Luego de que el diario Río Negro, el de mayor circulación del norte de la Patagonia, denunciara un intento de soborno que involucraba al gobernador de Neuquén Jorge Sobisch, la administración provincial decidió a modo de represalia el levantamiento de la publicidad oficial. Aunque Río Negro representa el 80 por ciento de la venta de diarios en la provincia de Neuquén, el insólito argumento gubernamental fue que se trataba de “un diario de otra provincia”. La respuesta de Sobisch constituye un peligroso intento de controlar a los medios de comunicación y a los periodistas favoreciendo a los adictos y castigando a los independientes. También de disposición de los fondos públicos como si se tratase de fortunas privadas. Río Negro interpuso un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, que tiene ahora la última palabra.
Durante todo 2002 el gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, encontró resistencias en la legislatura provincial para concretar uno de sus anhelos, el nombramiento de hombres de confianza en el Superior Tribunal de Justicia, donde habían quedado vacantes tres de las 7 plazas. Para solucionar la persistente negativa de los legisladores, el gobernador comisionó a su principal operador, el diputado Osvaldo Ferreyra, para que se abocara a la delicada tarea de tejer alianzas entre el partido oficial –el Movimiento Popular Neuquino (MPN), al frente del Ejecutivo provincial desde hace 40 años– y los legisladores opositores. Ferreyra no tardó en sumar a los menemistas del bloque justicialista, pero la situación entró pronto en un punto muerto. Faltaba un legislador para conseguir quórum propio a falta del que la oposición negaba. Así, cuando el diputado radical Jorge Taylor anunció su intención de abandonar el bloque de la Alianza para sumarse a las huestes de Ricardo López Murphy, no tardó en ser contactado por Ferreyra. Fue entonces, según cuenta él mismo, cuando Taylor escuchó la cifra: 640 mil pesos, parte en efectivo (lecops para no dejar rastros) y parte en un crédito del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo. La contraprestación de Taylor podía limitarse a dar quórum. “Con que usted se siente alcanza. Si quiere hasta puede votar en contra”, le dijo Ferreyra a Taylor. Hablaba, claro, de la aprobación de la terna de jueces propuesta por Sobisch.
Hasta aquí no se trataría más que de una de las tradicionales formas de lograr consensos políticos, no sólo en los feudos provinciales. Pero una decisión alteraría el orden natural de las cosas. Advertido de lo que se le ofrecía, Taylor optó por romper los códigos no escritos de la política. En vez de aceptar la coima, decidió denunciarla. Para ello recurrió al auxilio de grabaciones telefónicas y cámaras ocultas. El resultado fue que entre el sábado 7 y el lunes 9 de diciembre de 2002, el diario Río Negro publicó las desgrabaciones de los diálogos entre Taylor, Ferreyra y Sobisch que descubrían la maniobra.
El destape generó un escándalo de proporciones y la contraofensiva del gobierno neuquino no se hizo esperar. El primer paso fue un frustrado intento de invertir la carga de la prueba culpando a Taylor de presionar para la obtención del crédito. Luego se culpó al mensajero: el diario Río Negro fue acusado de impulsar una campaña contra el MPN. A la disputa se agregó la exacerbación de los localismos regionales y la “campaña” pasó a ser de “la prensa rionegrina contra los neuquinos”. Los escuderos del gobernador Sobish no ahorraron amenazas: “Lo único que han conseguido es despertar a la bestia”, “vamos a responder piña por piña” y “no nos busquen porque nos van a encontrar”, fueron apenas una muestra de lo que se escuchó de funcionarios de alto rango. La pelea llegó también al Poder Judicial. A fines de diciembre la fiscalía pidió la indagatoria de Ferreyra por el presunto delito de cohecho y dejó sentado el papel desempeñado por Sobisch “como promotor del acercamiento” con Taylor. La represalia contra el Río Negro llegó en forma concreta los últimos días de diciembre, cuando el gobierno de Sobisch ordenó la cancelación de toda la publicidad oficial de la provincia del Neuquén. Fue entonces cuando el empresario Julio Ramos, uno de los dueños de “La Mañana del Sur”, publicación que con escasos resultados compite con el Río Negro desde principios de los ‘90, se sumó a la campaña. Lo hizo a través de un furibundo editorial en el que se reforzaban los argumentos localistas y se acusaba al Río Negro y su director, Julio Rajneri, de integrar un eje del mal con el grupo Clarín. El objetivo sería obtener papel a bajo costo y conseguir financiamiento. Una prueba de ello, indicó el editorial, sería que el Río Negro no informó sobre la clínica de empresas endeudadas creada por decreto a fines de diciembre y que favorecería a Clarín y La Nación. La realidad, quizá, esté en otro lado. El principal beneficiario de la exclusión de la publicidad oficial del Río Negro fue La Mañana del Sur, donde además de Julio Ramos, tendría puestas sus fichas el gobernador Sobish. En Neuquén, fuentes calificadas dijeron a Página/12 que, desde hace pocos días, La Mañana tendría como nuevos socios al grupo Vila-Moneta.
Los números grafican la disputa con mayor precisión. En la primera quincena de diciembre se habían pautado 791 centímetros de publicidad oficial en el Río Negro y 894 en La Mañana. En la segunda mitad del mes, luego de las noticias sobre el intento de soborno, se pautaron 72 centímetros en el primero y 1224 en el diario del que participa Ramos.
El Río Negro no sólo es el diario de mayor circulación del norte de la Patagonia, sino que en Neuquén representa cerca del 80 por ciento de las ventas de diarios, incluidos los nacionales. También que la capital neuquina es la plaza de mayor venta. Además posee varias agencias en las principales localidades de la provincia y 57 empleados directos. El argumento utilizado por la administración Sobish para justificar el manejo arbitrario de la publicidad oficial –que se trata de una “publicación de otra provincia”– parece tener escaso asidero en la realidad.
La Editorial Río Negro promovió ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo contra el Poder Ejecutivo de Neuquén con el objeto de que “se le imponga el cese de la arbitraria decisión, en la que se lesionan derechos expresamente consagrados en la Constitución Nacional, al tiempo que se violaron garantías de libertad de expresión establecidas por la Convención Americana de Derechos Humanos”. La defensa de la prensa independiente está ahora en manos del Poder Judicial.