La ocupación del Parque Indoamericano en reclamo de viviendas y la represión con la que se desalojó el predio el martes reavivó el conflicto político entre el gobierno nacional y el de la Ciudad por la policía. El ministro de Justicia y Seguridad, Julio Alak, aseguró ayer que “la competencia judicial corresponde al gobierno local” y agregó que no era cuestión del gobierno nacional si la Ciudad “no supo mantener la guarda” del terreno después de que se lo entregara “sin ocupantes” a la Policía Metropolitana. El jefe de Gobierno, Mauricio Macri, volvió a solicitar a la presidenta que “por favor mande a la Policía Federal a la zona”.

“Macri no puede desentenderse de su responsabilidad de gobierno”, fustigó Alak en respuesta a los dichos del titular de la cartera de Seguridad de la Ciudad, Guillermo Montenegro, quien afirmó que era una “decisión política” del gobierno nacional no otorgar la colaboración de la Federal en el conflicto de Villa Soldati. Alak destacó que la fuerza a su mando acató “la orden judicial de desalojo” dictada el martes por un juzgado contravencional y dispuso de “200 efectivos acompañados por 60 de la Metropolitana” con los que se desalojó el predio y se entregó “sin ocupantes al Gobierno de la Ciudad” con un acta firmada por el comisionado (César Enrique) Menardi. “Si el Gobierno de la Ciudad no supo mantener la guarda del predio no es cuestión nuestra”, sentenció el ministro platense sin tapujos.

La ocupación del Parque Indoamericano y el desalojo policial dejaron un saldo de dos muertos y varios heridos y la convicción de parte de los funcionarios de la Ciudad de que faltaba cooperación del gobierno nacional. El conflicto hizo que Montenegro descalificara a la propia Metropolitana porque era “una fuerza nueva que no cuenta con la capacidad operativa” necesaria para enfrentar el desalojo. La creación de la policía porteña fue motivo de discrepancias desde el inicio mismo de la discusión. Macri vio fallar sus intentos para que el Estado nacional le transfiera la Federal y empujó a la Metropolitana como solución a los problemas de seguridad promoviendo a ex policías de la Federal exonerados por distintos delitos graves para que la conduzcan como Jorge “Fino” Palacios, procesado por encubrimiento en la causa AMIA. El propio Menardi es cuestionado por la oposición en la Legislatura por formar parte de la “purga de la Policía Federal del 2004 junto a Osvaldo Chamorro, Roberto Ontiveros y Miguel Angel Colombo –todos rechazados en la fuerza porteña– y porque ingresó a la fuerza en 1978, durante la dictadura militar”, señalaron fuentes legislativas.

La génesis del conflicto de jurisdicción entre ambas policías planteado es la resultante de los convenios firmados por Nación y Ciudad ante la creación de la fuerza de seguridad porteña. El último fue en el 2007, donde “se definieron las conductas o delitos tipificados en cada órbita. La usurpación es una de las competencias que le corresponde atender a la ciudad”, explicó a Página/12 una fuente del Ministerio de Justicia que conduce el platense. El ministro de Economía, Amado Boudou apuntó también que “el primer problema en la ciudad se llama Mauricio Macri, que no quiere trabajar. Tiene las herramientas legales y políticas para enfrentar un desalojo y un presupuesto para viviendas que está subejecutado casi en un ochenta por ciento”.

Montenegro, por su parte, durante todo el día se mantuvo en su discurso chicaneando al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. “El gobierno nacional tiene que garantizar a todos los habitantes del país la seguridad y la posibilidad de utilizar el espacio público. No le están negando la ayuda a Macri, sino a los vecinos de la Capital Federal”, azuzó el ex juez federal. El titular de la cartera de Seguridad porteña aceptó en medio de las acusaciones cruzadas que el delito de usurpación era “una contravención y por lo tanto un delito de la ciudad”, pero agregó continuando con la polémica que no quería “decir que intervengan sólo fuerzas de la Ciudad”.

La respuesta de Alak no se hizo esperar. La Metropolitana “cuenta con 1800 efectivos, de los cuales más de mil son ex agentes, suboficiales y oficiales de otras fuerzas de seguridad y tiene la logística necesaria para efectivizar ese tipo de decisiones”, dando por tierra con el argumento de la “falta de capacidad” esgrimido por su par porteño. Pero además se sumó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien aseguró que “bajo ningún punto de vista aceptará que ningún miembro de una fuerza de seguridad levante la mano contra alguien que reclama” y ratificó que “quienes lo hicieran no van al sumario, sino que serán expulsados de la fuerza”, sosteniendo la política de no reprimir la protesta social iniciada por el ex presidente Néstor Kirchner a partir del 2003. Ese fue el destino de los responsables policiales de la represión a los ocupantes del Parque Indoamericano que fueron separados de la fuerza.