“Ninguna ley es reparatoria porque no se puede reparar lo irreparable, pero sí mitigar el dolor que causó la última dictadura.” Claudio Yacoy, secretario de Derechos Humanos del municipio de Avellaneda, presentó así la flamante ordenanza que abre puestos de trabajo dentro de esa municipalidad para los hijos de desaparecidos y nietos recuperados, que viven o vivieron en ese partido bonaerense. La iniciativa surgió del Ejecutivo y se aprobó por unanimidad en el Concejo Deliberante. Desde Hijos pidieron que “este ejemplo” se propague a otros municipios del país.

El 12 de noviembre el Concejo Deliberante de Avellaneda sancionó la ordenanza 22.796/10. Una norma inédita que permite incorporar a la planta permanente del municipio a hijos de desaparecidos y a nietos recuperados. Los requisitos para formar parte del programa son que la víctima al momento de ser detenida-desaparecida o probado su asesinato residiera en el distrito de Avellaneda. O bien que sus descendientes estuviesen viviendo en el distrito al momento del suceso o residan en la actualidad, con un plazo no menor a dos años en cualquiera de las dos circunstancias.

Gabriel Caballero es hijo de padre desaparecido. Sus 39 años los vivió en Avellaneda. La nueva ley lo toca de forma directa. Caballero sostuvo que la implementación de esta ordenanza permitirá que muchos pares suyos “puedan tener un trabajo digno”. “En Avellaneda tenemos unos 25 compañeros que no tienen trabajo y les va a venir muy bien”, contó a Página/12.

El intendente Jorge Ferraresi explicó que la propuesta busca que los hijos de desaparecidos “puedan encontrar, además de un trabajo, un lugar de pertenencia”. El jefe comunal consideró que la iniciativa puede ser “una herramienta importante” en el marco de las políticas de derechos humanos. Ferraresi puso como ejemplo que en los juicios a represores, como los que se están realizando en Mendoza, “es necesaria la participación de los familiares de desaparecidos”. “Pedir tres días en un trabajo normal para participar de los juicios es difícil. En cambio, acá los acompañamos y les ponemos el municipio a su disposición”, comparó.

Por su parte, Yacoy explicó que “la idea es que los que ingresen a trabajar al municipio lo hagan de acuerdo con la especialidad que tengan”. “El que es pintor, que pinte. El que es médico, que trabaje en salud”, ejemplificó. El secretario de Derechos Humanos remarcó el hecho de que los trabajadores formarán parte de la planta y no tendrán un contrato temporal. “La intención es que ante el capricho de un funcionario de turno no se queden en la calle”, expuso.

Mariana Pellegrino, de 43 años, tiene a su madre desaparecida. Desde 1983 vive en el municipio. Después de 24 años con el mismo empleo, hace dos que lo perdió. “Nos ingresan nuevamente al circuito laboral”, celebró la militante de Hijos pensando en colectivo. Pellegrino calificó la iniciativa municipal como “un verdadero resarcimiento”.

“Nos han robado mucho más que a nuestros padres, nos robaron también el destino”, dijo a este medio. En su caso particular, la desaparición de su madre el 5 de julio de 1978, cuando tenía once años, la llevó a tener que trabajar para sostener su casa. Por eso, el hecho de que el municipio reconozca estas cuestiones la “atraviesa directamente”.

Ambos miembros de Hijos desean que el programa se extienda a cada rincón del país. “Ojalá siente un precedente y se haga en otros municipios. Quiero trabajar para que esto se empiece a propagar”, se entusiasmó Pellegrino. En tanto que Caballero señaló que “el objetivo es que todos los municipios del país tomen esta iniciativa”.

Hoy a las 18, el intendente encabezará el acto de presentación de la ordenanza. Organismos de Derechos Humanos serán de la partida. A partir del lunes empezará a regir la norma.

Informe: Leonardo Rossi.