Tras dos meses de negociaciones de los científicos designados por Uruguay y Argentina, el diseño del plan de vigilancia para UPM-Botnia está a fojas cero. Los cancilleres Héctor Timerman y Luis Almagro decidieron encontrarse hoy en Montevideo para intentar superar las trabas, pero el panorama no es nada alentador si se tiene en cuenta que los uruguayos han rechazado cada propuesta que la Argentina hizo en el comité científico. El conflicto por la pastera no logra escapar de la lógica del paso adelante y los dos atrás.

Desde que se conformó el comité para consensuar el plan de monitoreo, el 2 de septiembre, las reuniones de trabajo de los científicos se mantuvieron en el hermetismo para evitar que la discusión se hiciera a través de los medios. Pero pese a esta prevención, el clima de diálogo no duró más de un día. Antes de contar por qué, vale la pena recordar algunos datos.

- El conflicto por UPM-Botnia lleva siete años; en abril, la Corte Internacional de La Haya dictó el fallo que permitió que UPM-Botnia siguiera funcionando, pero al mismo tiempo ordenó que Uruguay y Argentina realizaran un monitoreo conjunto.

- Inmediatamente comenzó una polémica sobre cómo interpretar el fallo. Durante todo el mes de mayo no hubo acuerdo, porque los uruguayos sostenían que el tribunal ordenaba controlar el río y no a la pastera. Básicamente, no querían permitir el ingreso a la planta para que se tomaran allí muestras de sus efluentes.

- En julio, los presidentes Cristina Kirchner y José Mujica se reunieron en Anchorena y firmaron un acuerdo: Uruguay aceptó que se ingresara a Botnia, y a cambio la Argentina concedió extender el control a todas las industrias instaladas sobre el río, es decir abrió las puertas de sus fábricas.

- Este acuerdo quedó atascado cuando los uruguayos advirtieron que no permitirían un monitoreo continuo. Los presidentes tuvieron que volver a reunirse y firmaron un segundo acuerdo. Este dispuso que se podría entrar a Botnia hasta doce veces por año, que se usarían sensores y que el diseño del plan quedaría en manos de un comité científico formado por dos argentinos y dos uruguayos.

Aquí empezó el actual round de desacuerdos. Según pudo saber Página/12, más que rechazar un punto específico, los uruguayos se opusieron sucesivamente a todo lo que se fue presentado. Como se sabe, hubo polémica sobre el uso de sensores, pero no fue la única. Por ejemplo, uno de los puntos propuestos fue usar almejas como organismos “centinela”, por su sensibilidad a la contaminación. Las almejas –que son propias de la zona– se pondrían en grupos de 15 dentro de redecillas, a su vez sujetas de una boya, como modo de controlar si hay toxicidad en el río. Los uruguayos se opusieron con el argumento de que el uso de almejas no figura en el Digesto de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

Otros no son rechazos directos. Por ejemplo, dicen que no se opondrían a que se controlen las emanaciones de gas, pero que antes habría que hacer un proceso de debate previo para que el tema sea discutido y homologado por la CARU. En el caso de hacer un seguimiento de los sedimentos del río, el argumento es que “no hay regulaciones” sobre el tema.

El comité no tiene una composición armónica; los dos integrantes argentinos, Juan Carlos Colombo y Guillermo Lyons, son de perfil académico. Colombo es un especialista en química y ecología, mientras que su compañero Lyons es ingeniero especializado en cuestiones sanitarias, conocedor de los procesos industriales. El dúo, eminentemente técnico, se dispuso a avanzar con la idea de que el marco político para realizar el monitoreo estaba firme.

Los representantes uruguayos con los que tuvieron que sentarse a consensuar el plan son Eugenio Lorenzo y Alberto Nieto; aunque Nieto es especialista en química (es decano de la Facultad de Química uruguaya), Lorenzo es un cuadro netamente político. Y a quien hoy, de este lado del río, señalan como el que se encargó de sabotear las reuniones de trabajo.

Le endilgan, como un extra, una tendencia a desconocer lo que se acordó previamente, de manera que en la mayoría de las sesiones del comité, en lugar de hablar del plan de monitoreo se terminó discutiendo sobre cómo se tenía que interpretar el fallo de La Haya, o lo firmado por los presidentes e incluso las Notas Reversales que intercambiaron los cancilleres.

Como sea, ya en las primeras reuniones las discusiones fueron tensas y hubo agravios –un diario oriental publicó “se gritaron ‘¡burro!’ entre ellos”–. Las cosas se pusieron tan mal que el canciller Timerman se tuvo que reunir con su par Almagro (lo hicieron mientras coincidían en Nueva York) y acordaron que el comité grabara sus encuentros “para evitar malinterpretaciones”.

La actitud de Lorenzo, en cierto sentido no fue una sorpresa. Antes de integrar el comité científico, Lorenzo fue el representante del Uruguay ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), es decir el que rechazó todos los pedidos de información que hizo la Argentina al Uruguay desde que comenzó a reclamar por la instalación de la pastera. Tras el fallo de La Haya, Lorenzo dejó la titularidad de la CARU para ir al comité científico, un cargo de menor importancia jerárquica, pero donde se jugaría la cuestión clave del monitoreo. A su vez, el puesto que dejó en la CARU fue ocupado por Luis Hierro López, vicepresidente uruguayo durante el mandato del colorado Jorge Battle, quien en 2005 autorizó la construcción de la pastera a Botnia, meses antes de dejar el poder.

¿Quién la controla?

Así llegó el momento de hacer la visita preparatoria a Botnia, la primera vez que los científicos pudieron ingresar a la planta. De movida, no los dejaron entrar con cámaras de fotos ni filmadoras, aunque la empresa aceptó tomar las imágenes que le fueran pidiendo. De esta recorrida, que duró unas seis horas, los argentinos volvieron aún más preocupados.

Contaron que los efluentes de la planta están siendo diluidos con agua de río antes de ser volcados al cauce, un procedimiento que está prohibido por las propias normas uruguayas (también por las argentinas). Los científicos pidieron una fotografía de cómo se hace este procedimiento, la que incluyeron en un informe que elevaron a la Cancillería. La impresión es que la Dirección de Medio Ambiente uruguaya no está realmente controlando el funcionamiento de la pastera, ya que en ella se estarían violando normas aplicables a cualquier establecimiento industrial, con volúmenes de efluentes mínimos frente a la magnitud de los de UPM-Botnia.

Con esta situación, llegó noviembre. El martes 2, cuando vencían los 60 días de plazo para consensuar el plan, pero sin ningún avance en común, el equipo argentino entregó una propuesta. En su esquema plantea un monitoreo continuo de los efluentes líquidos y las emanaciones gaseosas, utilizando tecnología (sensores y sondas), tomando muestras y utilizando seres vivos, como almejas, peces y líquenes, a modo de organismos “centinelas”. La delegación uruguaya pidió una prórroga de diez días para contestarla, y contrató a dos científicos, Alfredo Pereyra Patti y Raquel Piaggio Mazzara, para sumar a su equipo. Desde el lado argentino hay quienes aseguran que recién entonces, en esta última semana, se dedicaron a pensar el tema. La contrapropuesta uruguaya fue enviada el miércoles pasado. Como se sabe, aquí fue considerada muy pobre. “Toma como base la propuesta argentina, pero le quita el 70 por ciento”, definió uno de los negociadores.

De esta manera, el monitoreo no se da oficialmente por fracasado, pero el paquete volvió a pasar a manos de los cancilleres. Aunque Almagro, el ministro uruguayo, asegura que Argentina y Uruguay “están muy cerca” de un acuerdo, para los negociadores argentinos es evidente que chocan contra una traba política, la reticencia del gobierno uruguayo a que la pastera sea controlada.