La ministra de Seguridad, Nilda Garré, sostuvo ayer que aunque “no hay seguridad, si bien los últimos datos hacen pensar cada vez más que la droga pudo haber sido cargada en la Argentina”, respecto de la cocaína secuestrada en el aeropuerto de Barcelona. El diagnóstico se corresponde con los análisis que hizo Garré en las últimas dos semanas y que tienen que ver con lo que ayer llamó “controles relajados” producto de la transferencia de los aeropuertos de manos militares a civiles. Por ejemplo, en la Base Aérea de Morón no está claro quién debió controlar los movimientos alrededor del Bombardier Challenger que llevó la cocaína a España. Anoche, el jefe de la Fuerza Aérea, Normando Constantino, aceptó el pedido de relevo que le presentó el comodoro Jorge Ayerdi, quien pocas horas antes había declarado en la causa judicial como jefe de la Base Aérea de Morón. Ayer pidió dar un paso al costado para no obstaculizar la investigación y seguramente para no constituirse en un problema para su hermano, el brigadier mayor Marcelo Ayerdi, comandante de Adiestramiento y Alistamiento. Según aseguraban anoche fuentes de la Fuerza Aérea, el comodoro será trasladado a otro puesto “con buen concepto”.

En el juzgado en lo Penal Económico que está a cargo de Alejandro Catania no recibieron información de Barcelona sobre el lugar de embarque de la droga y siguen manteniendo abiertas las dos hipótesis: Morón o Cabo Verde. Siguiendo los dichos de Garré, da la impresión de que la carga se hizo en Morón y por eso resultaba de interés para el juez Catania y su secretario letrado, Martín Castellano, escuchar al responsable de la base, Ayerdi. Este sostuvo que la Fuerza Aérea transfirió a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) seis lugares importantes: la pista, las plataformas, los hangares, el puesto de entrada conocido como Punto Charlie, la torre de control y la oficina de planes de vuelos. De hecho, entonces, Ayerdi sugirió que quien se debió dar cuenta de que estaban subiendo la cocaína al avión es la ANAC, porque el aparato estaba estacionado en una plataforma. Desde la ANAC han dicho que no tienen poder de policía y que la clave está en las entradas a la Base controladas por la Fuerza Aérea. Allí, por lo que suponen, los dos Juliá, Gustavo y Eduardo, y Matías Miret, “carnetearon”, es decir que hicieron valer sus apellidos para que nadie les revise nada. De comprobarse el diagnóstico de Garré, Ayerdi quedaría en una situación delicada y es obvio que la pesquisa lo tendría en el centro. Por ello, pidió ser relevado del mando de la Base y que se lo traslade. El jefe de la fuerza estuvo de acuerdo, hubo una consulta con el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, y al terminar la jornada se emitió un comunicado oficial.

Hace 15 días, la ministra Garré adelantó que se redactaría un nuevo protocolo sobre el control de aviones que despegan hacia determinados destinos. Eso ya indicaba que Garré percibía agujeros en la seguridad por los que se colaron los hijos de los brigadieres. El texto del nuevo protocolo fue encomendado a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que, según adelantó la ministra, extenderá su jurisdicción a aeropuertos en los que hasta ahora no tenía el poder de policía. “La PSA controla 35 aeropuertos en el país, pero hay otros en los que no está, como Morón –explicó Garré a Radio Continental, en el programa de Víctor Hugo Morales–. Este esquema tiene que cambiar porque el delincuente, cuando ve aeropuertos en los que no está la PSA u otra fuerza de seguridad, es ahí donde va a tratar de cometer delitos.”

Garré dijo que la Justicia será la encargada de analizar si hubo algún tipo de protección de integrantes de la Fuerza Aérea para con los hijos de los brigadieres Juliá y Miret. “He visto funcionar esto y, a veces, ante situaciones de personas que les han hecho mucho mal a esas instituciones, se mantiene una cosa de protección, a pesar de todo. Es una protección sobre ellos y sobre sus grupos familiares, en vez de optar por el camino de la ley y de una depuración profunda.”

Desde un primer momento, Garré percibió las fallas en los controles producto de una indefinición en las facultades de cada fuerza e institución. En Morón parece nítido: la Fuerza Aérea sostiene que la ANAC debió percibir cualquier movimiento porque el Bombardier estaba en una plataforma, al aire libre, mientras que la ANAC sugiere que el control de todo lo que ingresa a la Base debe ser vigilado por la Fuerza Aérea que es la que maneja las entradas a la Base. En Ezeiza, por su parte, tampoco queda claro quién debió revisar el avión, sobre todo teniendo en cuenta que estaba a cargo de los Juliá, que tienen una causa judicial referida a maniobras con vuelos del PAMI. Además, la empresa Medical Jet registraba un vuelo anterior a Santa Cruz de la Sierra con personas investigadas como proveedoras de cocaína. La transferencia de la aviación civil de manos militares a manos civiles es lo que produjo, según dijo ayer la ministra, “el relajamiento de ciertos controles”.

Más allá de ese diagnóstico, en el juzgado de Catania, ni el juez ni su secretario letrado Martín Castellano, recibieron todavía la información desde España sobre el lugar de embarque de la cocaína. “Lo primero es eso. Si no sabemos dónde se cargó la droga, si no sabemos qué delito se cometió en la Argentina, estamos haciendo especulaciones. Y lo concreto es que hasta ahora esa información no llegó. Las hipótesis siguen abiertas”, razonan cerca del juez.

Hubo un punto de acuerdo entre la Fuerza Aérea y la ANAC. En el juzgado dijeron que ninguna de las dos instituciones tiene facultades ni capacidad para revisar carga, algo que debe hacer la Aduana. Por esa razón, el juzgado tiene decidido citar a los empleados de la Aduana que estaban de turno en Ezeiza cuando el vuelo partió hacia Cabo Verde. Esos aduaneros tendrán que explicar cómo es la modalidad de revisión de los aviones que salen del país. En el formulario correspondiente, los Juliá y Miret declararon que no llevaban carga. El juez quiere saber cómo actúa la Aduana en esos casos.

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