Cuando Mauricio Macri le echa la culpa de lo ocurrido en Villa Soldati a “una política migratoria descontrolada”, lo que está reclamando es un modelo que, además de injusto, fracasó en todo el mundo: las políticas migratorias restrictivas. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una sola frontera compleja, con México. Cuenta con tecnología de punta, satélites, muros, cercos, helicópteros. Y aun así, en territorio norteamericano hay dos millones de inmigrantes en situación irregular. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) hace rato que llegó a la conclusión de que el migrante que necesita o desea ir a otro país, sobre todo por desesperación económica o porque tiene un familiar allí, lo consigue indefectiblemente. Así sea a Estados Unidos, España, Francia, la Argentina o el país que fuere. “Cerrar las fronteras es ineficaz”, consideran los expertos. Para colmo, Macri se afirma en una distorsión total de la realidad. En la Argentina no hay más inmigrantes que antes, sino menos. Y ni hablemos si se comparan las proporciones actuales con las del siglo pasado, cuando hubo tiempos, como en 1910, en que vivían en Buenos Aires más extranjeros que personas nacidas en el país. De acuerdo con el censo de 1960, un 13 por ciento de los habitantes de la Argentina eran extranjeros. En el censo de 2001 el porcentaje de extranjeros bajó al 4,2 por ciento y se calcula que hoy en día –habrá que ver el reciente censo– la proporción bajó aún más. También la asociación de inmigración con delito, además de fomentar la xenofobia, es falsa: en las cárceles bonaerenses hay 902 extranjeros sobre una población total de 30.100 presos, es decir el tres por ciento, menos que la proporción de extranjeros que viven la Argentina.

Mercosur

Mauricio Macri es hijo de un inmigrante que aún hoy habla mitad castellano, mitad italiano. No es aquella inmigración la que cuestiona, sino la de los países limítrofes. Sin embargo, esto pega en el centro de la mayor estrategia de desarrollo del país en las últimas décadas, el Mercosur. De la misma manera que la Unión Europea implicó necesariamente la libertad absoluta de tránsito y residencia entre los países, el Mercosur y, tarde o temprano, la Unasur, también implican la libertad de tránsito y asentamiento de los ciudadanos de todos los países miembros. El Plan Nacional de Normalización Documentaria Migratoria, denominado Patria Grande, permitió que 423.000 personas, originarias de los países del Mercosur y asociados, presentaran la documentación para lograr la residencia en la Argentina. Esto está incluido explícitamente en un acuerdo de residencia firmado en 2002, antes del gobierno de Néstor Kirchner, que permite a los nacionales de los integrantes del bloque obtener la radicación en cualquiera de los países del Mercosur o asociados. No es casual que los tres fallecidos en Villa Soldati, Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Juan Castañares Quispe, tuvieran una situación regularizada como inmigrantes, con los papeles presentados –incluyendo certificados de buena conducta– ante la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).

Hablar de una “política migratoria descontrolada” no sólo es echarles la culpa de lo ocurrido a los ciudadanos originarios de los países limítrofes, sino rechazar la política acordada por el Mercosur e ir a contramano de las estrategias de integración que se están desplegando en varias regiones del mundo. Es más, el Mercosur todavía está lejos de lo logrado en la Unión Europea, donde lo único que hace falta para que un nacional de España, por ejemplo, pase a residir en Alemania, es que registre su dirección en el pago de impuestos. Como cualquiera sabe, el ciudadano de la UE puede trabajar en todos los países que integran la Unión.

Mano de obra barata

Las políticas de inmigración restrictivas, como la que ahora sugiere el jefe de Gobierno porteño y era el espíritu de la anterior ley, conocida como la Ley Videla, en honor al dictador del Proceso, no frenaron ni frenan la inmigración. El efecto real que producen es que los extranjeros que llegan al país se convierten en ilegales y, por lo tanto, en mano de obra barata, superexplotada y condenada a trabajar en negro en las peores condiciones.

Según coinciden los especialistas, durante el Proceso la política migratoria era restrictiva, resultaba muy difícil conseguir la residencia en el país y al mismo tiempo tampoco se impulsaba la expulsión de los inmigrantes ilegales. “¿Usted cree que en Estados Unidos quieren expulsar a los dos millones de mexicanos y latinoamericanos que están residiendo allí sin papeles? La realidad es que no. Los quieren como mano de obra barata. Lo mismo que sucedía aquí. Un inmigrante con documentación tiene derechos y está en condiciones de reclamar condiciones normales de trabajo”, analiza uno de los máximos responsables de la Dirección Nacional de Migraciones.

Presos extranjeros

Los datos de 2009 establecen que en los establecimientos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) había 902 presos nacidos en otro país, sobre una población total de 26.092 internos y unas 4040 personas alojadas en comisarías.

Esto ya está indicando que no es como dice Macri que hay una proporción altísima de delincuentes extranjeros: el porcentaje está en el tres por ciento de la población carcelaria; es decir algo por debajo de la proporción de extranjeros en el total de habitantes del país.

Otro dato que lo contradice es que, curiosamente, hay muy pocos bolivianos presos, apenas 58. En las cárceles bonaerenses, por ejemplo, hay más uruguayos que bolivianos. En total, en 2009 el SPB alojaba 341 paraguayos, 219 uruguayos, 132 chilenos, 62 peruanos, 58 bolivianos, 21 brasileños y 69 ciudadanos de otros países.

El SPB tiene la mitad de la población carcelaria del país. Mucho más chico es el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que aloja a algo más de 9000. Allí, la proporción de extranjeros detenidos trepa al 25 por ciento, pero sucede que en el SPF se alojan los que cometen delitos también en las fronteras. “Buena parte de los que están en las cárceles del SPF no son residentes en ningún barrio argentino, sino mulas que trataron de ingresar al país con distintas cantidades de drogas”, explica Alejandro Marambio, titular del SPF. Si se promedia lo del SPF con los servicios penitenciarios provinciales en la mayoría de los cuales casi no hay extranjeros, se llegará al promedio que –según los expertos– lo marcan las cárceles bonaerenses.

“En las cárceles tenemos ciudadanos bolivianos, peruanos o paraguayos imputados en causas que tienen que ver con drogas. Pero el mayor nivel del narcotráfico está en los otros presos que tenemos: holandeses, españoles, sudafricanos”, le explicó a este diario el funcionario de Migraciones.

Restrictiva

La crisis económica norteamericana y europea hizo crecer los niveles de xenofobia y los reclamos de políticas migratorias restrictivas. Aunque surgieron en forma reciente, las leyes al estilo de la de Arizona, en la que se persigue al inmigrante, lo cierto es que en Estados Unidos viven dos millones de personas que atravesaron las fronteras y residen allí sin papeles. Y, supuestamente, se trata del país más avanzado técnicamente y con una sola frontera caliente, la que comparte con México.

Argentina tiene 9400 kilómetros de fronteras y limita con Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile. El único límite natural es la cordillera de los Andes, con Chile. Con el resto de los países hay fronteras secas o, a lo sumo, ríos que se cruzan en balsas y en muchas ocasiones están secos y se puede cruzar hasta caminando. La consecuencia de una política inmigratoria restrictiva sería sólo que habrá más extranjeros indocumentados y con menos control: porque quienes quieren llegar, llegarán igual. Tal cual lo que sucede con los mexicanos en Estados Unidos o los africanos en Europa.

En la DNM afirman que, justamente, lo que permitió el plan Patria Grande es ordenar las migraciones, identificar a las personas que viven en la Argentina, saber con precisión cuántas entran y cuántas salen.

Descontrol o restricción

Cuando Mauricio Macri habla de “inmigración descontrolada” y que “la ciudad no puede absorber a los que vienen”, algo que se equipara a que “la ciudad no puede recibir en los hospitales a los que vienen del Gran Buenos Aires”, lo que está planteando, de hecho, es cerrar las fronteras, violar el acuerdo del Mercosur y, de paso, poner en cuestión la misma existencia del Mercosur.

Las premisas son, en sí mismas falsas:

- No llegan más extranjeros que antes, sino menos.

- En la zona de Soldati, la mayoría de los inmigrantes son bolivianos. Según los registros de Migraciones, la inmigración boliviana bajó en forma abrupta por la mejora en la situación en Bolivia. La migración de Paraguay no tiene picos de crecimiento, se mantiene constante.

- La crisis de la Villa 20, tal cual señala el padre Francisco Pablo Punturo, de la parroquia María Madre de la Esperanza de la Villa 20, no deviene de problemas migratorios. “La gente está con la situación bastante regularizada. Migraciones facilita mucho la residencia. Y la regularización también pasa por los argentinos, que ahora tienen un fácil acceso al DNI. Acá el problema principal es que no hay avances en ningún terreno: ni en las viviendas ni en la salud ni en la educación. Según sostienen los religiosos, no se construyó ni un milímetro nuevo en la escuela que atiende a los hijos de los habitantes de la villa, con lo cual hay demasiados chicos por aula y, por ejemplo, hay chicos en sexto grado que todavía no saben leer.” La toma del parque –diagnostican los religiosos de la parroquia, en diálogo con Página/12– no tiene que ver con temas migratorios sino que “hay una parte de los habitantes desesperados por los altísimos alquileres que pagan, casi del mismo nivel que en Barrio Norte y, por supuesto, unos cuantos vivos que quieren nuevos terrenos para alquilarlos. En esto, el Gobierno de la Ciudad no hizo nada de nada. Está todo abandonado”.

- La antropóloga María Inés Pacecca, investigadora del Conicet y de la UBA en temas migratorios, afirma que “no existe ni explosión ni descontrol migratorio. Estamos esperando las cifras del reciente censo, pero, con toda la furia, podría haber 1.500.000 inmigrantes en todo el país. La misma proporción de extranjeros que en 1991. Lo que sucede es que no cuestionaban la inmigración anterior, la de europeos, con un criterio casi racista. Y les parece natural pensar así, como en algún momento pareció natural que las mujeres no votaran. De hecho hablan de una inmigración buena y una inmigración mala”.

El director nacional de Migraciones, Martín Arias Duval, en el discurso del Día del Inmigrante, recordó a los japoneses que llegaban y ponían tintorerías, como los ciudadanos chinos o coreanos que vienen ahora y ponen supermercados; los llamados turcos que ponían bazares, con los bolivianos que hoy plantan ajo, se dedican a la floricultura o ponen una verdulería; los españoles que trabajaban en bares o eran porteros, en paralelo con los paraguayos que son magníficos albañiles y son claves en la construcción. “¿Acaso los europeos no vivieron en conventillos de ‘mala muerte’ donde había peleas, borrachos, estafas y robos? ¿Acaso podían pagar religiosamente el alquiler?”