Poco antes del mediodía, cuando la sensación térmica superaba los 35 grados, un grupo de trabajadores tercerizados cortó las vías del ferrocarril en Avellaneda. El servicio de trenes del Roca se interrumpió. Seis horas después estalló la protesta de usuarios en la estación Constitución. La Guardia de Infantería de la Policía Federal intervino de oficio ante los piedrazos, fogatas, corridas, robos y destrozos. Al anochecer la información oficial daba cuenta de trece heridos –ocho de ellos policías– y treinta y cuatro detenidos. Por orden de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, presentó una denuncia penal contra los ocupantes de las vías, liderados por el Partido Obrero, por haber instigado la medida mientras las negociaciones con Trabajo estaban en marcha. En Gobierno repetían que “las provocaciones van a seguir, potenciadas por la cadena de transmisión televisiva de los desmanes”. Después de las 19 se levantó el corte de vías, pero el transporte de pasajeros recién se reanudó a la madrugada.

La ministra de Seguridad, Nilda Garré, siguió el desarrollo de los incidentes en contacto permanente con la Presidenta. Garré evitó hacer una evaluación pública de los incidentes que atosigaban las pantallas y sólo dejó trascender su “preocupación”. En la Rosada analizaban el crescendo de la protesta como un encadenamiento de demandas insatisfechas acumuladas durante años con el oportunismo político de quienes apuestan al desbande para cosechar. La reiteración de las imágenes de un grupo de jóvenes apedreando la estación, rompiendo vidrios y entrando en bandada a saquear un local de zapatillas atizaba un clima que ya la temperatura tornaba insoportable. Poco después de que los camiones hidrantes de la Federal largaran sus chorros teñidos de azul para marcar a los revoltosos, las agencias de noticias informaron que la Presidenta había postergado para hoy su viaje al Sur.

“Estoy yendo a hacer una denuncia penal al juzgado de Lomas de Zamora (a cargo de Luis Armella) por precisas instrucciones de la Presidenta”, dijo Schiavi, y anunció que “voy a pedir que el juez accione con toda la severidad” porque “hemos hecho lo imposible para tratar de resolver el problema sin violencia”. El corte de las vías en Avellaneda fue decidido por un grupo de tercerizados que reclaman ser efectivizados. Tras el asesinato de Mariano Ferreyra, el 20 de octubre pasado, los militantes del Partido Obrero siguen encabezando esa protesta. En Trabajo detallan que ya entraron mil trabajadores y que el corte de vías ahora se decidió por la situación de sesenta personas (ver página 4). “El Partido Obrero, con su estrategia de pudrir todo, de cuanto peor mejor, aprovecha el énfasis mediático para azuzar y alimentar el caos”, despotricaba un funcionario mientras hilvanaba la sucesión de Villa Soldati-Club Albariño-Retiro-Constitución.

Como resultado de las corridas, en la División Roca de la Policía Federal quedaron 19 detenidos a cargo del juzgado correccional Número 12 y otros 15 en la Comisaría 16ª a cargo del juez correccional Luis Pigni. Ocho policías fueron internados con distintas heridas en el Hospital Churruca. El titular del SAME, Alberto Crescenti, informó que entre los civiles el caso de mayor gravedad es el de un hombre de 60 años con traumatismo de cráneo, internado en el Hospital Argerich. En el mismo sanatorio quedó alojada una mujer de 66 años atendida por golpes y una crisis nerviosa.

En el Hospital Penna eran atendidos por traumatismos en miembros inferiores tres hombres de 18, 22 y 51 años.

La policía comunicó que incautó cachiporras, dos mochilas con aerosoles, piedras, navajas, botellas rotas y caños. Los desmanes empezaron cuando un grupo de jóvenes levantó las persianas de la estación y entró a romper lo que se cruzaba. Si el grupo actuó en forma espontánea o aprovechó el caldo de cultivo del malestar de los usuarios, la cercanía de la Navidad y el calor para potenciar el estallido es materia de investigación.

En Gobierno descreen de la espontaneidad de la sucesión de protestas violentas de las últimas semanas. Las balas que hirieron a cuatro gendarmes que custodiaban un predio de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), en Lanús, es el episodio que más preocupó a Garré. Llamó la atención especialmente porque nada había cambiado en una actividad que desde hace tiempo realizaban los gendarmes sin problemas. Sumado a eso recuerdan que el domingo a la noche los supuestos vecinos del Club Albariño les tiraron combustible a las fuerzas de seguridad que perimetraron el predio ocupado. “Las provocaciones van a seguir. Ahora estos tipos por izquierda tratan de rapiñar algo. Cortar las vías del tren es terminar de irritar a las clases medias, medias-bajas”, advierten.

La decisión política, ratificada por la ministra Garré, de contener la protesta social sin apelar a la represión violenta es desafiada en las últimas semanas por la proliferación de ocupaciones de predios públicos y privados. En Seguridad destacan el alineamiento de las fuerzas de seguridad, que han respetado la orden de no apelar a la fuerza a pesar de las agresiones. En ese campo, gran parte de la oposición política intenta sacar partido con discursos que añoran la mano dura como solución.

La prevención de los estallidos, la contención y la necesidad de armar un ministerio se conjugan en el nuevo trabajo que le encomendó la Presidenta a Garré. “La sensibilidad está a flor de piel y la corporación mediática entra en cadena ante el menor disturbio social. Convierten la protesta social por la dura realidad que padece una población abandonada por el Gobierno de la Ciudad en una acción de desgaste para el gobierno nacional”, analizan en un escenario atizado por la puja electoral.