El contenido de un cable diplomático revelado por Wikileaks que reproducía el rumor de una supuesta vinculación del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, con la vigilancia de “correos electrónicos de políticos opositores” es uno de los más claros ejemplos de cómo estas comunicaciones secretas se nutren de una de las más elementales fuentes de información: lo que publica la prensa escrita, aunque a veces no cuenten la historia completa. La saga del hackeo de correos electrónicos a dirigentes políticos, periodistas y artistas, y hasta al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti (específicamente mencionado por la información norteamericana) y la propia Cristina Fernández de Kirchner, que no está nombrada en el cable pero que fue la que descerrajó la causa judicial, fue ampliamente difundida desde bastante antes del año pasado, lo que hace notable que hoy por hoy se la presente como una gran revelación.

Existe desde 2006 una causa judicial, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado. La magistrada de San Isidro identificó a dos ex agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Iván Velázquez y Pablo Carpintero, quienes también trabajaron para la SIDE, como personajes centrales de la trama de ciberespionaje. La causa acumuló carpetas y carpetas con mails de gente muy conocida y evidencias de que eran distribuidos con fines comerciales y de conspiración política, según el caso. El dúo Velázquez-Carpintero aparecía como el de los expertos informáticos, pero según trascendió en su momento no habrían trabajado solos, sino que sus nombres aparecieron vinculados a figuras como el ex titular de la central de inteligencia del menemismo Juan Bautista “Tata” Yofre, así como el general retirado Daniel Reimundes –ex secretario general del Ejército durante los gobiernos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde– y el dueño del portal Seprin, Héctor Alderete.

Muchos de los espiados tuvieron que ir a reconocer sus correos electrónicos al juzgado de Arroyo Salgado. El desfile incluyó entre muchos otros al ex canciller Jorge Taiana, al ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, a la ministra de Defensa, Nilda Garré, y al actual canciller, Héctor Timerman, y del lado de la farándula, a Susana Giménez, Andrea del Boca y Celeste Cid, entre tantos nombres más.

La causa era “por la violación de secretos políticos o militares” que podían afectar a la “seguridad nacional” por la calidad de los afectados, incluida la presidenta Cristina Fernández.

La mención en el expediente judicial del actual jefe de Gabinete, antes ministro de lnterior y de Justicia, fue por que la PSA dependía de Fernández, cuando era ministro de Justicia y Seguridad.

Velázquez y Carpintero se refugiaron en Uruguay, donde terminaron detenidos, pero por delitos informáticos cometidos allá. Carpintero llegó a estar unas horas preso en Argentina, pero luego le dictaron falta de mérito. La causa se fue trabando por artilugios judiciales de quienes aparecían como sospechosos, y todavía sigue en plena investigación.

Curiosamente, el funcionario de la embajada norteamericana no lo recordó al redactar su cable y tampoco los medios de comunicación al reproducirlo.