas orientales impuestas por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) puso en alerta al gobierno de José Mujica.

Esta revelación surge luego de que el último martes fracasara el intento de consensuar entre ambos países una acción común para el monitoreo de la ex Botnia. Las enormes diferencias dentro del comité impidieron que se arribara a un entendimiento y la tensa reunión culminó con un pedido de prórroga de diez días, formulado por el Uruguay para posponer la fecha de presentación. La instransigencia uruguaya registra antecedentes. Desde el 2 de septiembre, cuando se plantearon los sesenta días para presentar dos planes, el comité oriental se negó a aceptar el esquema sugerido por la Argentina y discutieron todos sus puntos clave. También según los asistentes al último encuentro, la discusión se empantanó en el tema de la instalación de los sensores, pedidos por la Argentina para que monitoreen las 24 horas los lugares clave de la fábrica. Los uruguayos se opusieron de plano, ya que sostuvieron que esto fue lo acordado entre los mandatarios de ambos países. A su vez, la propuesta uruguaya habría sido de sólo seis carillas terminadas de apuro, y con procedimientos desechados de antemano por no cumplir con las directrices del fallo de la Corte de La Haya.

Ayer el canciller Héctor Timerman no ocultó su molestia con la situación vía Twitter: “Le envié al presidente Mujica el proyecto de monitoreo para que lo evalúe. Uruguay no presentó nada en 60 días por eso pidió 10 días más”, escribió. La réplica desde el país vecino llegó de la mano de las declaraciones del vicecanciller Roberto Conde, que negó la posibilidad de un conflicto con Argentina, pero advirtió que las negociaciones podrían “volver a cero” si no se ponen de acuerdo los científicos.

Según pudo saber Página/12, el encargado de sabotear la negociación desde un comienzo fue el ingeniero Eugenio Lorenzo, ex presidente de la delegación uruguaya en la CARU y dispuesto a discutir cada uno de los puntos sugeridos por los argentinos. Lorenzo hizo un sugerente movimiento cuando, acuerdo presidencial mediante, se definió la creación del comité científico binacional. Mientras el gobierno argentino designaba al binomio de técnicos que lo iban a integrar, en la otra orilla, una de las plazas quedó inmediatamente reservada para Lorenzo. El cambio de rol se dio en paralelo a la nueva conformación de la CARU que presentó Uruguay, y el lugar liberado por el ingeniero hidráulico quedó vacante para que Luis Hierro López asumiera dentro del órgano facultado por el dictamen de La Haya para dirimir las cuestiones políticas del monitoreo. El nombre de Hierro López no es nuevo en la política oriental. Fue vicepresidente del ex mandatario colorado Jorge Batlle, quien en 2005 autorizó la construcción de la pastera a la compañía finlandesa Botnia, meses antes de dejar el poder.

Informe: Gabriel Morini.

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