El dirigente peronista Milcíades Peña y el de la Coalición Cívica Facundo Di Filippo denunciaron penalmente al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, por presuntas coimas y asociación ilícita. Lo hicieron a raíz del encarecimiento y del riesgo ambiental en las obras del canal aliviador del arroyo Maldonado que lleva adelante una constructora italiana asociada a la de Angelo Calcaterra, primo hermano de Macri. Los dirigentes opositores acumularon un total de diez cargos sobre la cabeza del líder de PRO, de Calcaterra, del ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, del apoderado del Grupo Macri, Leonardo Maffioli, y de otros trece funcionarios del Gobierno de la Ciudad. “Es el más grave hecho de corrupción administrativa y ambiental de la patética gestión Macri”, afirmó Peña.

La obra, que se inició en la época de Aníbal Ibarra y continuó en la de Jorge Telerman, busca resolver el problema de las inundaciones sobre Palermo y Villa Crespo e implica la construcción de dos túneles paralelos al arroyo. En la denuncia penal, los dos ex legisladores señalaron que “a partir del apartamiento de directivas legales de obra, se persiguió lograr el inmediato incremento del precio propuesto y aprobado, a expensas de generar un daño ambiental irreparable”. También advirtieron que la adjudicataria está “ligada económicamente a Macri”.

Oscuro como túnel

Los denunciantes recordaron que, antes de empezar la obra, la constructora admitió que no podía hacerla en los costos estimados y empezó a sumar adicionales, que superarían los 30 millones de dólares. Se trata de la compañía Ghella, que está asociada con Iecsa, una empresa del clan Macri. Franco Macri se desprendió de esa constructora, que ahora dirige Calcaterra, el primo hermano del jefe de Gobierno.

Di Filippo y Peña habían hecho su primera presentación judicial a raíz de que Macri modificó el pliego aprobado por la Legislatura en 2005 de manera inconsulta. Según señalaron, en la Legislatura se habían fijado parámetros específicos para los túneles porque existía el riesgo de contaminar el acuífero Puelche, una reserva que les brinda agua a diversas localidades bonaerenses y santafesinas y que se usa también para los bidones de los dispenser utilizados en muchas oficinas porteñas. En el pliego original, se fijó una profundidad de 31 metros y un diámetro de 14. Para acelerar la obra, la empresa hizo la perforación a 55 metros de profundidad y con un diámetro de 40.

En julio de 2009, el juez Juan Vicente Cataldo frenó la perforación porque concluyó que “la modificación propuesta es de importancia” y podía derivar en un riesgo de contaminación del acuífero. Advirtió que el estudio de impacto ambiental fue aprobado “en un solo día por más de un organismo”, indicó que la modificación del pliego no quedó registrada en ningún acto administrativo y que “contradice una ley y un decreto”.

El gobierno porteño apeló y la Cámara en lo Contencioso Administrativo confirmó el fallo en contra en diciembre de 2009. “Nos encontramos ante una modificación contractual, que naturalmente implicará un sobrecosto para el gobierno porteño, y dicha erogación adicional impactará sobre los recursos públicos. El mayor valor de la obra se calcula en 36.875.472 pesos”, estimó la camarista Mabel Daniele. Sin embargo, la gestión PRO no acató ninguno de los fallos y siguió adelante. Por ese motivo, Peña ya presentó otra denuncia penal contra Macri.

Los camaristas exigieron que la modificación del pliego quedara registrada en un acto administrativo. La gestión PRO optó por utilizar una addenda contractual que tiene como fecha el 11 de agosto de 2009, pero se registró recién en noviembre de ese año. Peña señaló que, según la Constitución porteña, el jefe de Gobierno “debe registrar todos los contratos dentro de los diez días de suscriptos”, y advirtió que nunca fue publicada en el Boletín Oficial.

Los denunciantes también cuestionaron al director de la obra, Eduardo Samuel Cohen. “La defensa de los sobreprecios que hace este funcionario público en sus diversas intervenciones lo convierte en un verdadero abogado de los intereses del contratista”, afirmaron. Además, señalaron que en el Boletín Oficial se lo menciona como “ingeniero civil”, lo que es un requisito de la obra, cuando “en realidad es ingeniero eléctrico”. Peña recordó que Cohen “no es otro que el que controló los planos truchos de la obra electromecánica de Cromañón, cuando era director de instalaciones eléctricas del Gobierno de la Ciudad”. El padre de una de las víctimas del incendio del boliche de Once, José Iglesias, es el abogado patrocinante de la denuncia penal contra Macri.

Pozo sin fondo

La presentación judicial revisa estas y otras irregularidades en la licitación y en la ejecución de la obra, y acumula sobre Macri una serie de presuntos delitos: tráfico de influencias y cohecho, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, violación de los deberes del funcionario público, abuso de autoridad, violación de sellos y documentos, usurpación de títulos (por el director de la obra), falsedad de los informes de impacto ambiental, estrago ambiental, adulteración de aguas y asociación ilícita, “toda vez que se observan distintos delitos, todos organizados desde las más altas esferas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y tendientes al mismo fin de encarecimiento de una obra pública”.

Por todos esos cargos, los dirigentes opositores imputaron a Macri, a Chain, a Calcaterra, a Maffioli, al subsecretario de Obras Públicas, Sergio Agostinelli, al ex director general de Obras de Ingeniería, Roberto Walter Klix, al director de obra Cohen, a la ex presidenta de la Agencia de Protección Ambiental Graciela Gérola, además de otros nueve funcionarios PRO. La denuncia se presentó a fin de año, el 29 de diciembre de 2010, ante la Cámara Criminal y Correccional, fue sorteada y recayó en el juzgado de instrucción 39, a cargo de Ernesto Botto, quien también investiga las irregularidades en la licitación del mobiliario urbano.

Peña también denunció la de- saparición de “160 fojas del expediente que, una vez reclamadas, fueron devueltas con la grosería de enviar duplicadas dos fojas”. Cuando obtuvieron el folio faltante, descubrieron que se trataba de un pedido del contratista para cobrar adicionales, que había sido denegado. Los denunciantes acusan al gobierno porteño de haber permitido a la constructora ofertar un precio menor a las competidoras y luego reclamar sobreprecios.

A esto sumaron el caso de una curiosa transferencia de fondos del Estado a la empresa privada: el legislador ibarrista Eduardo Epszteyn había presentado una cautelar por la falta de un seguro ambiental en la excavación. A raíz de esto, la constructora debió contratar un seguro que se le vencía el 21 de agosto de 2010. Luego, la compañía se negó a renovarlo ya que “son costos adicionales excesivos”. En su lugar, lo pagó el gobierno porteño. “Macri tiene la clara tesitura de poner el Estado al servicio de los negocios privados”, sostuvo Peña ante Página/12. “Es un manejo de la patria contratista. El mismo empeño que tiene por desfinanciar las políticas sociales lo pone para financiar a los grupos económicos de los que es parte –acusó el dirigente–. Y aquí ha mostrado un desapego de las leyes, por lo que aspiro a ver algunos funcionarios tras las rejas.”