La Cámara Federal de Mendoza, integrada por jueces suplentes, puso fin a las andanzas de uno de sus miembros permanentes, el camarista Otilio Romano, destinadas a salvarse de la investigación iniciada en el Consejo de la Magistratura por su presunta complicidad con los crímenes del Terrorismo de Estado, que podría llevarlo a juicio político. El tribunal dejó sin efecto la medida cautelar, concedida por un conjuez amigo, con la que Romano logró que se suspendiera durante medio año el trámite de dos expedientes en su contra en el Consejo, que ahora deberá reanudarlos. La base del pedido de su destitución, impulsado por organismos de derechos humanos, es prácticamente la misma que sostiene su llamado a indagatoria en una causa penal que tramita la Justicia federal: está acusado como partícipe secundario, en sus tiempos de fiscal (entre 1975 y 1976), en 94 hechos de privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y desapariciones. Tenía que declarar ayer como sospechoso ante el juez Walter Bento, pero volvió a eludir presentarse con la excusa de que su abogado está de viaje.

A mitad de año, cuando la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo lo citó a declarar como imputado, Romano planteó una medida cautelar porque, a su entender, lo que haya hecho como fiscal está fuera de la incumbencia del organismo. Un juez ad hoc cercano a él, que no es juez sino el abogado de la matrícula Carlos Parellada, falló a su favor y notificó al Consejo que debía suspender las actuaciones. Los camaristas Roberto Naciff, Juan Antonio González Macías y Hugo Echegaray revocaron ayer la decisión de Parellada y lo responsabilizaron de “interferir” en las facultades del Consejo y de “exceder el ámbito propio de la medida cautelar”, con el objetivo de “anticipar la solución de fondo” especulando con el paso del tiempo. Recordaron que, como dijo la Corte Suprema, la Justicia no puede revisar el proceso que lleva adelante el cuerpo de consejeros, sólo la decisión –muy posterior– del jurado de enjuiciamiento.

La medida en beneficio de Romano generó gran revuelo en el Consejo de la Magistratura: radicales y kirchneristas quedaron unidos en la preocupación de que se volviera moneda corriente para los jueces bajo sospecha promover cautelares –tan de moda– para obstaculizar el avance de un posible juicio político. Desde aquel entonces, de hecho, quedó paralizada la investigación contra Romano, aunque siguió corriendo el plazo de caducidad de tres años que por ley tienen los expedientes contra magistrados. En el ínterin, el Consejo sí avanzó en la suspensión y apertura de juicio político de otro integrante de la misma Cámara, Luis Miret, por no haber denunciado ni investigado denuncias de torturas y secuestros que recibía como juez antes y durante la dictadura. En varios hechos que involucran a Miret, el fiscal era Romano, a quien también la Justicia le atribuye pasividad ante el conocimiento de hechos aberrantes.

Con el apoyo de jueces aliados, Romano apostó a entorpecer los dos frentes que tiene abiertos, en el Consejo, por un lado, y en la Justicia penal, por otro:

- Una vez que consiguió la medida cautelar, el Consejo y el Ministerio de Justicia apelaron, pero la Cámara mendocina en pleno se excusó y fueron sorteados jueces subrogantes. El día que uno de ellos, González Macías, fue a buscar el expediente para estudiarlo, descubrió que no estaba: se lo había llevado Julio Petra Fernández, otro camarista que –pese a estar inhibido– resolvió “por superintendencia” anular la designación de los suplentes. El tiempo seguía pasando. González Macías denunció lo sucedido e intervino la Corte, que anteayer confirmó a los jueces sorteados y levantó en peso a Petra. Con la resolución de ayer, el Consejo quedó habilitado para seguir con su pesquisa. El fallo dice que son los consejeros quienes deberán “valorar” si los hechos de los que se acusa a Romano como fiscal “prolongan o no en el tiempo y afectan o no el decoro y demás condiciones que deben ser atributos de un magistrado”.

En el medio de todo esto, Romano consiguió que Petra Fernández y otros dos camaristas con quienes tiene relación de larga data apartaran al juez Bento de la causa penal en la que había sido llamado a indagatoria, al igual que Miret. Después de ese fallo, fue fotografiado celebrando con Petra, con vino y champán, en un conocido restaurante mendocino. La semana pasada, otra composición de la Cámara repuso a Bento, quien volvió a citar a Romano a indagatoria. Debía presentarse ayer, pero faltó con el argumento de que su abogado, Juan Carlos Aguinaga, está en Brasil.

Los vericuetos del caso de Romano permiten entender por qué en Mendoza ha sido tan complicado el avance de las causas por violaciones a los derechos humanos. Las resistencias están en sectores de la propia Justicia provincial. Romano, al estar imputado como partícipe de delitos de lesa humanidad, corre riesgo de ir preso si pierde los fueros.