El chileno Edmundo Vargas Carreño y el norteamericano Tom Farer integraron la comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en 1979 documentó en la Argentina las denuncias de organizaciones de derechos humanos. Ayer, cuando bajaron al sótano del Casino de Oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada, Vargas Carreño quiso saber cuántas personas se encontraban detenidas cuando llegó en 1979. “Siento mucha frustración por no haber podido encontrar nada”, agregó, compungido. Era difícil que lo hiciera: para la visita de la CIDH, el grupo de tareas escondió a los detenidos en una isla de Tigre que pertenecía a la Iglesia Católica, la famosa isla El Silencio. “No estaban tan lejos de aquí”, reflexionó Farer.

Vargas Carreño y Farer fueron parte, junto al juez español Baltasar Garzón y la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, de una comitiva de lujo que recorrió ayer el predio de la Escuela de Mecánica de la Armada, en coincidencia con el aniversario del Juicio a las Juntas Militares y en la víspera del Día Internacional de los Derechos Humanos. Recorrieron el Casino de Oficiales, donde cientos de personas fueron torturadas y asesinadas durante la última dictadura.

La visita de las personalidades internacionales arrancó pasadas las 10, cuando una combi oficial los acercó al predio que da a la Avenida del Libertador. Allí, junto a funcionarios de Cancillería, estaban Farer y Vargas Carreño. También se acercaron la diputada guatemalteca Otilia Lux –quien denunció en su país y en el extranjero el genocidio contra el pueblo maya– y la vicepresidenta de la ONG Zimbabwe Lawyers for Human Rights, Sarudzayi Naomi Njere, quien hoy recibirá de manos de la presidenta Cristina Kirchner el Premio Emilio Mignone por fomentar la cultura de los derechos humanos.

Luego de una breve recepción a cargo de Judith Said, coordinadora general del Archivo Nacional de la Memoria, Garzón recordó el juicio a las juntas como “un ejemplo de cómo se debe responder a la represión desde la Justicia” y elogió el modelo de búsqueda de la verdad encarado por el gobierno argentino. “Desde el gobierno de Néstor Kirchner se está enfrentando de una forma muy firme ese pasado, con todas las garantías que un estado de derecho exige. Es un proceso que admiro y envidio”, afirmó. En el mismo sentido, Vargas Carreño sostuvo que “lo que ha hecho Argentina es ejemplar para que nunca más se pueda repetir”.

Durante la siguiente hora y media, los juristas y políticos recorrieron las instalaciones del mayor centro clandestino de la Armada en compañía de una de las guías del Espacio para la Memoria. La visita comenzó frente al edificio central de la ESMA, conocido como “Cuatro columnas”, donde estaban las aulas de instrucción de los militares. El mayor interés de los presentes, sin embargo, fue el Casino de Oficiales.

En septiembre de 1979, como consecuencia de la presión de la administración de James Carter sobre la dictadura argentina, Vargas Carreño encabezó una misión –también integrada por Farer– que llegó al país para recopilar las denuncias de los familiares de secuestrados. Durante dos semanas, la comisión estuvo en Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Rosario y visitó numerosos centros clandestinos. Su lapidaria conclusión fue que “por acción de las autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron (...) numerosas y graves violaciones a los derechos humanos”. Fue un golpe certero a la imagen de la junta en el exterior y el comienzo del fin de la dictadura.

En ese contexto, una de las acciones más resistidas por los militares fue la inspección ocular de la ESMA, que los testimonios habían señalado como centro de tortura. Para confundirlos, la Marina hizo varias reformas al casino: eliminaron un ascensor que daba al hall –cuya existencia habían confirmado distintos testimonios– y la escalera que conducía al sótano donde se interrogaba a los detenidos, camuflándola con una insignia de la fuerza. Todo esto en el ambiente contiguo al salón Dorado, donde la inteligencia naval analizaba la información arrancada bajo tortura. De esta manera, la CIDH se encontró con un edificio que funcionaba con aparente normalidad.

Al llegar al altillo, el silencio de los presentes fue total. El lugar, conocido como “Capucha”, alojó en situaciones inhumanas a varias de las casi cinco mil personas que se calcula que pasaron por el centro. A unos metros estaba el cuarto que ofició de maternidad, donde más de treinta mujeres dieron a luz en cautiverio. Sus bebés fueron apropiados por los represores y repartidos entre sus amigos, aunque a la fecha once de los nacidos en la ESMA ya recuperaron su identidad.

Así concluyó la recorrida. Lux agradeció las explicaciones y compartió su experiencia personal. “Cosas así sucedieron en el mismo Palacio Nacional, que sirvió como centro de detención y tortura”, detalló la diputada, quien trabajó en la comisión guatemalteca para la paz luego de la guerra civil que vivió el país hasta 1996. “La humanidad no puede volver a resolver sus problemas a través de la fuerza y el crimen. Aún quedan secuelas en nuestros países. Quizá no vivamos la guerra, pero sí sus efectos”, concluyó.

Informe: Federico Poore.