MARTIN SCHORR*.
“Es un ajuste ilegal”

“Sigue siendo ilegal que se intente una suba de tarifas sin que antes finalice el proceso de renegociación de los contratos. Es también ilegal porque un decreto no puede cambiar el espíritu de una ley, como la de Emergencia Económica, que prohibía la indexación y obligaba a una renegociación. Esta circunstancia no cambia, ni siquiera, tomando en cuenta el decreto 120, de hace unos días, en el cual el Gobierno se otorgó facultades extraordinarias para cambiar las reglas de juego. Además, y si se aplican los aumentos, ¿qué pasará si después de las audiencias públicas se determinan bajas de las tarifas? ¿Sería posible revertir las modificaciones? La ley obliga a revisar la actuación de las empresas durante la década del 90 y está claro que muchas de ellas se beneficiaron con ganancias extra por seguir la inflación estadounidense cuando en la Argentina había deflación. Por este medio, las compañías embolsaron 9000 millones de pesos-dólares de manera ilegal. Este dinero debería reembolsarse a los consumidores, pero es muy difícil que ello ocurra en caso de que se clausure el tema tarifario y el Estado da lugar a nuevas subas. Por otro lado, creo que es injustificado que las empresas privatizadas reclamen aumentos de tarifas. Revisé los balances y están dando ganancias operativas. Si pierden dinero es por una cuestión financiera originada por sus deudas en el exterior, muchas de ellas con sus propias casas matrices. Con la decisión del gobierno de Eduardo Duhalde no caben dudas de que los consumidores son los que, finalmente, se terminan haciendo cargo de las deudas de las compañías.”

* Economista de Flacso



JORGE CERMESONI*.
“Impugnar ante la Justicia”

“Nuestra posición es clara. Ya impugnamos ante la Justicia decisiones del Gobierno en el mismo sentido que ahora. Que no quepan dudas de que volveremos a intentar parar una suba de las tarifas de los servicios públicos. Lo haremos no bien conozcamos los detalles del nuevo decreto y podamos tomar una decisión definitiva. Hay que ser muy cuidadosos para ser eficaces en la demanda. Por ejemplo, tomar en cuenta la magnitud de la tarifa social que estará excluida de los aumentos. En el caso de la electricidad, un tope de 300 kilowats mensuales para no tener incrementos es un nivel muy escaso para algunas zonas del país, como el sur. También hay que tener en cuenta que, hasta ahora, las empresas no pudieron justificar seriamente los aumentos que vinieron reclamando y que el Gobierno les otorga. Este es un punto muy importante: es muy difícil considerar si es justo o no una decisión como ésta si antes no contamos con la información necesaria y transparente. Lo que sí queda claro es que, con la decisión de anoche, el Gobierno está violando una decisión judicial de no aumentar las tarifas previa. Y eso es grave. El procedimiento legal para cambiar las tarifas es muy claro: debe haber audiencias públicas donde se expliciten las razones de las empresas, de los usuarios y del propio Gobierno. Pero no debe existir una decisión unilateral como la que vemos ahora. Es completamente ilegal e injusto. Mañana (por hoy) a primera hora estaremos analizando el nuevo estado de cosas, y que no queden dudas de que actuaremos en favor de los usuarios, otra vez.”

* Adjunto de la Defensoría del Pueblo