Un día después de la histórica condena a los represores Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, se mostró disgustado por la “nula” ayuda que dice haber recibido por parte de la Nación para la protección de los testigos del juicio. El Ministerio de Justicia le salió al cruce y respondió que la Dirección Nacional del Programa de Protección a Testigos desplegó “en pleno sus herramientas y recursos de protección” tanto ante la demanda del Tribunal como ante el Cuerpo Especial de Protección de la policía provincial, al tiempo que enumeró las acciones que llevaron a cabo en ese sentido.

“Debo decirlo con todas las letras: actuamos en Córdoba en absoluta soledad, porque no hubo ningún organismo de seguridad del Estado nacional que viniera a decirnos qué precisábamos frente a las amenazas para cuidar de todos los testigos”, recalcó Schiaretti, al reclamar por una supuesta ausencia de ayuda de la Nación en el proceso judicial. Por esta razón, según argumentó, el mandatario firmó el decreto 2398 mediante el cual elevó la categoría de la División de Protección de Testigos de la Policía de Córdoba, para darle, desde hoy, la función de Departamento.

La Dirección Nacional del Programa de Protección a Testigos e Imputados, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, respondió a la acusación del mandatario cordobés a través de un comunicado. Allí dejó constancia de su actuación “en pleno” con las herramientas y recursos con los que cuenta, para atender la demanda del Tribunal y del cuerpo especial de la Policía de Córdoba. El director del Programa, Darío Díaz, consideró que “el resultado fue óptimo, tanto por la cooperación recíproca como por la complementariedad de ambos organismos”. En ese sentido, sostuvo que el Estado nacional le facilitó a la fuerza provincial “40 dispositivos de comunicación y geo-referenciación”. Asimismo, aclaró Díaz que también “fueron provistos los vehículos requeridos por la provincia para el desplazamiento de sus funcionarios en el ámbito de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, para localización y entrevista de testigos residentes en estas zonas”. Del mismo modo, concluyó el funcionario, “se hicieron traslados desde y hacia la ciudad de Córdoba en numerosas oportunidades, e incluso se realizaron traslados desde y hacia el exterior del país”, indicó para refutar la denuncia formulada por Schiaretti.