El gobierno porteño había sido advertido de que se iban a producir tomas de tierras en la Villa 31 de Retiro, más de un mes antes de que se produjeran. Y ante un pedido de la Justicia para que tome medidas para evitarlo, no hizo nada. Así quedó en evidencia ayer, en la audiencia en la que el juez porteño Roberto Gallardo convocó a funcionarios del Gobierno de la Ciudad para que explicaran qué hicieron para prevenir la toma. Gallardo, al término del encuentro, aseguró que cuenta con “elementos documentales” para vincular a funcionarios de “organismos centralizados y descentralizados de la ciudad” con los líderes de las tomas en territorio porteño. “Tenemos documentación que acredita aportes de dinero a cooperativas manejadas por punteros que, en los procesos electorales que se están realizando en las villas, participan de listas afines al PRO”, afirmó el magistrado.

La denuncia coincide con la formulada el miércoles por vecinos de la Villa 31, que vincularon a uno de los prófugos por la toma del Club Albariño, Regino Abel Acevedo, con otra toma en ese barrio. Acevedo es un dirigente barrial que se presenta en una lista que adhiere al PRO y suele atribuirse vinculación con la Corporación Buenos Aires Sur en ese territorio.

Acevedo tiene un pedido de captura formulado por el juez Daniel Rafecas, quien investiga las tomas en los terrenos de la calle 14, en la Villa 31 y en el Club Albariño, en Villa Lugano, dos predios pertenecientes al Estado nacional. Testimonios de vecinos lo señalan como instigador de la toma en Albariño. Gallardo adelantó que el lunes elevará la documentación que logre reunir respecto de ese dirigente y de otros al juez Rafecas. Entre los elementos con los que contaría el juez se encuentran testimonios sobre una reunión en el bar El Ombú, en el barrio de Flores, que habrían mantenido el dirigente Miguel Angel Rodríguez, conocido como “El Comandante”, con algunos de los punteros que participaron en las tomas.

Tras las declaraciones de Gallardo, el coordinador del Programa de Urbanización de la Villa 31, Martín Bochkezanian, aseguró que “no hay ningún funcionario del Gobierno de la Ciudad involucrado en la toma de tierras” en ese barrio.

Gallardo explicó a Página/12 que el 25 de octubre último firmó una resolución en la que le ordenaba al Gobierno de la Ciudad que “en un plazo de diez días presente un plan para prevenir las tomas territoriales en la villa, dado que se contaba con elementos informativos de que podía producirse un episodio de ese tipo”. El gobierno porteño fue notificado el 1º de noviembre, pero “desde entonces lo único que hizo fue apelar”. La toma se produjo el 12 de diciembre.

El juez convocó ayer a los funcionarios porteños a una audiencia. Concurrieron el ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, y el procurador de la Ciudad, Ramiro Monner Sanz. También asistieron la titular de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, Rocío Sánchez Andía; el interventor judicial en la villa, Javier Fernández Castro, y delegados del barrio electos recientemente.

Santilli argumentó que por ser un terreno del Estado nacional, la Ciudad no tiene atribuciones para intervenir en el lugar. “El gobierno no puede desconocer el problema estructural que existe allí en materia habitacional”, replicó Gallardo.

Ante el reclamo de vecinos porque los trabajos en la villa se asignan discrecionalmente a cooperativas afines al gobierno, Santilli se comprometió a revisar esa situación.

Fernández Castro, autor del proyecto de urbanización de la Villa 31, comentó a este diario que “se habían detectado pequeñas ocupaciones en calles, que hacían prever una ocupación mayor de terrenos”.

–El aumento de población en la villa, ¿obedece a un crecimiento vegetativo o a la llegada de nuevos habitantes? –le preguntó este diario.

–El problema principal es la existencia de un mercado inmobiliario informal, que en algunos casos, de personas que tienen su casa y una piecita para alquilar, es justificable, pero en otros, que tienen veinte piezas o más, hace que lleguen permanentemente gente de paso, que paga lo mismo que se cobra por un ambiente en el mercado formal. Otra causa es el desglose de familias: hijos que tienen hijos y se hacinan en una vivienda. Ambos pueden participar de una toma.

–¿Qué propone la intervención para resolver este problema?

–Hasta que no se arranque con la urbanización no se puede evitar. Propusimos hacer un censo de ocupantes, que ya se hizo, y cruzar los datos. Las personas que ya están censadas van a entrar en el plan , pero las nuevas no pueden tener una solución dentro del programa.