Un año de inhabilitación para conducir lanchas y el pago de 187 mil pesos de indemnización fue la condena que recibió el ex juez federal Víctor Hermes Brusa por haber atropellado y abandonado a un joven en la laguna Setúbal en 1997. Brusa fue destituido en el 2000 por el Consejo de la Magistratura por esta causa, y sobre él pesa un pedido de captura del juez de la Audiencia Española, Baltasar Garzón.
La resolución del juez correccional de la séptima nominación Raúl Candioti también impuso a Brusa una pena de “mil pesos de multa y un año de inhabilitación especial como conductor o timonel de yate motor de embarcaciones deportivas”, por considerarlo “autor penalmente responsable del delito de lesiones culposas, previsto en el artículo 94 del Código Penal”. El hecho había ocurrido el 8 de noviembre de 1997 cuando el entonces magistrado federal embistió a Miguel Pedernera, que entrenaba para convertirse en guardavidas, y abandonó el lugar sin asistirlo. Brusa argumentó en su momento que la “lancha blanca” que atropelló al nadador no era suya y que el “hombre canoso” que la manejaba tampoco era él. Pedernera salvó su vida gracias al auxilio de dos instructores que lo seguían en una piragua y que fueron testigos directos de lo sucedido.
En su fallo, Candioti expresó que Pedernera “fue chocado frontalmente por la embarcación” blanca con dos líneas laterales rojas, que “pasó por arriba de su cuerpo y era conducida en forma imprudente” por Brusa. El magistrado atribuyó el accidente a “la velocidad con que desaprensivamente lo hacía, sin advertir la presencia del nadante ni de la piragua que lo acompañaba”. Y señaló que el condenado miraba “únicamente en dirección a la costa este, no observando lo que ocurría delante de su marcha”, y que por ello no vio a la víctima, “pese a las múltiples y variadas advertencias de Carlos Dodera y Ricardo Martín, quienes le gritaban fuertemente, realizando señas”. El magistrado remarcó que el nadador “sufrió lesiones que revistieron carácter grave con peligro de vida”.
El hecho derivó en su destitución como juez federal de la ciudad de Santa Fe, aunque los consejeros de la Magistratura también tuvieron en cuenta una causa por cobro de honorarios al PAMI, delegación Rosario, y su participación en interrogatorios bajo tortura durante la dictadura. Como las denuncias en su contra por violaciones a los derechos humanos ya existían cuando fue nombrado, no podían destituirlo con esa causa en forma explícita. Pero su actitud en el caso del nadador fue considerada como una continuidad de su conducta reprochable durante la dictadura.
El juez federal Baltasar Garzón había pedido la extradición de Brusa al acusarlo de genocidio, terrorismo y torturas. El ex juez estuvo prófugo, luego se entregó, estuvo preso y finalmente fue liberado. La Justicia argentina rechazó la extradición, pero el fiscal federal Eduardo Freiler formuló una denuncia por los mismos hechos y derivó la parte correspondiente a la Justicia de Santa Fe. Varios sobrevivientes de campos de concentración de esa provincia testimoniaron que Brusa participaba en sesiones de tortura.