Cuando todavía no está resuelta la presentación judicial contra el decreto que autorizaba al Poder Ejecutivo a establecer aumentos en las tarifas de los servicios públicos, el presidente Eduardo Duhalde firmó un nuevo decreto que permite las anunciadas subas de entre el 7,2 por ciento para el gas y el 9 por ciento para la electricidad. Se trata de un capítulo más de la puja entre las privatizadas, el Gobierno y los organismos de defensa de usuarios y consumidores que parece de antemano destinado a engordar expedientes judiciales. En el ínterin, el Ejecutivo aparece cumpliendo las demandas de los organismos financieros internacionales, es decir aumentando las tarifas, cuando en realidad, tanto en Economía como en la Jefatura de Gabinete reconocen, off the record, que la iniciativa está destinada a su impugnación judicial.
En línea con lo anunciado, el decreto número 146/2002 –firmado ayer por Duhalde, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, y el ministro de Economía, Roberto Lavagna– establece la prometida reestructuración tarifaria “en forma transitoria y hasta tanto concluya el proceso de renegociación” de los contratos de las compañías. También especifica que los ajustes “deben ser tomados en consideración al momento de la finalización de las renegociación” que estará a cargo de la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos.
En lo que se refiere a los montos de los incrementos tarifarios que deberán pagar los usuarios, la nueva norma repite los ajustes ya dispuestos en noviembre y que fueran impugnados por el Poder Judicial. A su vez, también se contempla la vigencia de una tarifa social para los usuarios de menores consumos.
En declaraciones a la televisión brasileña, Lavagna confirmó que las subas serán del 7,2 por ciento para el gas, en la luz del 9 por ciento, “en telefonía móvil un poco más y eso es lo que está a la vista para el resto de los sectores”. Implícitamente, esto significa que se prevén en el corto plazo aumentos en todos los servicios públicos. Al ser consultado sobre si a estos ajustes le seguirían otros antes de que finalice la gestión del actual gobierno, el ministro evitó las definiciones. “No es seguro, pero diría que no queda mucho más tiempo hasta el final de este mandato”, concluyó.
Mientras algunas fuentes gubernamentales insistieron en que descontaban que el decreto sería frenado en la Justicia, los más formales continuaron repitiendo los argumentos a favor de los aumentos. El principal fue la tarifa social, según la cual alrededor del 40 por ciento de los usuarios con consumos mínimos no se verán alcanzados por los ajustes. Se trata de aquellos cuyos gastos se encuentran por debajo de los 300 kilowatts mensuales en el caso de la electricidad y los 500 metros cúbicos anuales de gas. Según definió Duhalde días atrás, para los restantes sectores tampoco será tan grave. Para el Presidente las facturas de los usuarios residenciales sólo subirán en valores de 1,5 a 2,2 pesos por mes.
En tanto, desde algunas consultoras cercanas al Gobierno o a las privatizadas se minimizaron los efectos macroeconómicos de los ajustes. En especial, sobre la evolución de la inflación. Así el impacto sería del 1,2 por ciento para el Indice de Precios al Consumidor y en torno del 1 por ciento en los precios mayoristas. Además se hizo hincapié en que “el impacto” sería “por única vez”, algo que no se desprende de las declaraciones de los funcionarios que prevén una seguidilla de incrementos.
El tercer argumento, además de la tarifa social y bajo impacto inflacionario, fue el de “la necesidad de preservar la continuidad y calidad del servicio”. Según la visión extrema del jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, hasta los propios sindicatos que agrupan a los trabajadores de las privatizadas serían partidarios de los ajustes, ya que de esta manera se garantizaría la fuente laboral. Esta lógica es equivalente a decir que los empleados municipales, por ejemplo –gremio alque representaba el funcionario–, deberían ser partidarios de los aumentos de impuestos o tasas.
Sobre la continuidad del servicio, alcanza con decir que resulta de escasa legitimidad que los usuarios deban hacerse cargo de las deudas externas de las privatizadas, luego de que estas firmas sacasen del país 9000 millones de dólares durante los ‘90. En este punto, existen diversos trabajos académicos que demuestran que, tras la devaluación, las privatizadas mantuvieron resultados operativos positivos. Además, el análisis de las cuentas empresarias para justificar otros niveles tarifarios constituye una deuda pendiente de la actual administración. Deuda que podría haberse saldado si se hubiesen respetado los semiabortados mecanismos de renegociación de contratos.
Como quiera que sea, las organizaciones de usuarios y consumidores se aprestan a dar la batalla judicial. Tanto la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, como el ombusman nacional Eduardo Mondino ya presentaron impugnaciones al artilugio judicial de anular, mediante un decreto de necesidad y urgencia, los artículos de la Ley de Emergencia Económica que impedían los ajustes de tarifas. Si a esto se suman los antecedentes de diciembre pasado, cuando el Poder Judicial rechazó un decreto de similares características al firmado ayer, el probable resultado final es que las subas se queden en el amague. Esta realidad fue reconocida a este diario por funcionarios gubernamentales. Desde esta óptica, los nuevos decretos serían un gesto, para ser visto por algunos observadores del exterior, de que “el Gobierno quiere aumentar las tarifas pero no lo dejan”.