El juez en lo penal económico Alejandro Catania citó para mañana a las 12 a Ricardo Palazón, director del aeródromo de Morón. El funcionario, que es un civil, declarará en condición de testigo, es decir que por ahora no está acusado de ningún delito. Como anticipó en exclusiva Página/12 , el juez y su secretario letrado, Martín Castellanos, determinaron que el Bombardier Challenger que pilotearon los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá y Matías Miret no estuvo en ningún hangar en Morón sino directamente en una de las plataformas. Por lo tanto, el magistrado le preguntará a Palazón cómo fue exactamente la mecánica, quiénes se acercaron a la aeronave, qué posibilidades hubo de que se haya cargado la cocaína allí y, sobre todo, qué control existió sobre las dos entradas al aeródromo. En principio, la responsabilidad en los temas de seguridad de Morón estaba en manos de la Fuerza Aérea, razón por la cual allí no existe una dependencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Más allá de estas primeras declaraciones judiciales, el juez Catania está esperando los datos claves que deberán ser aportados, sí o sí, por los investigadores de la Justicia de Barcelona y por la Guardia Civil: cómo estaba escondida la droga en el avión y dónde se cargó.

Palazón es un funcionario de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que desplazó a la Fuerza Aérea del manejo del tráfico de aviones en el país. La Argentina era sólo una de las tres naciones del mundo en que los militares seguían a cargo de la administración aérea civil, pero en 2007 Néstor Kirchner firmó el decreto por el que se creó la ANAC. Sin embargo, hay controversias sobre la situación de Morón. Por un lado, sigue siendo una base aérea pero, por otro, es sede de escuelas de aviación, simuladores aéreos y movimientos de aviones privados. Quienes vuelan frecuentemente desde Morón sostienen que, al menos en el terreno de la seguridad, las decisiones quedaban en poder de la Fuerza Aérea.

El juez Catania y el secretario Castellanos hicieron una inspección ocular de la base aérea durante la tarde del martes. Allí constataron que el avión no entraba a los hangares y que estuvo desde el 6 de noviembre y hasta el 30 de diciembre casi permanentemente en una plataforma, una especie de playón, de Morón. También el magistrado verificó los accesos, con muy poco control, tanto por la puerta principal como por una puerta lateral. En la testimonial de mañana se le preguntará a Palazón sobre todo el funcionamiento de la base, los movimientos que fueron percibidos respecto del avión y las posibilidades de que la cocaína haya sido cargada en Morón, ya sea de día o de noche.

En cierta forma, en el juzgado consideran todas estas medidas casi preliminares, más bien de estudio del cuadro general. Sucede que falta la definición primordial: si la droga salió o no de la Argentina. “No tenemos evidencias categóricas de una hipótesis o de la otra. Y de nada sirve especular. Si se cargó en la Argentina, hay que investigar cómo llegó la cocaína al país y dónde se subió al avión. En segunda instancia, si hubo cumplimiento o incumplimiento en los controles. Caso contrario, si la droga se cargó en Cabo Verde, la investigación será muy distinta”, dicen cerca del juez. Como señaló este diario hace más de una semana, Catania libró un exhorto a España pidiendo datos sobre la computadora de a bordo y sobre la forma en que iba escondida la cocaína. Los informes que existen hasta ahora sólo mencionan una frase que no define demasiado: “debajo de unos cajones”. El exhorto fue cursado a través de Cancillería, que informó que los pedidos del juez se entregaron en España el viernes pasado.

Los hijos de los brigadieres aparecen severamente involucrados porque fueron sorprendidos con los 944 kilos en el avión: casi una tonelada no puede haber pasado inadvertida para ninguno de los tres tripulantes de la aeronave. Pero además –lo que también fue un adelanto de Página/12–, los tres pilotos registraban un vuelo al aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra: Matías Miret no estuvo a la ida, pero sí a la vuelta. Y dos de los pasajeros, el colombiano Wilson Díaz Vélez y el argentino Daniel Amitrano aparecen investigados como proveedores de cocaína de la organización en la que Angie Sanclemente, la modelo colombiana, actuó como supervisora. En la actualidad, Miret, a través de su familia, les echa la culpa de la operación de narcotráfico a los hermanos Juliá y sostiene que no sabía nada: ni la clase de pasajeros que hubo en el vuelo Buenos Aires-Viru Viru-Buenos Aires ni los 944 que se transportaban hacia Barcelona.

También este diario reveló que la investigación española sindica como participante de la operación de narcotráfico al piloto Miguel Fonrouge. En una entrevista publicada por La Nación, éste también deslindó responsabilidades alegando que los Juliá le usaron los datos para traer el avión a la Argentina. También en este aspecto lo que se espera es que lleguen los informes pedidos por el juzgado a su par barcelonés.