“Cámara oculta en paquete de cigarrillos, en agenda, en campera, en linterna infrarroja.” Esos curiosos ítems aparecen en el catálogo de efectos y servicios del gobierno de Mauricio Macri y salieron a la luz en la reunión de la comisión investigadora de la Legislatura (CIE), en la que declararon dos funcionarios PRO vinculados con las contrataciones de la Policía Metropolitana. Ambos debieron enfrentar preguntas sobre una adquisición secreta de aparatos de contrainteligencia, que está reñida con la ley de compras de la ciudad. El encuentro fue una colección de irregularidades que no pudieron explicar: la Metropolitana hizo una licitación de blindaje de patrulleros en la que participaron dos empresas que están ubicadas a 32 metros de distancia. Ese blindaje generó un sobrepeso que impedía frenar bien a los autos y debieron modificarlo. Y, por último, le volvieron a comprar chalecos antibalas a una compañía que ya les había vendido otros que tuvieron que devolver.

“Lo desconozco, no lo recuerdo, no tengo esa información”, fueron las principales respuestas del subsecretario de Administración de la Policía Metropolitana, Ignacio Greco, que llegó escoltado por el ministro de Justicia, Guillermo Montenegro, y el jefe de la Metropolitana, Eugenio Burzaco. Los dos observaron la sesión entre el público. Con cierta preocupación, los acompañó la plana mayor de la policía porteña.

Sobrepeso policial

El legislador Raúl Fernández le preguntó a Greco por los informes técnicos de la Metropolitana acerca del sobrepeso que tenían 30 patrulleros debido al blindaje que les pusieron: les impedía alcanzar una velocidad de persecución, los desviaba ante una frenada súbita y los hacía resbalar sobre adoquines mojados. El análisis dice que podían llegar a desprenderse las puertas por el peso del blindaje (16 kilos más de lo previsto) y recomendaba inflar más las gomas para “paliar un poco la situación”.

“Los patrulleros funcionan muy bien. Tenemos uno cerca. Si quiere, lo invito a probarlo”, le propuso Greco. Efectivamente, había dos autos con el juego de luces prendido al lado de la Legislatura. Fernández declinó la oferta. “¿No abrió un sumario?”, le preguntó. “No lo consideré necesario”, respondió el encargado de las compras de la Metropolitana. El diputado le recordó que firmó una providencia en la que detallaba los problemas del blindaje que “alterarían el normal uso que la Policía debe dar a los vehículos”. “La continuación del contrato resultaría antieconómica e inoperante”, escribió Greco. El funcionario dijo que sólo fue una recomendación. No pudo informar cómo modificaron los autos, ni dónde, ni si se pagó por caja chica o con una licitación. Tampoco recordaba ninguno de los gastos hechos con una “caja chica especial” de la Metropolitana.

Fabio Basteiro, de Proyecto Sur, inquirió sobre una compra de chalecos antibala. Greco informó que se compraron 416 chalecos por 1.110.000 pesos a la empresa América Blindajes. Fernández le preguntó si en la licitación había participado también la empresa Next Glass. Greco le contestó que sí. El legislador mostró, entonces, una foto en la que se ve que entre Next Glass y América Blindajes sólo median unos escasos metros: la primera está en Avenida Constituyentes 2040 y la segunda en el Constituyentes 2076, de General Pacheco. “Parece que son la misma empresa”, recalcó.

El legislador le preguntó luego por otra licitación de chalecos que el gobierno porteño compró, pero debió devolver luego de las pruebas de balística en el Renar. “¿Cómo me explica que a la misma empresa se le hizo una compra directa por un millón de pesos para chalecos?”, le preguntó Fernández. “Son distintos modelos. Y eran los más baratos”, explicó Greco.

Catálogo del buen espía

Diego Kravetz, del bloque peronista, le preguntó a Greco para qué compraron un analizador de espectro y un generador de radiofrecuencia.

Dijo que no sabía. Lo siguió el ex director de Compras Edgardo Cenzón, que confirmó que esos aparatos y un software de inteligencia criminal fueron obtenidos en una compra secreta, en cuya argumentación citan al menemista Roberto Dromi. Los opositores le recordaron que, como dicta la Constitución porteña, todas las compras deben ser públicas y se abrió una discusión legal con algunos ribetes de comedia: “En Venezuela y Cuba no se sabe dónde compran, si viene en un trasbordo ruso”, afirmó el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo. Luego de un concierto de chicanas, Kravetz preguntó si la compra del analizador de espectro la impidió el Departamento de Estado norteamericano. “Como la Argentina no es miembro de la OTAN, no está permitida su importación”, confirmó Cenzón.

En tanto, Fernández explicó que el “catálogo de efectos y servicios” del gobierno porteño es un registro al que debe incorporarse un ítem antes de que pueda ser comprado. Y le preguntó por qué catalogaron una serie de cámaras ocultas “en paquete de cigarrillos”, “en agenda”, “en campera” y “en linterna infrarroja”. “No recuerdo”, dijo Cenzón, quien sostuvo que iba a averiguar en qué época se los había catalogado. Fernández concluyó: “Si no espían, parece”.